El juicio civil que acusa al expresidente Donald Trump y a su empresa de fraude concluyó el jueves, dejando ahora en manos del juez Arthur Engoron determinar si Trump y sus socios falsearon a sabiendas el valor de sus activos para beneficio personal, y qué castigos podría recibir el expresidente si lo hizo, incluyendo la entrega de 370 millones de dólares al gobierno de Nueva York.
Datos clave
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusó a Trump, a sus socios -incluidos sus hijos- y a la Organización Trump de haber falseado supuestamente de forma fraudulenta el valor de los activos en los estados financieros con el fin de obtener acuerdos comerciales más favorables y reflejar un mayor patrimonio neto para Trump.
Si el juez Engoron considera que los acusados son responsables de las acusaciones contra ellos -que incluyen determinar si el fraude se cometió a sabiendas y si cometieron fraude de seguros, falsificación de registros comerciales y emisión de un estado financiero falso-, el fiscal general le pidió que imponga una serie de sanciones contra ellos.
El fiscal general pide que los acusados paguen aproximadamente 370 millones de dólares más intereses en concepto de "ganancias mal habidas", es decir, dinero que ganaron como resultado del presunto fraude, incluidos aproximadamente 168 millones de dólares por lo que la Organización Trump se ahorró en intereses de préstamos porque supuestamente utilizaron cifras falsas; 139,4 millones de dólares en concepto de beneficios por la venta del antiguo hotel de la empresa en Washington, D.C., 60 millones por la venta del campo de golf de Trump en Nueva York y 2,5 millones en primas pagadas al ex director financiero Allen Weisselberg y al ex interventor Jeffrey McConney, ambos demandados.
La mayor parte de ese dinero debe ser pagado por Trump y las entidades empresariales que controla, según el Estado, aunque los hijos de Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump, también deben pagar aproximadamente 4 millones de dólares cada uno -que cubren sus beneficios personales de la venta del hotel de Washington- y Weisselberg y McConney deben devolver sus indemnizaciones por despido de 2 millones y 500.000 dólares, respectivamente.
James también quiere que el tribunal prohíba de por vida a Trump, Weisselberg y McConney trabajar en el sector inmobiliario en Nueva York o dirigir cualquier empresa con sede en Nueva York, y que Eric y Donald Trump Jr. no puedan trabajar en el sector ni dirigir empresas en Nueva York durante cinco años.
El Estado pidió a Engoron que impusiera medidas cautelares que prohibieran a los acusados hacer más registros financieros falsos, exigieran a la Organización Trump aplicar mejores controles, prohibieran a los acusados solicitar cualquier préstamo a una institución financiera con sede en Nueva York durante cinco años y prohibieran a las entidades de la Organización Trump hacer cualquier adquisición de bienes raíces comerciales en Nueva York durante cinco años.
Lo que hay que tener en cuenta
Engoron dijo el jueves que pretende emitir su veredicto a finales de enero. Una vez que lo haga, es probable que Trump apele el fallo -suponiendo que no sea a su favor- y no está claro con qué rapidez podría ser obligado a pagar al Estado o entrarían en vigor otros castigos.
Engoron ya impuso varias penas contra la Organización Trump, ya que incluso antes de que comenzara el juicio declaró a los acusados responsables de fraude por declarar erróneamente el valor de sus activos. (El juicio siguió adelante por otras acusaciones.)
El juez ordenó cancelar los certificados comerciales de Trump como parte de esa sentencia, aunque un tribunal de apelaciones dejó en suspenso esa orden mientras se recurre.
El juez también nombró a un monitor independiente en noviembre de 2022 para supervisar las actividades de la Organización Trump, y el Estado quiere que ahora amplíe el control del monitor sobre la empresa durante al menos cinco años. La monitora Barbara Jones dijo a Engoron en noviembre que la Organización Trump no le había revelado 40 millones de dólares en préstamos, como estaban obligados a hacer.
Principal crítico
Trump se opuso firmemente al caso en su contra y negó cualquier delito, describiéndolo como una "caza de brujas" políticamente motivada. Trump habló en su propio nombre durante los alegatos finales el jueves, afirmando que el caso era un "fraude contra mí" y que debería recibir una indemnización por daños y perjuicios, en lugar de James. "Señoría, no hice nada malo, deberían pagarme a mí", dijo Trump a Engoron el jueves, alegando que James "me demandó para intentar conseguir publicidad".
Valoración de Forbes
Forbes estima el patrimonio neto de Trump en 2.600 millones de dólares a fecha de octubre, lo que le sitúa como la 1229ª persona más rica del mundo en el rastreador de riqueza en tiempo real de Forbes. Eso incluye unos 426 millones de dólares en efectivo y activos líquidos, que es lo que se utilizaría para pagar cualquier sanción económica impuesta por el tribunal.
Lo que sabemos
Qué tipo de impacto tendrá cualquier castigo impuesto contra Trump y sus coacusados. Con 426 millones de dólares de liquidez, una sentencia que obligue a Trump a pagar cerca de 370 millones de dólares podría suponer un problema importante para sus finanzas, sobre todo si se ve obligado a entregar el dinero rápidamente, en lugar de aferrarse a él mientras se desarrolla el proceso de apelación y potencialmente pagarlo en unos pocos años.
Aunque Trump se apartó en gran medida de los negocios de su empresa cuando se convirtió en presidente, sus hijos siguen dirigiendo las operaciones cotidianas de la Organización Trump -especialmente Eric-, por lo que es probable que una orden que les prohíba el sector inmobiliario en Nueva York tenga un mayor impacto. Queda por ver, sin embargo, si hay maniobras legales que los Trump podrían tomar para disminuir el impacto de las sanciones en su contra, como trasladar las operaciones comerciales fuera del estado.
Antecedentes
James acusó a Trump y a sus socios de haber falseado las valoraciones más de 200 veces entre 2011 y 2021, incluso en relación con propiedades importantes, como el valor de la finca de Trump en Mar-A-Lago y la declaración de una cantidad cuadrada incorrecta para el ático de Trump en Manhattan. En los alegatos finales del jueves, el Estado argumentó que Trump y sus coacusados tenían la intención de defraudar y enumeraron a propósito valoraciones falsas, alegando que la compañía estaba "quemando efectivo" entre 2014 y 2017 y necesitaba tasas de interés más bajas -que supuestamente obtuvieron utilizando las valoraciones falsas- para mantenerse a flote.
Los abogados de Trump argumentaron el jueves que no hubo delito y que el Estado no tenía pruebas para demostrar que Trump o sus asociados tuvieran conocimiento del fraude, atribuyendo cualquier cifra falsa a los contables de la empresa y alegando que un agente inmobiliario, y no Trump, fue el responsable de los falsos metros cuadrados del ático. (Grabaciones de audio publicadas por Forbes muestran que el propio Trump presionó para que el tamaño fuera incorrecto).
James pidió a Engoron que impusiera la multa de 370 millones de dólares a Trump cuando el Estado presentó su escrito de cierre ante el tribunal a principios de enero, después de que el fiscal general sólo hubiera pedido previamente que el juez impusiera un pago de 250 millones de dólares.