La política de shock en materia de precios energéticos llegó a su fin. Preocupado por la inflación y el impacto social, el Ministerio de Economía tomó el control de los aumentos y abrazó el gradualismo para aplicar las subas que faltan tanto en combustibles como en tarifas de gas y electricidad.

Este jueves vencía la prórroga dicatada por Sergio Massa para no tener que aplicar una fuerte suba de impuestos a los combustibles en plena campaña presidencial. Se trató de una herramienta a la que acudió la administración anterior desde mediados del 2021 para las elecciones legislativas de aquel año y se mantuvo durante toda la segunda etapa de Gobierno.

De esta manera, el 1 de febrero se debía aplicar un ajuste del 377% en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), lo que hubiera significado un traslado a precios del surtidor del 9% en promedio para todo el país, pero con picos del 15% para algunas regiones en el caso de la nafta.

“Con el fin de iniciar un proceso de regularización de los referidos incrementos remanentes, resulta razonable diferir parcialmente sus efectos, de manera tal que los incrementos derivados de todas las actualizaciones surtan efectos conforme a un cronograma de gradualidad”, indicó el decreto publicado en el Boletín Oficial.

La decisión de Caputo fue trasladar seis de los nueve trimestres que se adeudaban (los últimos dos del 2021 y los cuatro del 2022) y diferir el resto en los próximos meses. El primer y segundo trimestre del 2023 se trasladarán el primero de marzo, el tercer trimestre el 1 de abril  y el último trimestre del 2023 se aplicará el 1 de mayo.

Algo que no figura en el decreto, pero que indefectiblemente sucederá es el vencimiento del primer trimestre del 2024 que por ley debe aplicarse el 1 de junio. Así, serán cinco meses consecutivos con ajustes impositivos en materia de combustible.

Se trata de un tributo de gran importancia para las arcas del Tesoro. Por la política de congelamiento y prórrogas, en 2023 el Estado se perdió de recaudar el equivalente a casi 3.000 millones de dólares. Ahora, en tanto, una recomposición total hubiera significado un incremento de los ingresos del 0,5% del PBI. Si tenemos en cuenta que el plan presentado por el Palacio de Hacienda se proponía a recaudar unos 2 puntos más del PBI este año, el ajuste en el tributo a los combustibles representa ni más ni menos que un 25% de ese incremento.

Al sacrificar ingresos fiscales con tal de no acelerar la inflación, el Gobierno también decidió suspender, al menos momentáneamente, el sendero de aumento del barril a export parity. Lo cierto es que el mercado está desregulado desde hace muchos años, pero los precios se conversan con las empresas y el Estado suele fijar condiciones a través de YPF, que maneja casi el 60% del mercado.

Eso hizo que, en vez de una suba del 15% como se esperaba en un mix entre componente impositivo y suba del barril criollo, el alza se haya acotado apenas a un 6%. Ya a lo largo del próximo trimestre, como la suba por impuestos tendría un impacto en surtidora de entre el 1,5% y 2% mensual, se volverían a permitir aumentos a las petroleras para llegar a valores internacionales y dar “una correcta señal de inversión”, como dicen en la Secretaría de Energía.

En materia tarifaria también se decidió cambiar del shock al gradualismo. En vez de modificar los cuadros del gas este jueves como estaba previsto, finalmente la decisión quedará postergada y se le dará prioridad al aumento de electricidad. No obstante, esta suba no será plena sino que se mantendrá el esquema de segmentación de Sergio Massa durante algunos meses más. En términos prácticos, eso significa un impacto mucho menor ya que alrededor del 70% de la población paga menos de un 10% del costo de la electricidad.