El plan de solucionar el déficit fiscal mediante el recorte de la obra pública empieza a toparse con dificultades propias de una realidad más compleja que la esperada. De suspender la reversión del Gasoducto Norte, que está en proceso de licitación, toda la región del NOA podría sufrir desabastecimiento de gas durante el próximo invierno y, además, se abriría la puerta a un conflicto judicial con el Grupo Techint que fue adjudicado para la provisión de los caños. 

Según el futuro ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, “cuando hago un gasoducto con presupuesto nacional, ni ustedes ni yo ni nadie que pagamos impuestos usamos ese gasoducto, si no lo usamos y lo pagamos con impuestos, no resulta lógico”. 

El problema es que, en este caso en particular, no hay tiempo para volver a licitar la obra y dejar que la haga el capital privado. Si la construcción no empieza dentro de un mes, no se llegará a ponerla en marcha para el 1 de agosto del 2024 cuando Bolivia deje de enviar gas en condición ininterrumpible.

A su vez, como el gasoducto tiene un sentido de circulación del norte hacia el sur, no hay forma de reemplazar el gas boliviano con GNL u otro tipo de insumo. Por lo tanto, o se hace la reversión del caño o toda la zona del norte de Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy tendrán serios problemas de suministro.

Otro ingrediente que exacerba el rechazo de La Libertad Avanza para con este proyecto es el sobreprecio del 60% sobre el tope fijado en el pliego de licitación que tuvieron las ofertas recibidas por parte de la UTE Techint-Sacde y BTU. De ahí que el actual Gobierno de Alberto Fernández se haya negado a firmar los contratos para evitar cualquier reclamo legal de la política.

Como había anticipado Forbes, la complejidad del canal importador y la dispersión de precios en la industria de la construcción por faltantes e incertidumbre cambiaria tornaba muy complejo poder licitar una obra.

Aun así, la Secretaría de Energía estaba determinada a avanzar a sabiendas de la urgencia por reemplazar el declino de producción boliviana y confiaba en que el financiamiento en dólares que brindó la CAF blinde las subas por el riesgo cambiario.

La cuestión es que los 540 millones de dólares aportados por el organismo multilateral se convierten al tipo de cambio oficial, mientras que las ofertas para la obra civil tuvieron que contemplar insumos al “contado con liquidación” porque así lo cotizan todos los proveedores. En este marco, la necesidad de recursos que tiene que aportar el Estado se eleva sobre el porcentaje previsto. 

El otro interrogante es el eventual conflicto legal que puede desatarse con el Grupo Techint, que además de participar de la licitación de la obra civil, ya fue adjudicado en el segmento de provisión de caños. Estos contratos no sólo fueron firmados, sino que Tenaris ya está fabricando los tubos en su planta de Valentín Alsina.

En definitiva, Milei comenzaría su Gobierno peleándose con una de las mayores empresas del país, poniendo en riesgo el abastecimiento gasífero de una región entera, desperdiciando un crédito externo de la CAF y dando una señal muy negativa a toda la industria petrolera que prometió beneficiar.

Por el contrario, si decide realizarla tendrá que contradecir su promesa de campaña de frenar la obra pública, con el agravante del sobreprecio que esta conlleva. Un dilema que tendrá que resolver en sus primeros días de gestión o ya no tendrá tiempo de llegar con los trabajos a la fecha necesaria.