Se cumplen 40 años desde el retorno a la democracia, la alternancia a través del voto es la norma, y ese es un motivo para festejar. Sin embargo, el festejo queda otra vez empañado por la irresponsabilidad del gobierno que se fue de forzar el corto plazo hasta niveles grotescos de vaciamiento del BCRA buscando entrar a un ballotage contra un candidato que abiertamente recomendaba huir del peso. “Jamás, jamás en pesos, el peso es excremento”, fue la respuesta que el entonces candidato Javier Milei dio días antes de la elección del 22 de octubre, frente a la pregunta “qué le recomendaría a alguien que tenga que renovar un plazo fijo”.

Como suele ocurrir, la estrategia de competir contra “el miedo” en mitad de una escalada en la inflación y/o brusca recesión volvió a fallar con costos altísimos para los argentinos. Le pasó a Angeloz en el 89 cuando la estrategia del radicalismo fue competir contra el Menem de “la revolución productiva y el salariazo” y no contra el Cafiero del peronismo renovador. Para esto, se adelantó la elección de diciembre a mayo con un balance del Banco Central quebrado, buscando anclar la inflación y el dólar con el Plan Primavera que chocó cuando Menem subió en las encuestas y la corrida contra el Austral derivó en una hiperinflación en medio de la cual se perdió la elección y se tuvo que anticipar la transición. Y también le pasó a Macri en el 2019, cuando la estrategia de competir contra Cristina con la cuenta capital abierta y un programa fiscal y monetario extremadamente rígido con el FMI viró en la fórmula Fernández-Fernández que aglutinó detrás el peronismo y se terminó convirtiendo en un boomerang que coordinó la corrida contra el peso después del rotundo resultado de las PASO de agosto.

Esta vez, el cepo funcionó como amortiguador y el grosero deterioro del balance del BCRA (faltan muchos dólares y sobran muchos pesos que crean pesos en forma endógena) que recibe como herencia Javier Milei no terminó de implosionar. Pero esto se dio a costa de una tasa de inflación que creció en noviembre a un ritmo del 12,8%, de una brecha cambiaria en 170% con un dólar oficial en $ 360 que se mantuvo casi anclado desde agosto pasado con un dólar de exportación en $ 650 (50% al oficial, 50% al CCL), que abasteció la oferta del “contado con liquidación” pero prácticamente cortó los pagos a importadores que acumulan una enorme deuda comercial. Y también de una grosera distorsión de precios relativos: bienes ridículamente caros, tarifas ridículamente baratas, y salarios y jubilaciones que se vienen pulverizando contra la inflación desde que arrancó la crisis en 2018. Detrás, un sistema de precios quebrado en una economía donde los pesos queman en el bolsillo y sostienen la demanda frente a un claro problema de oferta producto de la escasez de dólares que inevitablemente coordina la represión financiera y la brecha.

Como suele ocurrir, el teorema de Baglini que sostiene que “la irresponsabilidad en las propuestas de política es inversamente proporcional a la distancia al gobierno” volvió a operar, y las propuestas de campaña de cerrar el BCRA y/o avanzar a una dolarización sin dólares en una Argentina con un riesgo país de 1.800 puntos básicos se corrieron de la escena. También las de bajar agresivamente la tasa de interés que remunera los pesos y abrir el cepo esperando que el mercado equilibre después de una megalicuación.

El anuncio de un “shock controlado” manteniendo los controles de capitales (salto en el dólar oficial a $ 800 compensado con impuestos “transitorios” para acelerar el cierre fiscal, dólar de exportación en $ 720 y dólar de importación en $ 940) apuntando a licuar parte del excedente de pesos (bajando de facto la tasa de política monetaria y “alentando” la suscripción de deuda del Tesoro) y en simultáneo vía la emisión de un bono en dólares del BCRA a importadores para absorber parte del remanente de pesos apunta a una política monetaria y fiscal en extremo contractiva.

De corto plazo, el ancla cambiaria (crawling al 2%) intenta frenar la escalada inflacionaria coordinada por el shock (en diciembre, el IPC se ubicaría en torno al 28% mensual, para caer en enero y en febrero a la zona del 20/15 mensual y acercarse al dígito en marzo). La magnitud del salto inflacionario y su moderación dependerá de la escalada distributiva detrás, de la capacidad para sostener la promesa fiscal y de la tolerancia de la política y la sociedad a la recesión que esto va a coordinar. 

En algún momento (más temprano que tarde), se debe mutar a un programa monetario que incluya un programa fiscal (que no solo esté basado en impuestos extraordinarios, en un nuevo blanqueo y/o en una megalicuación del gasto) y en un programa financiero (que no puede estar basado solo en recircular hacia el Tesoro los pesos acorralados sin perpetuar el perverso status quo del cepo). Programa financiero que ya en 2025 empieza a ser exigente tanto más cuanto más “exitoso” sea el BCRA en retirar parte del excedente de pesos en manos de importadores con el bono en dólares. Si el ancla es creíble, la remonetización se va a dar y la economía debería rebotar.

A diferencia del déficit cero y crecimiento cero de la cantidad de dinero del segundo programa con el FMI en 2019, hoy la nominalidad de partida y el deterioro de los precios relativos son mucho más complejos. A contramano, el ajuste ocurre echándole la culpa al gobierno que se fue, con controles de capitales y sin una competencia política que derrumbe el programa financiero como ocurrió entonces.

Lo que se necesita de cara hacia adelante es en base a un triángulo, con tres vértices: uno es el programa de estabilización; el segundo, un esquema de reformas que hagan que la estabilización sea duradera, que la consolidación fiscal que requiere la estabilización sea duradera y que apuntale o mejore la productividad sistémica de la Argentina de manera tal que se pueda renovar parte de la protección infinita que tiene la economía; y el tercer vértice es la gobernabilidad, entendida en tres dimensiones: 

- La que no prenda fuego en la calle cuando se intente la estabilización y las reformas;

- La que permite pasar por el Congreso las leyes que requiere un país federal, donde el Senado está manejado por los gobernadores y la Corte Suprema no anule los cambios;

- Y, fundamental, la que permite alargar el horizonte de las decisiones. Que el próximo gobierno no dé marcha atrás con lo que está intentando el anterior y que

las reformas sean duraderas.

Mirando la campaña y al Javier Milei candidato, se podría pensar que tenía poco de los tres vértices: no tiene gobernabilidad, no tiene un programa de estabiliza ción (la dolarización no se sostenía) ni un esquema de reforma demasiado claro, más allá de la enumeración verborrágica. A una semana de asumido el gobierno y a poco más de un mes del resultado definitivo, pareciera que empieza a completar los tres vértices.

Empieza con un esquema de estabilización, que puede gustar más o menos, pero no es ni lo que planteaba Emilio Ocampo en términos de ir a un fideicomiso que no se iba a hacer ni a un mini Plan Bonex, ni sacar lo controles de capitales y soltar las variables; no digo bajando la tasa de interés de 250% que proponía Carlos Rodríguez, sino que es un esquema de “shock controlado”. Y con un esquema monetario extraordinariamente contractivo por el manejo de la tasa de interés con controles de capitales, pero bien por debajo del shock inflacionario que se provoca y por el esquema del programa financiero que se plantea, que “incentiva” a los bancos a salir de instrumentos del Banco Central, a deuda del Tesoro, que se supone que va a funcionar para después controlar los pesos y tener equilibrio financiero.

A priori, es un programa fiscal y monetario muy contractivo en un esquema donde, de corto plazo, el ancla es cambiaria.

Hay incertidumbres de corto y mediano plazo. De corto plazo, si efectivamente el Banco Central sigue comprando dólares como ocurrió en los primeros días después de anunciar las medidas y qué pasa con la dinámica distributiva detrás de esto. O sea, qué pasa con las demandas salariales o de recomposición de ingresos frente al violento shock de precios que hay. Se ve un reacomodamiento de precios muy violento donde nadie sabe muy bien dónde va a quedar la demanda. Hay mucha incertidumbre sobre cuál es la dinámica de la demanda detrás de eso.

En cuanto a los otros dos vértices, en el mediano plazo la pregunta es si el esquema de anclaje cambiario no se sostiene puede mutar hacia un programa monetario que tenga una consolidación fiscal que no solo esté basada en impuestos extraordinarios y en una situación del gasto que no le sostenga, efectivamente, cuáles son las reformas estructurales en las cuales va a avanzar. Y cuál es la gobernabilidad detrás de esto. Hay muchos signos } de pregunta de corto plazo, pero fundamentalmente sobre que esté basado en un programa fiscal de corto plazo y en un programa financiero de corto plazo. Mi sensación es que todavía no queda claro cuál es el programa financiero de cara a 2025, cuando vence deuda en dólares de mercado y cuando también empieza a vencer parte de este endeudamiento del Banco Central.

El esquema de reformas que apuntale la competitividad sistémica, la consolidación fiscal verdadera y el esquema de gobernabilidad detrás (sin ningún intento de coordinar una política de ingresos) son las dos patas que hacen falta para que el programa funcione. El esquema que se plantea luce mucho más sensato que el discurso de campaña. Sin embargo, cómo se coordinan las tres patas del triángulo –la estabilización, las reformas y la gobernabilidad– no es trivial.

La gobernabilidad requiere narrativa de lo que pasó, de la actualidad y también de lo que va a venir. La narrativa de gobierno es una parte esencial de la viabilidad política necesaria para afrontar situaciones críticas. La comunicación política ayuda a construir legitimidad en la ciudadanía, los medios y los dirigentes. Pasado y presente quedaron sintetizados en el mensaje grabado por el ministro Caputo: nunca se atacó la causa de los problemas económicos, el déficit fiscal (pasado); estamos administrando la peor herencia de la historia contemporánea (presente). Sin embargo, no se comprometió aún futuro alguno. Falta avizorar un futuro cercano, uno que justifique el esfuerzo de quienes vivirán sin ingresos suficientes para adquirir bienes y servicios indispensables, y para aquellos que acostumbraban a conseguirlos y ahorrar y que aún saliendo bien enfrentarán en los próximos meses un aumento en el desempleo.

Ese futuro no le da 35 años al presidente para que Argentina se parezca a Alemania. La luna de miel de 100 días se ha convertido en una evaluación más ansiosa que tolerante, al punto que una hora y pico de demora en la emisión de las primeras medidas económicas del gobierno ya generó malestar periodístico en medios que venían “haciendo el aguante a Milei”. La paciencia de los argentinos fue agotada por otros gobiernos, sin embargo, la velocidad de respuesta exigida estará dada por el impacto en los bolsillos del ajuste y por la justificación aportada por la comunicación política; la gente podrá hacer un esfuerzo mayor por una causa que valga la pena, nadie está dispuesto a sufrir sin causa.

Por último, la casta: para conseguir apoyo parlamentario y territorial de los dirigentes políticos que deberán avalar leyes y tomar en sus distritos medidas de ajuste también es necesaria una narrativa, esa que aún está faltando. Para incorporar a la narrativa un futuro vivible será necesaria una visión de los motores del crecimiento, del despegue económico y un costo compartido.

Demasiado temprano para hacer un pronóstico. Por el bien de todos, ojalá haya menos fricciones de las que aparecen a la vista entre un gabinete en extremo corporativo, una licuación de la capacidad de compra de los ingresos peligrosa frente a un programa muy recesivo e inflacionario de arranque, y las trabas que pareciera están operando a la necesaria agenda de reformas.

Por lo pronto, ya avisaron que no hay reforma laboral, la reforma tributaria es un blanqueo, una moratoria, un aumento en el impuesto a las ganancias y la suba de retenciones transitorias mientras la política de exenciones tributarias se sostiene (el régimen de Tierra del Fuego sigue intacto, entre otros). Y la reforma previsional solo apunta a desindexar el gasto en jubilaciones y planes sociales mientras se indexan las tarifas de servicios públicos y no se discuten los regímenes de privilegio.

Todo en una sociedad que espera que la economía se encamine “más rápido que inmediatamente”.