En sólo cinco días hábiles, los funcionarios laborales de la cartera que conduce Claudio Omar Moroni homologaron tres procedimientos de crisis de la industria autopartista que contó con la aprobación del sindicato de la actividad, SMATA, que dirige Ricardo Alberto Pignanelli.
Escucharon las razones presentadas por los dirigentes empresarios para avenirse a un recurso que permite suspensiones y detener la producción en algunos turnos antes que ingresar a una convocatoria de acreedores de la compañía o tener que realizar despidos de trabajadores calificados.
El Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) es un recurso contemplado por la Ley de Empleo 24.013 que permite a las empresas suspender o despedir personal ante una disminución del trabajo por fuerza mayor o por causas no imputables al empleador. En la práctica habitual se trata de una negociación entre la empresa, el sindicato y el Gobierno antes de aplicar despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor.
Exactamente ese es el espíritu de lo que ha sucedido en las últimas semanas donde las oficinas de Callao al 100 del Ministerio de Trabajo han sido mudos testigos de una gran cantidad de negociaciones en ese sentido sin importar si las empresas involucradas son grandes, medianas o chicas o de capitales nacionales o son filiales de una compañía extranjera.
El convenio homologado en las últimas horas involucra a la empresa Mar Maquinarias S.A. y la RESOL-2019-2162-APN-SECT#MPYT la habilita a suspender personal. Se trata de una compañía especializada en motocicletas presente en el mercado desde el año 1991 y, según expresan en su página web, "con destacada actuación entre los años 1995 y 2002, como representante de Hyundai Precision & Ind. Co. de Corea". Además, representa a la japonesa SUZUKI MOTOR CO, LTD, desde el año 2006.
A pesar de estas importantes cartas comerciales, de cerrar acuerdos con autopartistas de China y de ofrecer créditos a través del Banco Nación, el cepo y la crisis financiera del país han llevado a la empresa a presentarse al Procedimiento. Un ejemplo más de lo que ha sucedido con otras dos importantes empresas del sector.
El pasado 19 de Julio se homologaron los acuerdos de las empresas Del Torto S.A. y Faureccia Argentina.
Con más de 70 años de experiencia, Del Torto S.A. se presentó ante las autoridades del Ministerio de Trabajo para manifestar que se encuentra atravesando una profunda crisis financiera y económica por la que solicita una audiencia con los representantes gremiales, también del sindicato de mecánicos y afines del transporte automotor, que, indudablemente, deberían pernoctar cerca de la sede de la cartera laboral de Callao al 100, ante la gran cantidad de demandas por reuniones para acordar suspensiones.
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La empresa fundada por Domingo Del Torto en 1946 se dedica al remanufacturado de cigüeñales, turbinas y ejes de hasta 4,20 metros de largo y fabrican piezas especiales. Tanta dedicación a lo largo del tiempo no ha podido evitar que deban recurrir a una audiencia laboral para pasar este mal momento financiero que ahoga las posibilidades de todo el rubro autopartista.
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El caso de Faurecia Sistema de Escape Argentina S.A. requirió de dos acuerdos directos con SMATA para acordar las suspensiones de los trabajadores que operan en la empresa. Un mal momento que seguramente no fue previsto hace doce años cuando, bajo la administración de Cristina Fernández, la firma Faurecia, de capitales franceses, invertíó u$s14 millones en una nueva planta en la localidad de Malvinas Argentinas para producir interiores de automóviles, desde paneles de puerta hasta consolas e instrumentos que destinaba a abastecer el mercado local de las terminales de las automotrices General Motors, Renault y Ford.
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El caso de Faurecia no es menor porque se trata de una compañía global de capitales franceses que está presente en numerosos mercados y que suele trabajar para Volkswagen como quedó registrado, recientemente, en la investigación de la Justicia Federal que lleva adelante el juez Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona por el fantasmal vuelo de un avión venezolano-iraní de carga, repleto de tripulantes, algunos de ellos bajo investigación por ser posibles integrantes de organizaciones que fomentan el terrorismo islámico.
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El vuelo observado por la Justicia Federal y que ha sido rastreado por la inteligencia occidental trajo, en principio, asientos y paneles para el modelo Taos, un SUV que la empresa Volkswagen fabrica en Argentina. La autopartista Faurecia/SAS produce los asientos del modelo y, a su vez, otros proveedores fabrican apoyacabezas y fundas.
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La autopartista de origen galo importa componentes y utilizó una empresa logística, la suiza Fracht, cuyos voceros aseguraron, a su vez, haber subcontratado a la mexicana Aerocharter México, quien podría haber pactado el servicio del polémico vuelo repleto de venezolanos e iraníes sospechosos de utilizar estos servicios como una "fachada" para realizar operaciones de contrabando o transferencia de conocimientos.
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Pero más allá de las vicisitudes de este caso particular, la regla general de los últimos meses para el sector autopartista, es la de ingresar a los Procedimientos de Crisis laborales como ocurrió previamente en los casos de la empresa japonesa Yazaki o la experta en insumos para el agro, Agrale.
En este último caso, la producción se restringió hasta fin de año. Además, la empresa avisó a sus proveedores que no está en condiciones de programar su producción para los próximos meses, por lo cual paralizó la compra de piezas para sus vehículos. Como culpable de esta decisión, la empresa hizo referencia a la Comunicación 7532 del Banco Central, oficializada el 27 de junio pasado, que les impide realizar pagos al exterior, incluso de aquella mercadería ya recibida en las plantas productivas, y afirmó que por esa normativa, "la posibilidad de realizar pagos al exterior se ha visto fuertemente impactada, incluso para realizar pagos correspondientes a importaciones que ya han sido recibidas en la planta productiva, y con fecha de pago vencida".
Agrale, fabricante de camiones y chasis para colectivos, aviso a sus proveedores que frenen las entregas hasta fin de año y Yazaki, una autopartista japonesa radicada en Escobar, cuyo principal cliente es Toyota, ya comunicó a sus proveedores de Brasil, que deberá interrumpir o retrasar los pagos por las restricciones impuestas por el Banco Central.
Las consecuencias para la actividad y el empleo de estas decisiones adoptadas por las compañías del sector industrial, impactan en otras empresas más chicas porque se trata de una cadena de valor donde los proveedores se conectan unos a otros y suelen operar en conjunto. Si existe un círculo virtuoso de la actividad, todas crecen pero si la mayoría concurren a las oficinas laborales para declararse en crisis se produce un escenario negativo que implica más recesión y baja de la productividad.
