Hoy, todas las miradas se posan sobre la inauguración del gasoducto y el futuro de Vaca Muerta, e ignoran a un sector que históricamente fue el corazón energético argentino y que en los próximos meses afrontará una decisión crucial para su futuro.

Hay cinco represas hidroeléctricas de la región del Comahue cuyos contratos de concesión privada originados en la era de privatizaciones de los años 90 están a punto de vencer y que representan alrededor del 15% de la demanda de luz de Argentina. Más allá de la urgencia de decidir sobre estos casos puntuales, hay otras tantas centrales cuyos vencimientos empezarán a caer a partir del 2024 y, por lo tanto, es preciso tomar una decisión coherente que contemple un beneficio para el sistema en su conjunto.

Se trata de un sector estratégico porque acapara el segundo lugar en la participación de la matriz eléctrica nacional, es una energía limpia prácticamente sin emisiones de gases de efecto invernadero, tiene el costo más bajo por MW y porque, en las centrales “de punta”, tiene la característica de abastecer los picos de consumo de un modo muy eficiente cuando es la energía más costosa de conseguir. 

Esto se explica por su capacidad de almacenar grandes cantidades de agua en gigantescos embalses y así poder elegir el momento adecuado del día para “turbinarla”, es decir, convertirla en electricidad, lo que suele suceder durante las noches que es cuando la población utiliza la mayor cantidad de artefactos.

En estas tres décadas de concesión, el modelo de gestión privada demostró ser eficiente en la operación y el mantenimiento de las represas, pero no logró impulsar la construcción de nuevas centrales. Principalmente, por el enorme costo de inversión que demandan que debe ser amortizado en varias décadas en un país de mucha incertidumbre a la hora de pretender mantener una tarifa estable en dólares durante tanto tiempo.

En consecuencia, con una potencia instalada que se mantuvo constante en estos 30 años y un crecimiento de la demanda que fue abastecido por usinas termoeléctricas -menos costosas y amortizables en un período más corto-, la participación de las hidroeléctricas en la matriz bajó de casi un 50% a poco más del 20%.

En este marco es que el sector está debatiendo cuál es el mejor mecanismo para revertir este declive, garantizar una operación eficiente y realizar las inversiones necesarias para prolongar la vida útil de muchas unidades que ya se acercan a las cinco décadas de existencia.

Curiosamente, el Gobierno esperó hasta último momento sin convocar a los expertos del sector y sin realizar auditorías para conocer el estado de las represas, y decidió que los activos vuelvan a ser controlados por el Estado mediante la empresa Enarsa. Luego, frente a las críticas de los especialistas por la falta de experiencia de Enarsa y el fuerte cuestionamiento de las provincias del Comahue por haber sido excluidas de la mesa de decisiones, el Ministerio de Economía dio marcha atrás y prorrogó las concesiones por 60 días, con la posibilidad de estirarlas otros dos meses más, lo que dejaría la última palabra al próximo Gobierno. 

“Me parece positivo que no las tome Enarsa el 11 de agosto, que se den un tiempo para ver cómo organizarlo, e incluir a las provincias. Y más que un nuevo Gobierno, sería bueno que un nuevo Parlamento valide por ley lo que se decida hacer, para que no sea de un presidente. Así se hizo entre 1991 y 1993”, explicó a este medio Roberto Fagan, ingeniero eléctrico y consultor especializado en hidroelectricidad.

“Enarsa no está en condiciones técnicas ni económicas, ni tampoco reúne la experiencia para operar ni proyectar y llevar adelante las grandes inversiones que demandará la extensión de vida de centrales de este tipo y magnitud. Tampoco ninguna provincia está en condiciones de afrontar una inversión de esta naturaleza. Son muchos millones de dólares. Durante el plazo de prórroga, se deben realizar auditorías técnicas y legales, incluido el inventario de los reclamos que las partes tengan entre sí”, coincide el ex secretario de Energía y actual presidente del Instituto Mosconi, Jorge Lapeña, quien aclara que las provincias no tienen derecho sobre las presas dado que el propietario es el Estado Nacional.

“Estas centrales fueron ejecutadas por la empresa nacional Hidronor, financiadas con fondos de los bancos de inversión y con fondos aportados por los usuarios de todo el país con impuestos cargados en las tarifas de todos los argentinos. Por lo tanto, no cabe ninguna duda de quién es el propietario”, sostiene. 

Dado este limitante de recursos para encarar las inversiones necesarias, Oscar Medina, consultor energético y ex miembro de Cammesa y el Enre, propone que “lo correcto es hacer una nueva licitación para otra concesión por 30 años, debería seguir siendo operada por el sector privado”.

Por su parte, Roberto Fagan considera que, dado que hay centrales de muy alta renta y otras de muy baja renta, debería impulsarse un fideicomiso para poder costear las obras en todos los casos. “Nuestra propuesta fue que, si se concesionaba, se pongan esas obligaciones al nuevo concesionario. Deberías pensar en un plan progresivo para que el equipamiento eléctrico como generadores, transformadores, turbinas o interruptores, se vayan renovando en un plazo de 15 a 30 años”, indica. 

Esta iniciativa de profesionales de la ex Hidronor, asegura que podrían recaudarse entre 300 y 400 millones de dólares anuales a partir de un cánon sobre la venta bruta de energía que debería destinarse a renovar la vida útil de las represas actuales y construir nuevos aprovechamientos hidroeléctricos.