El Ministerio de Economía pegó un golpe de timón a último momento y suspendió los aumentos de tarifas y del impuesto a los combustibles que tenía previsto aplicar en mayo. Según el propio Luis Caputo, se priorizó “bajar la inflación y no cargar con más gastos de momento a la clase media porque estamos cómodos en lo fiscal”, algo que determinadas consultoras económicas ponen en duda.

“Que la medida tiene impacto fiscal es innegable. Las tarifas son un pilar fundamental del proceso de consolidación fiscal y es lo más sustentable que tenés para recortar gastos. Porque la licuación de jubilaciones llegó a su fin, las deudas que acumulaste las vas a tener que pagar y en algún momento vas a tener que hacer algo de obra pública. Entonces terminan posponiendo el recorte de gastos más sustentable”, afirmó Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma. 

En el mismo sentido se viene expresando el FMI desde hace varios meses al advertir que el ajuste tiene que mejorar en “calidad” y no en “cantidad” para que las jubilaciones no caigan “desproporcionadamente”. Para el organismo internacional, es clave aplicar un recorte de subsidios energéticos equivalente al 0,7% del PBI, es decir, reducirlos a casi la mitad del peso que tuvieron en 2023.

El problema es que, si bien el aumento de tarifas fue muy fuerte, gran parte correspondió al sólo hecho de volver al punto de partida previo a la devaluación de diciembre. En otras palabras, al ser un servicio dolarizado, el efecto de cada salto cambiario implica un aumento de tarifas que no reduce subsidios. 

Es más, el intervalo entre que se devaluó y la entrada en vigencia de los nuevos cuadros tarifarios -que fue de dos meses en el caso de la luz y de cuatro meses en el gas- hizo que se incremente el gasto del estado. Eso no quedó reflejado en los números fiscales anunciados porque se eligió entrar en deuda con las distribuidoras eléctricas y productoras de gas, pero como reconoció el mismo Javier Milei, en el mes de junio debería computarse.

“Puede ser que tengan superávit financiero en abril y mayo, pero hay que ver si les alcanza para compensar el déficit que van a tener en el segundo semestre y sobre todo en el último trimestre del año”, agregó Caamaño, en diálogo con Forbes. 

Un factor que será determinante para constatar la existencia de esta “holgura fiscal” será la aprobación de la Ley Bases en el Senado que incluye una serie de recomposiciones impositivas como Ganancias o eventuales ingresos por blanqueo o privatizaciones.

No obstante, para Martín Kalos, director de Epyca Consultores, también hay que considerar la reducción por bienes personales que incorpora el mencionado proyecto de ley, lo que puede neutralizar el resultado final. 

“La Ley Bases te da ganancias, pero eso se compensa por no cobrar bienes personales. Van a tener que recurrir a otras cosas para sostener el superávit. Sobre todo, porque la recaudación es menor a la esperada debido a la recesión. Esta caída los obliga a generar otras fuentes de ahorro. Se pueden dar el lujo de posponer aumento de tarifas unos meses, pero están jugando con la sustentabilidad de mediano plazo para tener un mejor resultado de inflación en el corto plazo”, indicó a este medio. 

Otra de las variables a tener en cuenta es la duración de esta medida. Si se posterga solamente por un mes, como se dijo respecto al impuesto a los combustibles líquidos, o si se mantiene en el tiempo. Para tener referencia, el congelamiento de Alberto Fernández implicó una pérdida de ingresos por este concepto de 4.800 millones de dólares en tres años (1,5% del PBI) y 2.500 millones solamente en 2023.

Por el lado de tarifas, el mayor golpe fiscal estaría dado por el gas natural al entrar en la temporada de consumo más alto a raíz de las bajas temperaturas. El porcentaje de subsidios en el precio del gas que pagan los sectores de bajos ingresos (N2) saltaría al 83%, en ingresos medios (N3) al 75% y en ingresos altos, que estaban pagando el precio pleno, al 36%. 

La cobertura sería incluso mayor en el segmento eléctrico, donde los N2 y N3 pasarían a tener subsidiado un 97% y 96% del precio de la luz, respectivamente, mientras que los N1 (altos ingresos), empezarían a recibir un subsidio por el 27% del costo de abastecimiento del MW/h.

“Las variables de costos se están moviendo lento por la baja de la inflación y la estabilidad del tipo de cambio. Eso hace que, si esto es de corto plazo, no tenga un impacto tan significativo en términos de atraso relativo”, subrayó María Castiglioni, de C&T.

Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI, también tiene una mirada más optimista y confía que, junto al impulso recaudatorio de la Ley Bases, llegará un refuerzo por la liquidación de la cosecha y una reactivación de la actividad económica.

“Yo creo que hay dos diagonales. Una en baja por la recesión (menos recaudación) y por la postergación de baja de subsidios. Pero esa se cruza con otra diagonal que va en alza porque habrá mejora en la recaudación por el paquete fiscal, porque desde junio se prevé el inicio del rebote de la economía, y porque desde mayo entra la mejor recaudación de retenciones. Entiendo que la apuesta del gobierno es que ambas se crucen y se neutralicen”, manifestó.