Hasta ahora la crisis del sector de la construcción no trajo quiebra de empresas, aunque sí achicamiento de operaciones y una cantidad importante de despidos, que según fuentes del sector ascienden a unos 120.000 puestos de trabajo.

En alguna medida, la motosierra que en campaña blandía el presidente Javier Milei se tradujo este año en recorte de contratos de empleados estatales, cierre de algunas empresas públicas, postergación de incrementos a jubilados y una reducción de la ejecución de obras públicas al mínimo posible.

Lejos de cambiar la tendencia, el proyecto de Presupuesto nacional 2025 va en el mismo sentido, pero con una salvedad. Mientras el Gobierno sostiene que "llegó el fin de la obra pública", como aseveró hace unos días el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el proyecto tiene asignados para Gastos de Capital $4,2 billones, algo así como el 0,7% del PBI.

"El Gobierno no licitó nada, sólo se mantienen obras absolutamente prioritarias como la reversión del Gasoducto del Norte, cuyos contratos se están pagando razonablemente bien", indica una fuente del sector. Agrega que también se avanza con la construcción de una cárcel en Coronda (Santa Fe), que "estaba construida en un 93% y (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich pidió que se termine", y en Vialidad algunas empresas empiezan a mover los equipos, remarcó.

Muy lejos del optimismo, para las empresas constructoras dedicadas mayormente a la obra pública, destinar el 0,7% del PBI a obra pública en 2025 es una tabla de flotación, pequeña, pero una tabla al fin, que permite no hundirse. Sólo basta recordar que el Presupuesto 2023, el último que tuvo aprobación del Congreso Nacional, destinaba para este fin el 1,6% del PBI.

Rezando a las provincias

Existe hoy una situación atípica y es que, por primera vez en más de cuatro décadas desde la recuperación de la democracia, el presupuesto para obra pública en un año electoral, en este caso una elección de medio término, es exiguo y no busca mostrar obras para captar votos.

La otra "rareza" es que la brújula de la infraestructura y la obra pública de cierto porte apunta ahora a las provincias. La experiencia de los últimos meses indica que son las provincias grandes y con presupuestos más abultados las que mantienen cierto nivel de ejecución de obras a cargo del Estado.

"La provincia de Buenos Aires está ejecutando obras que tienen financiamiento de organismos multilaterales y no tenemos problemas ni atrasos para cobrar. Córdoba, Santa Fe y La Pampa también están ejecutando sin problemas", asegura Pablo Quantín, presidente de VialAgro, una constructora con sede en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires.

A estas provincias podría agregarse también la Ciudad de Buenos Aires, que mantiene un programa de inversión en obra pública.

"En estos momentos se está trabajando sobre el Presupuesto 2025 de la Ciudad y no están definidos los montos totales de inversión, pero hay una prioridad muy clara del Jefe de Gobierno de la Ciudad de continuar las obras en ejecución y comenzar nuevas, priorizando las que generen mayor impacto positivo en los vecinos de la ciudad", indicó en diálogo con Forbes, el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartúa.

Algunas de las obras en carpeta son dos pasos bajo nivel en la traza del ferrocarril Sarmiento, en las calles García Lorca e Irigoyen, que están en etapa de licitación, al tiempo que "estamos analizando licitar otros sobre las vías del San Martín, el Mitre y el Urquiza", aclaró el funcionario. 

Además, se está avanzando en una obra en el puente Bosch para mejorar la conectividad y recuperar espacio público, mientras que la Legislatura aprobó el financiamiento para "reconvertir la autopista Dellepiane en una autopista inteligente y sostenible, que incorpore tecnología, innovación, espacio público, colectoras y carriles centrales exclusivos para el transporte público", indicó Bereciartúa.

Modelo "a la chilena"

Quantín recuerda que, en el marco del Pacto de Mayo, firmado con los gobernadores el 9 de julio en Tucumán, se acordó que Vialidad Nacional continuaría con la ejecución de 178 obras viales "pero no se sabe cuándo se harán ni con qué presupuesto", cuestionó.

Las dudas surgen porque en el proyecto de Presupuesto 2025 esa dependencia tiene partidas asignadas por unos $700.000 millones, que al cambio oficial son más o menos US$ 700 millones, "un presupuesto parecido al de Paraguay, que es un país mucho más chico que Argentina", refiere el empresario.

En su opinión el problema central es que sin inversión no habrá mantenimiento de las rutas, con el riesgo que eso supone. "El Gobierno dice que no va a haber obra pública pero no hay Plan B" y apuntó a que no se harán las obras, pero los impuestos internos con asignación específica para ese fin se siguen cobrando, "aplicados a la venta de combustibles, baterías, cubiertas, seguros, patentes".

El empresario apuntó también que en campaña el Gobierno dijo que las licitaciones serían 'a la chilena', un modelo parecido a los PPP, pero así "podés ejecutar no más del 10 o 15% del presupuesto".

En tiempos de los recordados PPP (proyectos con participación público-privada) del gobierno de Mauricio Macri que dio de baja la gestión de Alberto Fernández, VialAgro integraba el consorcio adjudicatario de uno de los corredores viales.

Ante la consulta de si ahora es factible avanzar en esa línea, Quantín recordó que entre los seis corredores licitados había dos superavitarios, que aportaban a un fideicomiso, con lo que se compensaba a los cuatro deficitarios. Pero, además, en ese momento los privados tenían que conseguir el financiamiento y luego el Estado nacional pagaba las obras.

"Los PPP se complicaron cuando el riesgo país llegó a los 700 puntos. Con los niveles actuales de riesgo país el modelo de obra pública a la chilena es inviable", remató.

"En la medida que la macro se estabilice va a haber más obra privada, puede ayudar el RIGI y puede algo de obras en Oil & Gas o infraestructura, pero para los PPP se necesita que haya crédito y baje el riesgo país", coincide un importante empresario del sector, que pide resguardar su identidad.