El show de acusaciones cruzadas entre el Gobierno y la oposición por la inauguración del nuevo gasoducto, tuvo como uno de los temas centrales el costo final de la obra que terminó rondando los 2.500 millones de dólares, cuando el proyecto original del macrismo se situaba en apenas US$ 800 millones.
Más allá de las suspicacias promovidas desde Juntos por el Cambio, Forbes pudo constatar con fuentes especializadas de toda la industria energética una serie de factores que explican el incremento del precio, al menos, en una gran proporción.
En primer lugar, hay un consenso entre constructoras privadas y consultoras especializadas de que el valor de US$ 800 millones del pliego de licitación original no cubría los gastos totales de la obra, de ahí, la falta de propuestas que terminaron postergando en reiteradas oportunidades el proceso durante el 2019.
“En los hechos, las empresas pedían una readecuación de la oferta dado el aumento del costo financiero de la Argentina. En realidad, ese precio de 800 millones nunca existió porque hacía falta una redeterminación con diferentes valores”, sostiene uno de los expertos energéticos más respetados en el país.
Por otro lado, tras el surgimiento de la pandemia, diversas cadenas de suministro sufrieron cuellos de botella que terminaron incrementando el precio de muchos insumos clave demandados por esta obra como válvulas y caños, algo que se profundizó todavía más con la invasión de Rusia a Ucrania.
“La licitación de los tubos se lanzó el 23 de febrero del 2022. Un día después, empieza la guerra en Ucrania, con todo lo que implicó en impacto en los precios, disponibilidad de fletes y una cadena de suministros super complejizada. Para tener una idea, Ucrania, antes de la guerra, representaba el 33% de la comercialización de semi elaborados de acero, el insumo a partir del cual vos doblás la chapa y para luego hacer el tubo”, subrayan desde una constructora local a este medio.
La cantidad de décadas que pasaron en hacer un tendido de esta relevancia, es una justificación más que esgrimen desde en el sector para explicar las dificultades que encarecieron el proceso, como el reacondicionamiento que tuvo que hacerse en la planta de Tenaris en Valentín Alsina que estaba prácticamente paralizada, la capacitación de personal y la compra de tecnología.
“Lo positivo es la capacidad instalada que te queda hacia adelante para el segundo tramo del gasoducto y la conexión con el gasoducto norte. Esos costos iniciales que tuviste en este proyecto, no lo vas a tener en los otros”, promete una de las firmas participantes.
Finalmente, la urgencia de terminar la construcción cuanto antes, debido a la disparada del precio del GNL y otros energéticos a nivel internacional que presionaron fuertemente sobre las reservas del Banco Central, demandaron un esquema de trabajo donde se priorizó la rapidez por sobre los gastos. Algo que se podría haber evitado si el Ejecutivo no se hubiera tomado más de dos años para decidirse a comenzar con el proceso licitatorio.
“Es una obra que normalmente se hubiera hecho en dos años y la terminamos en 10 meses. Claramente, hacerlo a las apuradas implica un sobre costo por los tres frentes de obra simultáneos con todos sus campamentos, el traslado de insumos en avión como se hizo con las válvulas para que lleguen antes, y la contratación de tecnología muy costosa como las plantas de doble junta o las soldadoras automáticas que, si no tenías apuro, no se hubieran traído”, indican desde el sector privado.
“La obra tiene un presupuesto oficial cuando salieron los pliegos a junio del 2022 con un valor que se fue actualizando con los índices de cualquier obra”, agregan desde Enarsa en referencia a la disparada inflacionaria de los últimos 12 meses.