Marcos Galperín -fundador y CEO de Mercado Libre- eligió radicarse en Uruguay, una vez que abandonó su país de origen: Argentina. Poco tiempo después de instalarse en la vecina orilla, el empresario compartió en Twitter un decálogo de lo que más le atraía de Uruguay. El punto 7 era -y seguramente siga siendo- la tranquilidad que el país le brindaba para proyectar la inversión y planificar el futuro del imperio que construyó de cero.  

Sin lugar a dudas, la valoración que Galperín hace no es para nada extraña, especialmente pensando en un empresario exitoso. De alguna forma, el CEO de Mercado Libre con su mudanza deja ver lo que sucede cuando los países son inestables, no por cuestiones externas e impredecibles, sino por incapacidad, corrupción y costumbre: los que cimentan, invierten su dinero y pagan sus impuestos, se van. Huyen. 

Huyen de la inestabilidad política porque la inestabilidad política provoca inseguridad jurídica. 

Desde el punto de vista formal, la seguridad jurídica es un principio universal del derecho, que se basa en la “certeza del derecho”. La palabra seguridad, en tanto, es de origen latín y deriva del adjetivo secura, que significa “estar seguros de algo y libres de cuidados”. 

En conclusión, la seguridad jurídica es la garantía que el Estado le da -o le debería dar- al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados y que, si esto pasara, le serían asegurados por la sociedad, la protección y reparación de aquellos.  

Hasta aquí todo parece tener sentido. Sin embargo, el problema surge cuando este principio, de carácter universal, es vulnerado y la seguridad jurídica se ve tan dañada, que puede terminar desapareciendo.  

Nadie elige vivir en un lugar del que no puede salir. El capital, en tanto, va donde lo cuidan, donde lo valoran y lo protegen. De la misma manera, se va de donde no lo cuidan, lo atacan, lo expropian, lo acusan y lo ahuyentan. Por eso, cuando hay inseguridad jurídica, los capitales -es decir, las personas que invierten, que construyen y producen- se van tan rápido como pueden.  

¿Les suena familiar esta situación? Probablemente sí, porque lo vemos todos los días. Argentina, un país que por sus recursos naturales, por su ubicación geográfica, por tamaño y por capacidad de su gente podría ser una potencia, ve cómo -cada vez más- sus vecinos son países elegidos para producir, exportar y vivir. ¿La explicación? En gran parte es la misma que dio Galperín a su decisión, el “punto 7”: la estabilidad política, que deviene en seguridad jurídica.  

Estados Unidos, Panamá, España o Portugal son solo algunos ejemplos de los países más elegidos por los empresarios que quieren invertir o por las familias que deciden mudarse, en busca de mayor seguridad para sus patrimonios. 

Sucede que, en general, en Latinoamérica, las condiciones varían de un extremo al otro, de acuerdo con el signo político del gobierno de turno. Así, reaparece el concepto expuesto anteriormente: la inestabilidad política provoca inseguridad jurídica. 

 Pasa en Argentina. Pasa en Ecuador. Pasa ahora también en Chile. En Perú. En Colombia. Pasó (y puede volver a pasar) en Brasil. Ni hablemos de Venezuela.  

Cada uno de estos países, cuando son gobernados por izquierdas populistas -que defienden la falsa idea de la redistribución de la riqueza a costa de excesivos pagos de impuestos por parte de familias con riqueza y empresas exitosas- se convierten en inmensos sitios carcelarios, donde los individuos prácticamente viven para pagar hipotéticas condenas: son señalados como culpables de la ineptitud de los gobiernos para administrar sus recursos y son sometidos a la gran presión fiscal. 

Entonces, entran en un camino sin fin: el de pagar cada vez más. Un camino que lejos de conducirlos a mejores condiciones de vida, los obliga a replantearse todo, incluso si vale la pena seguir invirtiendo, seguir trabajando y seguir aportando a la construcción de nuevos puestos de trabajo y nuevas empresas.  

¿La salida es la de Galperín? Seguramente sea la más rápida. La otra es más desgastante: entender que se necesita reducir la presión fiscal y asegurar los derechos jurídicos para que los que pueden invertir, inviertan, den trabajo, alienten a otras empresas a invertir. Se resume en una palabra: seguridad. Nada (bueno) se puede construir sin ella.