La novela por la deuda del Estado con generadoras eléctricas y productoras de gas llegó a un punto de máxima tensión. Este jueves, el ministro Luis Caputo convocó a unas 50 empresas energéticas para comunicarles una propuesta de pago que incluye una quita del 50%, algo que la mayoría rechaza rotundamente.

“Es absolutamente inaceptable”, destacó a Forbes uno de los ejecutivos presentes en el Palacio de Hacienda. Como explicó este medio, el conflicto es consecuencia de la fuerte devaluación de diciembre y de la decisión del Gobierno de recurrir a medidas extremas con tal de mostrar un superávit fiscal desde el primer mes del año.

Al tener contratos atados el tipo de cambio, el salto en la cotización del dólar elevó fuertemente la deuda del Estado que, en estos momentos, se ubica por encima de los 2.000 millones de dólares. Es decir que, si hubiese cancelado estos compromisos, no hubiera existido el saldo fiscal positivo anunciado por cadena nacional este último lunes.

De ahí que la idea del Ejecutivo es cancelar este pasivo con dos bonos que implican una quita del 50%. “Es un desastre todo. Quita del 50% sobre el stock de deuda con un bono a 14 años y la diferencia con el tipo de cambio también quieren pagarla con otro tipo de bono a 2 años”, explican desde una de las firmas líderes de la industria. 

En concreto, la propuesta oficial ronda los 600 millones de dólares a pagar con un bono dólar linked y el bono AE38. La remuneración de la generación spot más los contratos, serán pesificados a un tipo de cambio de $360 (previo a la devaluación) y ese monto se cancelará con la entrega del AE38 a valor nominal. Por su parte, la diferencia respecto al dólar correspondiente a la liquidación se pagará con el segundo bono, pero sólo por el 50% del monto correspondiente.

“Dado el esfuerzo presupuestario ya realizado para cancelar múltiples deudas del gobierno anterior, se presentó hoy una propuesta para cancelar las transacciones de diciembre 2023 y enero 2024 mediante la entrega de títulos públicos por un monto aproximado de 600 millones de dólares de valor nominal”, detalló el comunicado de Economía. 

Otra de las firmas que dialogó con Forbes anticipó que la propuesta “no va a ser aceptada por nadie en el sector de generación” y que, si bien intentarán seguir negociando, están analizando recurrir a la Justicia.

Cabe recordar que los contratos PPA en dólares fueron un esquema ideado frente a la falta de confianza del sector energético luego de que el Estado rompiera y pesificara todos sus compromisos después de la crisis del 2001.

De ahí que se ideó un esquema en moneda dura y con el Estado como garante de última instancia, lo que daba la garantía de poder demandarlo en tribunales internacionales ante un eventual incumplimiento.

“Son contratos que se hicieron del 2006 para adelante y siempre se respetaron. Durante el Gobierno de Macri se continuó con mecanismos similares que tenían la misma filosofía. Con esto, se está rompiendo todo. Es un antecedente malísimo de cara al futuro porque nadie va a aceptar financiar infraestructura en el país después de esto”, reflexiona otra fuente que supo pasar por Cammesa.

Lo más grave es que muchas de las centrales termoeléctricas se construyeron con créditos en dólares, cuyos pagos estaban atados al flujo de estos contratos PPA. Por lo tanto, la modificación de los mismos deja a muchas firmas con peligro de entrar en default. 

Al mismo tiempo, las firmas cuestionaron los modos del ministro, al condicionar los pagos de febrero a la aceptación de esta oferta. “Fue un tómalo o déjalo. Es un torpedo en la línea de flotación de la mayoría de las empresas”, dice otro de los participantes de la reunión.

Por el lado del gas, la situación es menos tensa porque la deuda no es tan grande y no afecta al corazón del negocio. En consecuencia, hay más chances de llegar a un acuerdo.