La Inspección General de Justicia (IGJ) requirió la intervención judicial de la firma Hidden Lake S.A., propiedad del magnate inglés Joe Lewis, por considerarla una "pantalla jurídica" para "frenar la aspiración" de cualquier persona de acceder al Lago Escondido, ubicado en la provincia de Río Negro.
"Hidden Lake S.A. resulta ser una pantalla jurídica que no tiene por finalidad el intercambio, la producción o prestación de bienes o servicios, sino que se la está utilizando para disfrazar un cuantioso patrimonio del Sr. Lewis en la Patagonia, a la vez que para evitar o cuanto menos frenar la aspiración de cualquier integrante de la sociedad argentina de poder acceder al singular y maravilloso espejo de agua que representa el Lago Escondido", sostuvo el organismo.
Así fue expuesto por la IGJ, entre otras argumentaciones con las que apoyó su pedido, que deberá resolver la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal.
Es que uno de los planteos de la IGJ apunta a "hacer cesar el irregular e ilegal estado de cosas que se verifica hasta el presente, concretado a través de la antijurídica actuación en nuestro país del Sr. Lewis, utilizando de forma espuria a una sociedad comercial registrada en la Ciudad de Buenos Aires, con sede en un estudio jurídico capitalino".
La requisitoria de la Inspección General de Justicia remarcó también que Hidden Lake (en castellano, Lago Escondido) es la compañía a través de la cual Lewis interpuso "múltiples recursos procesales dilatorios y de apelaciones" que impidieron materializar el acceso público a Lago Escondido.
Otro hecho tenido en cuenta por el ente es que la sociedad del británico no realizó "durante décadas actividad comercial alguna que le permitiera sufragar, entre otras cuestiones, la construcción de la mansión del propio Lewis en las proximidades del Lago Escondido, ni mucho menos autosostenerse como entidad mercantil genuina", expresó el organismo a través de un comunicado.
Días atrás, el Gobierno de Río Negro y el Poder Judicial local recibieron un petitorio que reclama el libre acceso al Lago Escondido por el camino de Tacuifí, cuya utilización es restringida por Lewis, quien posee alrededor de 10 mil hectáreas en esas tierras patagónicas.
El 9 de marzo último, la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), la abogada Magdalena Odarda, confirmó que se rechazó por "inviable" la propuesta de construir un camino alternativo para acceder al Lago Escondido, planteada por Lewis durante una audiencia de conciliación que se realizó en la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Minería de Bariloche, en Río Negro.
"Acaba de concluir la reunión de conciliación y nuestra posición fue decir no a cualquier acuerdo que no contemple cumplir la sentencia del superior Tribunal de Justicia (de Río Negro) de respetar la resolución de 2009. Queremos que el acceso al Lago Escondido esté garantizado por el camino consolidado de Tacuifí y el sendero de montaña. Rechazamos una nueva propuesta de Joe Lewis por ser inviable", señaló Odarda en ese momento.
La dirigente fue quien en 2005 presentó una demanda contra el británico para denunciar la constitución irregular de la propiedad del magnate sobre esas tierras y reclamar el libre acceso a Lago Escondido.
En marzo pasado, los abogados de Lewis propusieron abrir un camino en la zona de "El Manso" para que se pueda cumplir con la sentencia que en 2009 ordenó el libre tránsito por las tierras del empresario hacia Lago Escondido.
La IGJ mencionó hoy que su pedido se apoya también en que existen "causas judiciales con varias resoluciones firmes del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro y hasta de la Corte Suprema de Justicia de La Nación", la primera de ellas en el 2005 y, por esa razón, "a más de 17 años sin materializarse el acceso público al Lago Escondido, en virtud de múltiples recursos procesales dilatorios y de apelaciones, planteados por la sociedad HIDDEN LAKE S.A.".
En febrero pasado un grupo de abogados presentó una denuncia penal contra empleados del empresario por privación ilegal de la libertad, actos de piratería y sedición y atentados contra la soberanía nacional, tras las acciones realizadas contra los manifestantes de la sexta marcha "por la soberanía" del Lago.
En la denuncia presentada en el juzgado de Bariloche por el Grupo de Abogados Solidarios se relata que el domingo 6 de febrero "la movilización arribó a la cabecera norte del que denominaron 'Lago Soberanía' -Lago Escondido- y el contingente fue allí interceptado, hostigado y privado de su libertad por aproximadamente cincuenta hombres, a caballo y armados, organizados por una persona que ejercía el mando y que fuera identificada como Nicolás van Ditmar".
Esa situación, según consta en la denuncia, obligó a los miembros de la expedición a intentar replegarse hacia la cabecera sur del lago, donde "pasaron la noche en condiciones de precariedad y con grave riesgo para la salud de las víctimas", una de las cuales fue el exministro Jorge Rachid.