Aún no se aprobó ni entró en vigencia el controvertido RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones, pero en la Cámara de Diputados ya ingresó un nuevo proyecto de ley que busca establecer beneficios fiscales y condiciones favorables para la actividad agroindustrial.
El texto de 18 artículos y un anexo, fija “incentivos a la inversión, la generación de empleo y el aumento de la producción”, y logró el acompañamiento de las entidades del sector.
El proyecto se aplica a la producción de todos los cultivos extensivos y economías regionales, legumbres y hortalizas, frutas y verduras, cultivos perennes, semillas híbridas de cereales y oleaginosas, cría de ganado, engorde, ganados ovinos, camélidos, caprinos, porcinos, producción de leche, aves de corral, producción forestal y servicios vinculados, así como molienda de granos y los servicios requeridos para la producción agroindustrial en su conjunto, incluso acopio y generación de energía aplicada al sector.
De alguna manera, lo que está detrás del proyecto es el convencimiento de que el RIGI está orientado a dinamizar inversiones en sectores capital intensivos como la minería, el sector hidrocarburífero y las energías renovables pero la agroindustria, el principal motor económico en muchas provincias y el mayor generador de divisas para el país, queda afuera.
El proyecto lleva las firmas de los diputados nacionales Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal- Buenos Aires) y Atilio Benedetti (UCR- Entre Ríos), y suma como coautores a los diputados de la UCR Rodrigo De Loredo, Soledad Carrizo, Mario Cervi, Danya Tavella, Pedro Galimberti, Luis Picat y Gabriela Brouwer de Konig; además de Carlos Gutiérrez y Francisco Morchio de HCF; Roberto Mirabella de Unión por la Patria y Sofía Brambilla y Martín Ardohain del PRO.
Argumentos a favor
“El proyecto es una necesidad y un estímulo a uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina”, señaló Benedetti, titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja, durante una presentación que hubo a fines de mayo en el salón Delia Parodi del Congreso. Y agregó que “se trata de mandar una señal para un sector que está siempre en potencial desarrollo para el país”.
“El famoso RIGI va por Vaca Muerta, pero ¿qué pasa con la vaca viva?”, se preguntó Carlos Gutiérrez desde el bloque de Hacemos Coalición Federal.
Por su parte, Miguel Pichetto explicó que “esto es para que el Gobierno comprenda la importancia de esta medida” y enfatizó que el proyecto “es transversal y no tiene componente partidario”, a partir del hecho de que recoge el acompañamiento de legisladores de distintos bloques.
El proyecto crea el Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial - RIDA “con el objetivo de promover el incremento de la inversión y el empleo, el impulso de la producción y la competitividad de los distintos sectores que forman parte de las cadenas agroindustriales”.
Además, es un intento para “procurar el aprovechamiento integral de la biomasa y su transformación en bioproductos de alto valor agregado y potenciar la producción de alimentos listos para consumir, productos agroforestales, tecnologías y servicios para el agro”.
Con ese marco, propone también un sistema de Promoción Agroindustrial de Producción Sostenible, y se establece que aquellos beneficiarios que cumplan con los requisitos del régimen podrán acceder a un certificado de crédito fiscal intransferible.
Los beneficios
El proyecto fija un plazo de tres años para el RIDA, con la posibilidad de prorrogarlo por dos más, con beneficios fiscales como la amortización acelerada de inversiones para deducir de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado 2019) en un plazo de dos años.
También y considerando el tratamiento dispar que rige en el sector en la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA), “a los fines del balance a presentar ante la AFIP, se permite considerar la alícuota general con la finalidad de evitar el exceso de saldos técnicos” en inversiones por bienes de uso.
Los sujetos alcanzados por el régimen tendrán estabilidad en los beneficios otorgados luego de adherirse a la Ventanilla Única de la Administración Pública Nacional, mientras cumplan con las verificaciones de las exigencias fijadas por la norma.
Además, se fijan condiciones de incrementalidad en la producción, que como requisito establece aumentar al menos uno de los siguientes parámetros: volumen de ventas, volumen de producción física, volumen de exportaciones físicas, cantidad de personal ocupado e inversiones realizadas.
Entre los fundamentos del proyecto de ley se asegura que el país necesita “generar las herramientas para destrabar a nuestro sector productivo y generar las condiciones para que tenga lugar un proceso virtuoso de inversión, generación de empleo, exportación y crecimiento”.
Un dato a tener en cuenta es que según se aclara en los fundamentos, se quitaron del texto final del proyecto dos aspectos relevantes, que podrían gatillar una discusión sin fin en el recinto. Se trata del incentivo fiscal a la generación de empleos y la reducción de las retenciones a la producción agropecuaria.
Esto se hizo en pos de avanzar con una propuesta posible que contenga las principales herramientas reclamadas por el sector. Sin embargo, no se bajan las banderas y se aclara que “lejos de desatenderse, esos temas permanecen en agenda y se siguen discutiendo para arribar a un punto de consenso”.