Argentina evitó ingresar a la "lista gris" del GAFI: qué implica para los mercados y la economía
Se debatió y aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina, mediante el cual se valoraron las acciones adoptadas en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

A través de un comunicado, el Gobierno dio a conocer que Argentina finalizó exitosamente la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y evitó ingresar a la peligrosa "lista gris".

En concreto, se debatió y aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina, mediante el cual se valoraron las acciones adoptadas en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva desde enero de 2019 hasta marzo de 2024.

Entre las mejoras implementadas para adecuarse a los estándares del GAFI, se destacaron cinco:

  • Se modificó la Ley 25.246 y el Código Penal, fortaleciendo el régimen preventivo y la represión de delitos relacionados con el lavado de dinero.
  • Se incluyó a abogados y proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
  • Se actualizaron las normativas para contadores, agentes y corredores inmobiliarios, así como para la compraventa de obras de arte, antigüedades y joyas.
  • Se cambiaron los plazos de presentación de los reportes de operaciones sospechosas (ROS), se redefinieron las operaciones inusuales y se incorporó un ROS específico para la proliferación de armas de destrucción masiva.
  • Se estableció un Registro Único de Beneficiarios Finales bajo la ex-AFIP y un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
 

Un logro con múltiples beneficios

Haber cumplido con los requisitos del GAFI salvó al país de entrar en un peligroso entorno de marginalidad internacional caracterizado por pobres flujos de capitales y una mayor desconfianza en el sistema.

En detalle, Mariano Sardáns, director ejecutivo de FDI Gerenciadora de Patrimonios, comentó que el primer impacto negativo que se evitó fue el deterioro de la reputación.

"Que te vean justamente como que no sos bueno en lo que tiene que ver con la prevención de lavado de dinero y financiación de terrorismo genera una percepción de mayor riesgo entre inversores y contrapartes internacionales, lo que claramente afecta confianza y credibilidad", explicó.

En consecuencia, este mala imagen pudo haber causado estragos en las inversiones internacionales. "Las instituciones financieras extranjeras podrían limitar transacciones con sus pares de Argentina o someterlas a una debida diligencia intensificada, e incluso podrían optar por terminar relaciones de corresponsalía, dificultar operaciones de comercio exterior o cerrar líneas de crédito, afectando la capacidad de las instituciones financieras argentinas para operar a nivel internacional", indicó Alejandro Montiel, socio en Integria Consulting.

 

Un claro ejemplo del escenario negativo esquivado es el caso de Panamá, que estuvo un tiempo en la lista gris. "Todos sus bancos tuvieron problemas con las corresponsalías. Le retiraron las corresponsalías a los bancos panameños y los bancos panameños tenían que usar la cuenta máster del Banco Central de Panamá en los Estados Unidos para transferir, para resolver, lo cual fue un incordio en lo que tenía que ver no solamente con transferencias de personas y de empresas, sino también con el comercio exterior", relató Sardáns.

De cara al futuro, Montiel señaló que, si bien todavía hay que esperar entre seis y ocho semanas para acceder al informe final del GAFI, se puede estimar que Argentina todavía tiene espacio de mejora en cuanto a la efectividad de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

"Posiblemente, Argentina tenga que elaborar un plan de trabajo, un plan de acción que también se expone en GAFI, y seguramente tenga que aumentar la cantidad, la calidad y la efectividad de las supervisiones: la imposición de sanciones a sujetos obligados, las investigaciones penales, los decomisos, las condenas por lavado y por delitos precedentes...", sostuvo el especialista.