Hay un consenso casi absoluto en que, en gran medida, la crisis económica que atraviesa la Argentina responde a la escasez de dólares en las reservas del Banco Central, una situación que los economistas denominan la trampa de la restricción externa.
Cuanto más crece la actividad económica, y en especial la industria, más insumos, bienes intermedios, equipamiento, partes y piezas requiere, por lo que, en poco tiempo, termina demandando más dólares de los que el país puede generar.
En la Argentina la cuenta es más o menos fácil. El sector primario y agroalimentario “fabrica” los dólares - por balanza comercial superavitaria-, mientras que la industria manufacturera demanda muchos más dólares que los que genera vía exportaciones.
En un contexto de fuerte sequía en la última campaña agrícola, con un impacto estimado en más de US$20.000 millones, la respuesta oficial fue reforzar la administración del comercio, cerrando en extremo el grifo de las importaciones. Pero hay otro camino posible. Y tiene que ver con agrandar la torta, en lugar de achicar las porciones.
Salto exportador
Desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que integran más de 50 cámaras empresarias del sector, aseguran que es posible alcanzar los US$ 100.000 millones en exportaciones de los complejos agroindustriales en la próxima década, lo que supone casi duplicar los US$ 57.000 millones que se exportaron en 2022, el último año “normal”, sin sequía, ni cepo exportador.
De cara a un nuevo turno presidencial, el CAA y la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) presentaron la semana pasada los lineamientos de una política agroindustrial exportadora más vigorosa en base 7 pilares de desarrollo y unas 40 propuestas. Van desde cuestiones impositivas a regulatorias, inserción internacional, sostenibilidad y conectividad digital en todo el país, innovación tecnológica, y logística e infraestructura.
Entre ellos sobresale el aspecto impositivo, con los derechos de exportación como punta de lanza. “Es necesario bajar gradualmente la carga impositiva, pero el paquete impositivo no es sólo retenciones, también Ingresos Brutos, tasas municipales, etc.”, señaló José Martins, titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y referente del Consejo Agroindustrial Argentino.
En diálogo con Forbes Argentina, Martins apuntó que de cara al nuevo gobierno que asumirá en diciembre “se busca que haya un Pacto Fiscal para la baja de impuestos y retenciones, que se haga por ley para que quede explicitado cómo va a ser la rebaja” y que la ley garantice que no haya trabas a las exportaciones.
Todo esto en un contexto en el que además “debe haber un tipo de cambio único”, mejorar la infraestructura porque “hoy no hay trenes para mover la producción”, y en muchas ciudades no hay conectividad. “Salimos 50 o 100 km de las grandes urbes y no hay internet”, reseñó Martins, aclarando que el plan tiene metas a 10 años, para avanzar gradualmente hasta 2033, trascendiendo distintos gobiernos.
Modelo a seguir
Consultado sobre cómo se puede convencerse a la clase política de adoptar el plan federal agroalimentario, Martins fue categórico al señalar que hay que seguir el ejemplo de Brasil.
“Tenemos que mirarnos en el espejo de Brasil. Hace 10 años producía el 50% de la soja que cosechaba Argentina, hoy produce tres veces más. Y lo único que hizo fue no cambiar las reglas de juego”, explicó José Martins.
Para Eugenio Irazuegui, analista de mercados agrícolas de la corredora de granos Zeni, el objetivo de US$ 100.000 millones en exportaciones agroindustriales es “una meta ambiciosa”, teniendo en cuenta que en 2021/22 -por tomar un año sin sequía grave como este año- se exportaron granos y derivados por US$ 40.400 millones, en 2021 US$ 32.800 millones y el año anterior por US$ 20.000 millones.
Hay que aclarar que en el caso del Plan Federal Agroindustrial contempla un incremento en granos y subproductos del 58,6% en el período 2023-2033, peo también 11,2% más en exportaciones de carnes, 0,4% en productos pesqueros y 29,7% extra en economías regionales.
De este modo, se exportarían unos 39.044 millones de dólares adicionales, creando 878.000 nuevos puestos de trabajo y movilizando inversiones en capital fijo por US$ 15.594 millones.
Para Irazuegui la clave para crecer en producción y luego en ventas al exterior es brindar incentivos para extender la superficie cultivada. Para eso hay hacer un cambio drástico.
“Hoy hay tierras ociosas y superficie apta que se deja de cultivar por la distancia a los puertos”. Para eso se requieren incentivos, como se hizo en 2016, cuando “se mejoró el precio por una baja de las retenciones”, además de la quita de restricciones a las exportaciones.
Y de nuevo aparece el ejemplo del país vecino. “Brasil tiene un excepcional crecimiento del agro y lleva 25 campañas seguidas en alza, porque la agroindustria es una política de Estado”, algo que acá, sin dudas, aún falta.