El Tribunal Supremo del Reino Unido dio inicio a cuatro jornadas de audiencias para dilucidar a quién otorgará la potestad de las reservas de 31 toneladas de oro que tiene Venezuela desde 2018 en el Banco de Inglaterra, equivalentes a unos 1.600 millones de euros, y que llevan varios años en pugna.
El presidente interino Juan Guaidó había pedido al gobierno británico (de Theresa May, en aquél entonces) que se frenara la repatriación del dinero de los venezolanos, con lo que quedó en custodia en las cámaras acorazadas de la institución británica. El Banco Central de Venezuela (BCV) interpuso una demanda.
A mediados del año pasado, el máximo Tribunal le denegó el acceso a los fondos, alegando que el Gobierno de Reino Unido había reconocido "inequívocamente" a Guaidó como "presidente interino constitucional", tras la autoproclamación del parlamentario en enero de 2019.
En ese primer fallo, el juez Nigel Teare determinó que debía ser la junta "ad hoc" nombrada por el exdiputado opositor la que debía ejercer control de las 31 millones de toneladas de oro.
La decisión fue rechazada por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, por lo que el BCV apeló el dictamen.
A finales de septiembre de ese mismo año, un tribunal de apelaciones anunció que examinaría el reclamo del Estado venezolano y determinaría si el fallo de Teare, que favoreció a Guaidó, había sido el adecuado.
Uno de los puntos claves que argumentó el BCV era que Reino Unido no había roto relaciones con la administración de Maduro ?quien incluso recibió las cartas credenciales de la delegación diplomática en Caracas?, por lo que ese reconocimiento "inequívoco" hacia el exdiputado opositor resultaba, cuando menos, cuestionable.
En octubre, el tribunal de apelaciones anuló el fallo que beneficiaba a Guaidó y devolvió el caso a la corte comercial para más investigación.
En el dictamen emitido en octubre, el juez británico Stephen Males dejó asentado su parecer sobre el reconocimiento de Reino Unido al opositor venezolano: "Es en mi opinión ambiguo o, de cualquier forma, menos que inequívoco".
La audiencia sobre los activos venezolanos convocada para este lunes contó con la asistencia del ministro de Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab.
Confrontará a los abogados del BCV, Zaiwalla & Co, que exigían transferir los recursos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a fin de ser destinados a la adquisición de alimentos y medicinas en el contexto de la pandemia, con el equipo jurídico de Guaidó, quien alegó que la repatriación de los fondos al país sudamericano sería una "transacción ilegítima".
"El Reino Unido ahora reconoce a Juan Guaidó como presidente constitucional interino de Venezuela, hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales creíbles", declaró el secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, quien tildó al Gobierno del presidente Maduro de "ilegítimo y cleptocrático".
El Reino Unido se sumó a la lista de más de 60 países, encabezados por EEUU y el Grupo de Lima, que considera ilegítimo el segundo mandato del actual titular del Palacio Miraflores.
Ahora cinco magistrados de la más alta jurisdicción del Reino Unido deberán determinar si efectivamente "el gobierno británico reconoce al presidente interino Guaidó como jefe de Estado de Venezuela" a todos los efectos.
De conseguir la Presidencia interina un fallo a su favor, se garantiza la potestad sobre estos lingotes e impide la apropiación del Gobierno chavista que en palabras de Juan Guaidó "podrían servir para reprimir al pueblo o llenar los bolsillos de un régimen cleptócrata".
También se pondría en duda el nombramiento de la propia junta directiva del Banco Central de Venezuela (BCV), presidido por Calixto Ortega, quien viajó en 2018 a Londres para repatriar sin éxito el oro venezolano.
Por su parte, el exdiputado opositor y su entorno también estuvieron en tela de juicio por actuaciones irregulares y la ausencia de rendición de cuentas sobre el dinero que manejaron.
El más reciente escándalo involucró a la la USAID, ya que un informe reveló que el 98% de los recursos enviados a Venezuela habían sido desviados para otros fines por parte de la dirigencia antichavista.
En ese contexto, el Gobierno venezolano acusó al Banco de Inglaterra de intentar "robar" los recursos de un país, lo que a juicio de Caracas sienta un peligroso precedente para las naciones que tengan sus reservas en los bancos británicos.
"No es la primera vez que el Banco de Inglaterra actúa como agente de pillaje contra los pueblos. Ahora viola contratos y estafa naciones aprovechando la pandemia. Un crimen de lesa humanidad. ¡Una alerta al mundo para nunca más confiar en estos piratas del siglo XXI!", enfatizó en mayo del año pasado el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada.
* Por Noticias Argentinas