Tras el desplome del bitcoin en los últimos días y en medio de la incertidumbre generada en el mercado de criptomonedas en todo el mundo, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) emitieron un comunicado conjunto para alertar a los inversores sobre los riesgos de los criptoactivos.

El documento es el primer paso hacia una posible regulación de este mercado. 

"Los criptoactivos presentan riesgos y desafíos para sus usuarios, inversores y para el sistema financiero en su conjunto. En los últimos años la proliferación de los criptoactivos, la dinámica que exhiben sus precios, su tecnología subyacente y alcance global, así como las actividades asociadas a su operatoria, han llevado a que diferentes organismos nacionales e internacionales emitieran recomendaciones al respecto", destaca la comunicación conjunta. 

Si bien por ahora ambos organismos dicen que no van avanzar más allá de la recomendación, estos reguladores remarcaron que "consideran oportuno proveer información y alertar sobre eventuales implicancias y riesgos que los criptoactivos pueden acarrear, así como recomendar una actitud prudente a fin de mitigar una eventual fuente de vulnerabilidad para los usuarios e inversores". 

No es moneda legal 

Aunque reconocen que el nivel de penetración del uso de estas divisas digitales como forma de ahorro e inversión es marginal todavía en el país, "la velocidad de los desarrollos y el creciente interés en ellos hacen necesario la adopción de una actitud precautoria frente a los mismos", dice el informe.  

Sin embargo, por ahora la postura de los organismos oficiales no irá más allá. Para eso se valen de un único argumento: ni el bitcoin ni ninguna de las otras criptodivisa son "monedas de curso legal": Los criptoactivos pueden definirse como una representación digital de valor o de derechos que se transfieren y almacenan electrónicamente mediante la Tecnología de Registro Distribuido (Distributed Ledger Technology, DLT) u otra tecnología similar. Si bien estas tecnologías podrían contribuir a promover una mayor eficiencia e innovación financiera, los criptoactivos no son dinero de curso legal", remarcó el comunicado. 

"Los criptoactivos, que buscan ser utilizados como instrumentos de pago o con fines de inversión, no son emitidos ni respaldados por un banco central o autoridad gubernamental y, tal como se mencionó, no cumplen con las condiciones necesarias para ser considerados dinero de curso legal o título negociable. Como resultado, su aceptación como medio de cancelación de deudas o para realizar pagos en la economía no es obligatoria", aseguró el informe. 
 

Volatilidad 

Además de la "falta de respaldo" de estas monedas descentralizadas, el documento se focalizó en los fuertes saltos de precios y caídas que presentan las cripto más famosas como un argumento extra para desalentar su uso, sobre todo en inversores menos sofisticados. 

"Se observa que las cotizaciones de los criptoactivos pueden fluctuar significativamente en cortos períodos de tiempo, lo cual puede dar lugar a importantes pérdidas financieras para sus tenedores, incluyendo la posibilidad de perder la totalidad de los recursos invertidos", aseguraron.  

Esta advertencia también rige para las "stablecoins", divisas que reflejan el valor de una moneda, como el dólar. Según el Gobierno, "muestran generalmente altos niveles de volatilidad en sus precios y tienen niveles variables de respaldo en moneda fiduciaria". 
 

Riesgo de ciberataques 

Otro de los puntos de alerta es la ciberseguridad y la estabilidad de las plataformas y exchanges donde se opera con criptos. 

"Las plataformas de intercambio, negociación y custodia de criptoactivos podrían enfrentar disrupciones operacionales (por ejemplo interrupciones en la continuidad de los servicios o fallas de sistema) durante las cuales las personas usuarias pueden no tener acceso a sus tenencias y, como resultado no poder realizar operaciones, situación que podría reflejarse en pérdidas económicas. Más aún, dichas plataformas pueden ser objeto de ciberataques que impliquen la pérdida o robo de las claves de acceso de las personas usuarias, lo cual podría suponer la pérdida de los criptoactivos ?y en consecuencia la totalidad del capital invertido- sin posibilidad de recuperarlos", ejemplificó el documento. 
 

Sin salvaguardas 

Según el Gobierno otro de los factores de riesgo es que los saldos registrados en billeteras virtuales de criptoactivos no cuentan con seguro de depósito ni con las salvaguardas que la regulación vigente provee a las personas usuarias de servicios financieros. En la actualidad no existen en Argentina criptoactivos ni tokens cuya adquisición o tenencia puedan beneficiarse de ninguna de las garantías previstas por la normativa para los servicios bancarios o de inversión. 
 

Falta de transparencia 

"La información provista por los proveedores de servicios de criptoactivos puede ser compleja o incompleta y no revelar adecuadamente los riesgos que enfrentan las personas usuarias e inversoras", aseguraron los organismos. "Los precios de los criptoactivos se forman en ausencia de mecanismos eficaces que impidan su manipulación, como los presentes en los mercados regulados de valores. En muchas ocasiones los precios se forman sin información pública que los respalde", remarcaron. 

 

Lavado de activos y financiamiento del Terrorismo 

Este es uno de los puntos en los que coinciden los principales retractores de las criptomonedas: "Por su fácil acceso, su alcance global y la limitada capacidad que existe para su monitoreo y análisis ?por la trazabilidad limitada en función de la tecnología subyacente-, es necesario alertar sobre los potenciales riesgos asociados al incumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y respecto de la normativa cambiaria vigente", remarcó el documento.  

Operaciones más allá de las fronteras 

En algunos casos, los distintos actores implicados en las operaciones con criptoactivos no se encuentran establecidos en Argentina, aseguraron los reguladores "por lo que un eventual conflicto podría quedar fuera del ámbito de competencia de los tribunales y de las autoridades argentinas; aumentando así el costo de defensa de los derechos de los usuarios e inversores".