En un año electoral, con el dólar por la nubes y una economía tomada por la incertidumbre, el Gobierno presentó un proyecto de ley mediante el cual busca limitar a las SAS y a las SRL. El Ejecutivo pretende crear un Registro de Emprendedores a cargo del Ministerio de Economía de Sergio Massa y la Secretaría de Desarrollo Productivo, que tendrá la potestad de aceptar o rechazar a quién se considera emprendedor y, por lo tanto, quién puede ser socio de una sociedad.

Desde la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) enfatizan que la nueva ley “obligaría a las Pymes a que vuelvan a registrar su domicilio, sin dejar más opción que contratar un escribano para demostrar su veracidad (a un costo de $ 40.000 por sociedad), y haría que todas las SRL y las SAS del país presenten sus balances ante la IGJ, obligándolas a gastar importantes sumas de dinero en la presentación de este trámite retroactivo”.

En un comunicado, ASEA manifiesta que “es preocupante que el proyecto levante la limitación de responsabilidad de todos los socios y administradores de las SRL y las SAS en el país frente a terceros”. Asimismo, “el proyecto de ley permitiría que el Poder Ejecutivo disuelva cualquier sociedad sin posibilidad de que exista recurso judicial alguno, y confisque todos los bienes de la sociedad”, sin ningún tipo de intervención de un juez.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y de la AFIP, desde la aprobación de la Ley de Emprendedores en 2017, se crearon más de 50 mil empresas bajo la figura de la SAS y se generaron más de 120 mil puestos de trabajo registrados. Además, son las sociedades que tuvieron mayor crecimiento de recaudación fiscal y creación de puestos de trabajo.

“Hay empresas que tienen más de 50 años. No tiene ningún sentido poner una multa de $100.000 por cada Balance no presentado, que podrían implicar en multas más de $5.000.000 a cada Pyme”, sostuvo Carlos Vanney, profesor de la Universidad Austral, y agregó: “El Poder Ejecutivo ya demostró la persecución a empresas no afines en los últimos años. Sin dudas este proyecto será utilizado en el mismo sentido”.

Paralelamente, Ricardo Cony Etchart, profesor de derecho corporativo de la Universidad del Museo Social, sugiere que “crear un registro de emprendedores, y establecer que estos tienen que pedirle autorización al gobierno de turno para emprender, solo contribuye a achicar la cuota de inversión que el país necesita para expandir su economía”.

“Este proyecto supone convalidar un control gubernamental sobre el sector Pyme, de un nivel de intromisión jamás vista hasta ahora y que va actuar, en los hechos, como un brutal desincentivo para la inversión y la creación de trabajo en el país”, agrega.

Manuel Tanoira, socio fundador y parte del equipo de políticas públicas de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), dice que "no termina de entenderse por qué, en el contexto complejo en el que se encuentra el país, se ponen trabas para aquellos que tienen Pymes”.  “Por tres años tuvieron a los emprendedores en vilo, diciéndoles que sus empresas eran ilegales. Ahora suman a las SRL y les dicen que no van a tener más limitación de responsabilidad”.

Alejandro Ramírez, profesor de derecho societario de la Universidad Austral, subrayó que con la SAS, cualquier persona podía abrir una sociedad de manera fácil, sencilla y de forma digital. Sin embargo, “mediante el proyecto de ley y las resoluciones de la IGJ, se  pretende someter a las empresas, y utilizar a la IGJ como arma de persecución contra las Pymes”.

"No sería de extrañar que quieran usar estas facultades como si fuese la ley de desabastecimiento, para perseguir a las Pyme que aumenten precios o con las que el gobierno de turno no sea afín. Este proyecto no solo es una nueva barrera para emprender, significa un enorme retroceso porque agrega discrecionalidad, quita transparencia, suma burocracia e inseguridad jurídica”, completa.

A su vez, el profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, Fernando Perez Hualde, dice que "el proyecto es un ataque al régimen federal, en tanto desconoce la realidad existente en  las provincias en las que las SAS tienen gran aceptación. Somos ajenos a la problemática porteña”. Asimismo, sostuvo, “sorprende que se pretenda aprobar una ley confiscatoria, que permite al Estado quedarse con los bienes de una sociedad en liquidación. En nuestro país, ello no se aplica ni siquiera a las asociaciones”.

Por otro lado, Lisandro Hadad, Director del Departamento de Derecho Empresario de la Universidad Nacional de Rosario, afirma que “la creación de un Registro Nacional de Emprendedores es totalmente inconstitucional. Es inviable que a un emprendedor del interior, un organismo nacional le diga si puede o no emprender. Claramente, rompe con el federalismo de nuestra Constitución".

A Esteban Ortiz Mena, ex superintendente de sociedades de Ecuador, y presidente del Centro de Estudios Societarios para Latinoamérica (CES) le “preocupa ver a Argentina en una discusión tan ajena a la realidad". La SAS es una figura de éxito en todo el mundo. En Uruguay, Ecuador, Colombia, Perú, México, Chile y Paraguay tiene un éxito rotundo. De hecho es la figura recomendada por el Banco Mundial, la OEA, y la ONU. No tiene explicación lógica el proyecto de ley”.