El nuevo esquema de subsidios tarifarios que se aplicará en los próximos meses va quedando cada vez más claro. En miras a la audiencia pública del próximo 29 de febrero, la Secretaría de Energía publicó una serie de informes que marcan criterios de aplicación y topes de consumo mucho más exigentes que los que rigen en la actualidad.

Uno de los grandes cambios pasa por las condiciones patrimoniales de los usuarios. Mientras que, hasta el momento, los requisitos para quedar dentro de la categoría de altos ingresos que pagan tarifa plena son contar con tres o más inmuebles o tres o más vehículos con una antigüedad menor a cinco años, el nuevo sistema subirá el límite a dos propiedades o un automotor de la misma antigüedad.

El segundo filtro para recibir ayuda del Estado pasa por una comparación entre los ingresos declarados por los miembros de un mismo hogar, según los registros administrativos integrados en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), con el monto total que surgirá del cálculo de una Canasta Básica Energética (CBE). Es decir, el consumo mínimo que el Gobierno considera que debería tener cada familia.

Este volumen de m3 de gas y kwh de electricidad varía en función de la cantidad de integrantes del hogar y su ubicación geográfica. El tamaño del hogar se divide en tres categorías: 1 o 2 personas, 3 o 4 personas y 5 o más personas. En tanto, el territorio nacional se divide en seis biozonas de residencia que van desde muy cálido a muy frío. Así, las zonas cálidas tienen menos m3 de gas asignados, pero más kwh de electricidad y viceversa.

Luego de calcular la CBE, se asegura que esta no representa nunca más de un porcentaje del ingreso del hogar que sería del 10%, como anticipó Forbes en exclusiva. Por ejemplo, si la CBE representa un gasto del 12% de los ingresos de una familia, el Estado pagará ese 2% adicional. No obstante, si el consumo real de ese hogar supera a la CBE, el costo correrá por su cuenta.

De ahí que será clave que las familias se adapten a estos criterios para no destinar una mayor proporción de sus sueldos al pago de energía. Lo complejo es que, en muchos casos, el consumo deberá reducirse drásticamente.

La zona más perjudicada es la Patagonia que, de derogarse la ley de Zonas Frías como pretende el Poder Ejecutivo, deberá bajar su consumo de gas en el orden del 50% al 65%, según la ciudad.

En el AMBA o Córdoba, en cambio, la CBE no exige una baja significativa del consumo de gas, pero sí de electricidad. En la luz, esa caída es mucho más fuerte. Promedia el 37% en relación al consumo publicado en los informes oficiales y llega hasta el 60% en comparación con los 400kwh que otorgaba el esquema ideado por el Gobierno anterior.

En el resto del país, la situación es similar al de la zona centro. Tanto en el NOA como en el NEA como en Cuyo, los volúmenes de gas son incluso más similares al promedio de consumo actual, lo que no exige un esfuerzo mayor. Ya en el plano eléctrico el panorama es más desafiante. El esquema actual de la segmentación contempla un rango de consumo subsidiado de hasta 650 kwh por mes para los usuarios N3 de las 10 provincias del norte. Ahora, en cambio, variará entre 166 y 221 kwh al mes según la biozona. Eso forzó a Salta, que tiene un consumo promedio de 358 kwh al mes, a seguir subsidiando con fondos provinciales una tarifa diferencial por zona cálida en cinco departamentos.  

Santa Fe y Mendoza son otras de las provincias que tendrán que usar mucha menos luz para no pasarse del tope de la CBE. El distrito litoraleño debería consumir un 23% menos y la provincia cordillerana un 31% menos respecto al promedio que usan en la actualidad.