Más empleados estatales y menos privados: una receta para el estancamiento
Marcos Falcone Politólogo. Fundación Libertad
Con el dato final de 2022 que presentó el Ministerio de Trabajo, Argentina quedó cerca de tener 13 millones de trabajadores en blanco. Comparados con los casi 11 millones que existían en 2012, uno podría creer que tenemos por fin una buena noticia en el país. Pero la realidad es distinta.
Entre octubre de 2012 y octubre de 2022, la cantidad total de empleados registrados en el sector privado pasó de 6.063.455 a 6.231.203. A simple vista uno podría alegrarse de que el dato implique una suba, pero si se tiene en cuenta que la población creció desde alrededor de 41 millones de personas en 2012 hasta los 47 según el censo del año pasado lo cierto es que el empleo privado solo avanzó un 2,1% en el mismo período en el que la cantidad de habitantes subió un 15%. Si ajustamos por población, en definitiva, hay menos trabajadores privados hoy que diez años atrás.
La catástrofe laboral que anuncia el dato de empleo privado registrado, sin embargo, no termina ahí: su contracara es el aumento de trabajadores en blanco en el sector público. El salto de 2.648.297 a 3.382.991 configura un aumento del 33% que supera con creces la expansión poblacional, lo que implica efectivamente que tenemos hoy más estatales que hace diez años. Si se tiene en cuenta que entre 2012 y 2022 la economía no creció, la preocupación es aún mayor: estos nuevos empleados no se están pagando con riqueza genuina, sino que los privados están perdiendo a manos de ellos.
Para peor, el único rubro que crece más que el empleo estatal es el de los monotributistas, que pertenecen a grupos cada vez más pobres. En efecto, el número de “monotributistas sociales”, que tienen ingresos brutos que los ubican en la práctica por debajo de la línea de la pobreza, se incrementó en un 231%. Los monotributistas comunes, por otro lado, crecieron casi un 45% en cantidad; y si bien uno podría pensar que se trata de trabajadores realmente independientes, es de público conocimiento que el monotributo se usa para encubrir relaciones de dependencia que formalmente serían más caras tanto para el empleado como para el empleador. Por lo tanto, más monotributistas no es necesariamente más emprendedurismo, sino probablemente más pobreza dependiente.
¿Por qué los monotributistas son cada vez más pobres? Al uso indebido del monotributo como encubridor de relaciones de dependencia, que ocurre tanto en el sector público como en el privado, hay que sumarle la desactualización de los límites de facturación por causa del Estado desde hace dos décadas, que provoca que quienes están allí pertenezcan a un grupo con cada vez menos ingresos a lo largo del tiempo. Desde el lanzamiento de 1998 hasta hoy, el ingreso máximo que es posible facturar vía monotributo en términos reales ha caído un 75% medido en dólar blue.
Dado que se puede facturar cada vez menos con el monotributo, uno esperaría que los que se pasen del límite entren a la categoría de autónomos. Sin embargo, esto no es lo que sucede: la de autónomos es la única categoría donde hay menos trabajadores registrados entre 2012 y 2022. La caída del 4,2%, mucho mayor si se ajusta por población, es dramática pero lógica porque implica que a medida que sube la presión impositiva la respuesta no es pagar más impuestos sino dejar de trabajar o pasar a la informalidad.
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En este sentido, debe también tenerse en cuenta que la cantidad de beneficiarios de planes sociales no detuvo su crecimiento entre 2012 y 2022. Según un informe de IDESA, los 9,5 millones de planes sociales de hace una década se habían convertido en más de 12 en 2022. También aquí es posible ver un problema: si siempre es mayor la cantidad de personas que pueden vivir sin trabajar, los incentivos para buscar empleo serán siempre menos.
Como cualquiera que ofrezca o busque trabajo puede notar, las regulaciones para empleados y empleadores conspiran contra la creación de empleo de calidad. Que la carga impositiva directa que se debe pagar en ambos lados del mostrador es alta y puede hasta duplicar el costo de una relación laboral informal no es un hecho que pase desapercibido por ninguna de las dos partes, especialmente cuando no se ven contraprestaciones por parte del Estado o de los sindicatos que en la práctica los trabajadores están obligados a financiar. Pero más específicamente, las leyes laborales, las prácticas informales y la interpretación que la justicia hace de ellas desincentivan el riesgo empresarial: que el 99% de los juicios laborales los gane un empleado (independientemente de si tiene razón) o que gobiernos de distintos niveles hayan normalizado amenazas mafiosas como la “ley Moyano” no son gratuitos para la generación de empleo.
Las conclusiones que se pueden extraer del informe del Ministerio de Trabajo son alarmantes: hay cada vez menos trabajadores privados, muchos de ellos cada vez más pobres, que deben mantener a un número cada año más alto de trabajadores estatales. Un plan de acción para revertir esta situación tiene que tener, por lo tanto, dos objetivos: detener inmediatamente y luego reducir la planta de empleados del Estado, por un lado, y por el otro crear incentivos para que las personas quieran trabajar y los empresarios puedan ofrecer trabajo. Si este problema no se soluciona, no será fácil salir de la crisis: en lugar de agrandar la torta, seguiremos repartiéndonos las últimas migajas.
