Es antipático pero impostergable. El recorte de los subsidios será una de las primeras acciones que deberá enfrentar el próximo gobierno para comenzar a trazar una línea hacia el camino del déficit cero. En el amplio paraguas de los subsidios ingresan naturalmente los servicios relacionados con la energía, el gas y los combustibles, en menor medida.
Con "La mano invisible" como cabecera, los libertarios desechan la posibilidad de tener tarifas subsidiadas, por lo que desde la fuerza que lidera Javier Milei se propone la eliminación lisa y llana de ellos.
Juntos por el Cambio ya lo hizo cuando gobernó con el nombre de Cambiemos. Después del doloroso sacudón que tuvieron las tarifas en el gobierno de Mauricio Macri, que golpearon de lleno especialmente a los bolsillos de los argentinos de clase media, el gobierno de Alberto Fernández retomó la práctica de pisar tarifas, hasta que no pudo sostenerla más.
Cercado por el FMI y las metas del acuerdo que firmó el exministro de Economía Martín Guzmán, su sucesor Sergio Massa debió tomar una medida antipopular: aplicó una segmentación que elevó en más de 100% la tarifa de luz para aquellos ciudadanos de altos ingresos. Massa logró apenas que el Gobierno pueda hacerlo sin afectar el humor social aunque todavía hay que ver cómo resulta cuando empiecen a acumularse las facturas en los hogares. Con un esquema de segmentación se apuntó, fiel a un supuesto estilo de justicia social, a los que más ganan.
También lo hizo amparado en las observaciones del FMI, que nunca entendió por qué los sectores de altos ingresos no abonan la tarifa plena. El Directorio del FMI fue claro en la última comunicación: "La implementación oportuna de medidas de alta calidad, particularmente mejorando la focalización de los subsidios a la energía y la asistencia social, ayudará a compensar los impuestos a la exportación más bajos debido a la sequía, proteger la infraestructura prioritaria y el gasto social, y asegurar los objetivos fiscales. Será fundamental garantizar que las tarifas de energía para usuarios residenciales y comerciales de altos ingresos avancen para alinearse completamente con los costos, incluyendo para reducir la regresividad del sistema".
Desde mayo, más de 5,3 millones hogares pasaron a pagar la tarifa plena de electricidad, lo que implica un incremento del más del 100% en las facturas. Un universo de 7,7 millones seguirá con el subsidio como hasta la fecha y 2,8 millones identificados como N3 (ingresos medios) son los que pagarán tarifa plena por encima del consumo de los 400 kwh.
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Las tarifas de gas se deciden a nivel nacional y acumulan una suba del 170% con respecto al año pasado. En este caso, el cálculo es más complejo porque el país fue dividido en diferentes regiones. De acuerdo a la Secretaría de Energía, existen 9,2 millones de usuarios de gas natural, de los cuales 3,5 millones quedaron registrados como de altos ingresos en el Nivel 1. A este grupo ya se le quitó la totalidad de los subsidios. Unos 2,3 millones quedaron en el Nivel 3, correspondiente a la clase media, y 3,4 millones permanecerán con la tarifa social. De acuerdo a las proyecciones de especialistas, el consumo promedio en el AMBA es de 950 m3 por año y la factura para el invierno tendría un costo promedio de $ 5.700 para los hogares de mayores ingresos, $4.300 para el N3 y los beneficiarios de Tarifa Social pagarían en el orden de los $2.700.
Soluciones
Nicolás Gadano es economista y referente en materia energética de la Fundación Pensar y el think tank de Juntos por el Cambio. "Tal vez la tercera es la vencida", responde cuando se le pregunta si formará parte del próximo Gobierno en caso de que gane la principal fuerza opositora, después de haber pasado por el Ministerio de Economía y por el BCRA en el gobierno de Macri.
"El gran esfuerzo que se hizo en el gobierno anterior de volver a pagar la energía algo parecido a lo que vale se esfumó desde 2019, cuando se las volvió a pisar para regresar al retraso tarifario", dice en diálogo con Forbes, y asegura: "La segmentación no me parece una buena idea, pero en el contexto en el que estamos al menos ha evitado que la tarifa media real siga cayendo, y por ende lograron frenar y revertir la tendencia fuerte de los subsidios que otra vez había aparecido".
Gadano sostiene que una política energética no puede estar desconectada de la macro. "Se debe trabajar de manera muy integrada con el equipo económico porque esto involucra precios, déficit fiscal, secuencias de aplicación. Pero el objetivo es normalizar el sistema de precios energéticos cuanto antes entendiendo que el punto de partida va a ser delicado y que no se puede aplicar un shock total". En este sentido, asegura que hay que apuntar a la tarifa social, figura que se aplicó durante los años del macrismo: "Se deben identificar los hogares vulnerables. El resto de los usuarios tienen que pagar lo que vale la energía".
El economista considera que, más allá del efecto fiscal de los subsidios, "tener precios irreales y baratos genera derroche. No es solo un tema de eficiencia energética sino de cambio climático y exceso de emisiones. Todos los países hacen lo contrario y ayudan a los hogares a cambiar equipos y no a derrochar".
Por otro lado, destaca el impacto de la distorsión provocada por el tipo de cambio. Costos dolarizados versus tarifas en pesos llevan a un combo insostenible. En este escenario, incluye no solo al gas y la electricidad, sino también a los combustibles líquidos (naftas, gasoil), cuyos valores están "retrasados y al tipo de cambio oficial".
¿En cuánto tiempo deberá el próximo Gobierno normalizar las tarifas? "La decisión del tiempo no está aislada, es absolutamente dependiente de la secuencia del programa de estabilización. Si se apunta a que después de determinados meses la inflación baje abruptamente, seguramente se tendrá el requisito de ordenar los precios relativos en orden. Si esa es la secuencia no se pueden dejar los aumentos para el año o año y medio porque puede complicar el programa antiinflacionario", indica Gadano.
"La Argentina está en una situación muy crítica porque no tiene ninguna fuente razonable para financiar el déficit. Seguro se va a tener que bajar el subsidio a la energía. No es el único pero es uno injusto y distorsivo, y que este Gobierno ya lo ha empezado a hacer. La idea de que el 70% de los usuarios puede estar ayudado por el Estado es un exceso", concluye.
En la misma línea, pero con un escenario más tiempista, se expresaron el Instituto General Mosconi y la Comisión de Energía de la Fundación Alem, que trabaja con los radicales de JxC y elaboró un documento con recomendaciones de política energética para los años 2023-2027. Propone una suba de tarifas en dos años, la regularización y fusión de los entes reguladores de las concesiones de electricidad y gas (Enre y Enargas), y la revisión de todos los proyectos en marcha.
"Se requiere llevar adelante una revisión tarifaria y una focalización de subsidios. El norte será que los mismos serán para sectores vulnerables, quienes deberán acreditar su condición ya sea a través de bases de datos con las que cuenta el Estado Nacional o a través de un sistema de presentación espontánea con asignación de beneficios condicionados a la comprobación previa de los medios de vida", dice el documento.
"El resto de la demanda deberá recorrer un sendero de recomposición que finalice con precios reconociendo la totalidad del costo de la energía consumida", destacan. Sugieren entonces una revisión tarifaria extraordinaria en electricidad y gas en los primeros 180 días y eliminar la ley de zona fría ampliada. Las propuestas suenan como música para los oídos de las empresas concesionarias de los distintos servicios que apuntan al retraso tarifario para explicar la demora en las inversiones. La ruta ya está marcada, es solo cuestión de tiempo.
