El atraso tarifario de las últimas dos décadas aceleró el deterioro de las cuentas públicas y la balanza comercial. El economista del Instituto Argentino de la Energía (IAE), Alejandro Einstoss, dialogó con Forbes Argentina sobre las consecuencias de aplicar esa política desde 2003, las posibles salidas para avanzar en una mejor focalización de la asistencia y la importancia de avanzar en obras como el segundo tramo del gasoducto de Vaca Muerta.

“El resultado del populismo energético derivó en que durante los últimos 20 años se destinaran a subsidios energéticos US$150.000 millones, con importaciones energéticas por más de US$125.000 millones y un déficit de balance comercial energético trepó a casi US$36.000 millones”, explicó el también coordinador de energía de la Fundación Alem e integrante del equipo de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Para Einstoss la próxima administración debería avanzar en una reforma del actual esquema teniendo en cuenta “cuatro patas”: el aumento en las boletas, la tarifa social para proteger a los sectores vulnerables, una baja en los costos mediante la mejora de la infraestructura e impulsar una mejora en la eficiencia energética. “El retiro de la asistencia debe realizarse de forma gradual y el Estado nacional debe centralizar la política de subsidios”, sostuvo el economista del IAE.

- En su último informe publicado por Econométrica realiza un repaso por la política energética de la Argentina en los últimos 20 años, ¿cuáles son las consecuencias que dejó el atraso tarifario implementado durante el período?

- La intervención en las tarifas a partir del 2003 hizo que los costos crezcan por encima de los precios que paga la demanda, lo que generó falta de inversión y caída en la producción. Esa política suicida de la salida de la convertibilidad llevó a perder el autoabastecimiento energético, por lo que el país importó energía por un total de US$125.000 millones y acumuló un déficit comercial de US$36.000 millones desde el 2011. El congelamiento tarifario con una inflación crecimiento generó un gasto en subsidios de US$150.000 millones en los últimos 20 años. En definitiva, el populismo energético transformó los superávits gemelos (comercial y fiscal) en déficits.

- Después de un fuerte debate interno dentro del Gobierno, Sergio Massa puso en marcha el año pasado la segmentación. ¿Ese esquema permitió avanzar en un ordenamiento de los subsidios?

- La segmentación ya cumplió un año e impuso tres niveles de usuarios: altos, medianos y bajos ingresos. El primer segmento es el del 30% de los hogares con que pagan la tarifa plena mientras que el otro 70% de las familias restantes mantiene una cobertura de subsidios cercana al 85% en promedio. Si el Gobierno decide no trasladar el aumento de costos que generó la última devaluación, algo que es de esperar en un contexto de campaña electoral, las familias de ingresos medios y bajos terminarán 2023 pagando facturas eléctricas que representarán menos del 10% del costo de la energía consumida. Algo similar sucederá con el gas. El acuerdo con el FMI prevé que los subsidios energéticos caigan 0,5% del PBI este año, hasta un total de 1,5% del PBI. Pero seguramente el resultado estará más cerca del 2% del PBI gracias a la baja en los precios internacionales, por lo que la segmentación no tuvo incidencia macroeconómica.

- ¿Sirvió al menos como un puntapié para cerrar el debate sobre la necesidad de focalizar mejor los subsidios?

- La segmentación no soluciona el problema pero tiene un mérito: el Gobierno reconoció lo descabellado que fue la política implementada en estas dos décadas, que los subsidios son 'proricos' y que ese gasto es imposible de financiar. Veo unanimidad en todo el arco político de que hay que terminar con este tema.

- ¿Cuál sería el mejor esquema para avanzar hacia un ordenamiento?

- El cómo debe llevarse adelante es una mesa de cuatro patas: el aumento en las boletas, la tarifa social para proteger al vulnerable, una baja en los costos e impulsar una mejora en la eficiencia energética. Este último punto no es menor porque durante 20 años la energía estuvo artificialmente barata y no hay una cultura del ahorro, por lo que debería generarse una fuerte campaña para el uso responsable que les permita a los segmentos medios a pagar una factura que será inevitablemente más cara. En un escenario óptimo sólo quienes tengan tarifa social deberían percibir subsidios. El punto de partida es que gran cantidad de familias de clase media pagan una porción muy baja del costo pero conviven con salarios reales muy bajos. Esa realidad obliga a hacer un retiro gradual de la asistencia, no se puede hacer de la noche a la mañana.

- ¿La asistencia debería focalizarse con transferencias directas o se puede mantener la dinámica actual?

- Hay muchas formas de focalizar la ayuda del Estado a las familias vulnerables. La Argentina va a terminar el 2023 con cerca del 50% de la población por debajo de la línea de pobreza. Seguramente la opción más eficiente es subsidiar la demanda a través de transferencias, tarjetas o vouchers. Sin embargo, como el universo para identificar es muy amplio, considero que deberían mantenerse los descuentos en las facturas como los tenés ahora. Eso no implica dejar de lado la necesidad de trabajar para identificar al universo que realmente requiere ser asistido. Hay varios mecanismos: el Estado tiene mucha información en bases de datos que puede cruzar, tiene que estar la posibilidad de presentación espontánea, hacer relevamientos con asistentes sociales, entre otras herramientas. Lo importante es lograr mejoras sucesivas con la condición de centralizar la aplicación de la política en el Estado Nacional. Durante el Gobierno de Macri se trasladó la tarifa social a las provincias, creo que eso fue un error.

- ¿El segundo tramo del gasoducto Presidente Néstor Kirchner representará un alivio si se termina en 2024? ¿Puede reemplazarse la obra pública por la iniciativa privada como propone Javier Milei?

- El Gasoducto ahora transporta 11 millones de M3 día y se puede llevar al doble si a fin de año están en funcionamiento las plantas compresoras. Con el segundo tramo también finalizado se puede llevar ese volumen a casi 39 millones de M3 día, que es prácticamente el equivalente a las importaciones de energía en el pico de invierno por entre US$4.000 y $5.000 millones. Como esas obras deberían terminarse rápido, la propuesta de impulsar sólo la iniciativa privada choca con la realidad por el costo de capital local con un Riesgo País mayor a 2.000 puntos y una demanda que paga tarifas por debajo del costo. La única alternativa viable para cumplir con los plazos previstos es la obra pública.