El desorden de precios relativos en la economía argentina tornó muy difícil establecer un parámetro de qué nivel de atraso mantienen las tarifas energéticas porque los sueldos también están en la categoría de los más golpeados. Es por eso que su relación histórica como porcentaje del salario refleja mejor el margen que tiene para subir y el limitante del plan económico si no se logra mejorar también los ingresos populares.

La foto de diciembre, antes de que asuma Javier Milei como presidente de los argentinos, muestra que el peso de los servicios energéticos sobre el salario RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores) representa el 3,1% en la categoría de ingresos altos (N1), el 1,2% en ingresos bajos (N2) y el 1,1% en ingresos medios (N3).

Sin embargo, tomando el ingreso mínimo de cada segmento de ingresos, la factura promedio de los servicios públicos de luz y gas en el AMBA tiene un peso de 1,2% para los N1, de 3,6% para los N2 y de 1,6% para los N3, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA.

Para tener referencia de qué significan estos números es necesario repasar su evolución en los últimos 5 años. El pico se observa a comienzos del 2019, antes de que la gestión Macri congele los aumentos por la campaña electoral de aquel año.

En ese entonces, no existía la segmentación tarifaria y todas las categorías tenían un peso sobre los salarios del 5,6% a excepción de los usuarios con Tarifa Social. Desde allí, la caída en términos reales de las tarifas fue abrupta e ininterrumpida hasta la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía.

Ahí se produce un fuerte salto en los ingresos altos para igualar prácticamente el nivel que tenían en 2019, mientras que el resto de los usuarios apenas consiguió mantenerse estable. Al cabo de pocos meses y producto de la espiral inflacionaria, la curva volvió a retomar el sendero bajista en todas las categorías para llegar a los valores actuales.

“La caída en la representación de los servicios energéticos sobre el salario RIPTE responde a tres efectos: por un lado, el congelamiento de las tarifas de gas para todos los usuarios; por otro lado, a aumentos tarifarios en energía eléctrica por debajo de la inflación mensual; y por último al aumento nominal de los salarios”, destaca el informe.

En el segmento eléctrico, desde mayo, se observa una caída real ante igual consumo del 54%, 44% y 45% para los hogares N1, N2 y N3 respectivamente. En el caso del gas, la factura promedio para los usuarios del Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3 cayó en términos reales un 46%, 73% y 69% respecto de la factura pre-segmentación respectivamente.

De esta forma, la cobertura de costos tanto en energía eléctrica como en gas natural representó el 33%. Es decir, que el Estado se hace cargo del 67% del costo de la tarifa con subsidios, aunque se trata de una cifra que queda corta porque no está computado el efecto devaluación.