El impacto del incremento de tarifas por la política de segmentación ya empieza a reflejarse fuertemente en las cuentas públicas. Según los datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), el primer semestre acumuló un recorte de subsidios al gas y la electricidad de 1.577 millones de dólares respecto al mismo período del 2022.
Curiosamente, todo el recorte se explica por el sector eléctrico con 1.858 millones de dólares, mientras que los subsidios al gas se incrementan en 280 millones a partir de los planes de estímulo a la producción local.
Para la consultora Aurum Valores, esto representa una caída de 0,7 puntos porcentuales del PBI en el acumulado de los últimos 12 meses para pasar del 2,5% en junio del 2022 al 1,7% actual. “Los datos mensuales muestran que, aunque hubo mejoras en el último año, aún queda mucho trabajo para volver a niveles como los que se habían logrado hacia comienzos de 2020”, sostienen en relación al nivel del 1% del PBI registrado en marzo de ese año.
En términos históricos, los peores resultados de la última década se observaron en agosto del 2014 con un porcentaje de subsidios energéticos sobre el PBI del 2,9%, que se redujo a 2,3% en diciembre del 2015 antes del ajuste de Macri, volvió a subir al 2,6% un año más tarde por el efecto de los precios internacionales, y llegó a un piso en junio del 2018.
“El año pasado, a fin del 2022, el gasto en subsidios económicos llegó a ser el 2,6% del PBI. Ahora podríamos decir que está habiendo una desaceleración que se explica por la baja del precio del GNL teniendo presente que el año pasado te voló el precio por la invasión de Rusia a Ucrania. Para el resto del año, a medida que se habilite el gasoducto vas a tener que importar menos GNL, menos gas de Bolivia y menos gasoil y fuel oil. Con lo cual, la balanza comercial te mejora y los subsidios también”, subrayó a Forbes Fernando Marengo, economista en jefe de Black Toro.
Desde la consultora Anker Latinoamérica, aseguran que la baja real “en la zona del 27%”, “refleja el impacto de la segmentación tarifaria” y proyectan una caída mayor a raíz de que “desde mayo se está pagando la tarifa plena en un segmento de la población”.
Sin embargo, la obligación de reforzar este ajuste en uno de los canales que el FMI más presiona para recortar, exige una revisión de la política tarifaria. Tarea que, posiblemente, le quedará al próximo Gobierno.
“Hay que tener en cuenta que la segmentación ha generado complejidades porque la tarifa plena solo rige para una porción de los usuarios que no calificaron para recibir subsidios. Hay otra porción muy significativa que sigue pagando una tarifa muy baja en relación al costo. Con lo cual, el desafío va a ser un ajuste tarifario más significativo para sectores de menores ingresos. Es un rubro del gasto que necesariamente va a tener que ser parte de la corrección fiscal el año que viene, pero no va a ser fácil”, dice el director de la firma, Martín Vauthier.
Las estimaciones de esta consultora prevén un 2023 en torno al 1,5%, dentro de los límites marcados por el FMI. Es decir, unos 9.000 millones de dólares. “Si el FMI obliga a ajustar más a cambio de un nuevo programa y la rehabilitación de los desembolsos, esto puede profundizarse”, coincide José Siaba Serrate.
No obstante, Fernando Marengo considera que el escenario no será tan desafiante dado que la entrada en operación del gasoducto “a potencia máxima, va a bajarte el costo promedio del gas y, aun manteniendo la política actual de tarifas, vas a tener un recorte importante en el gasto fiscal de subsidios”.