El Antiguo Egipto, la milenaria China, el Imperio Romano, la Francia revolucionaria, la Alemania nazi, el Brasil de principios de siglo XX, los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, la URSS y nuestra Argentina tienen algo en común: en todos estos lugares se implementaron, en algún momento, controles de precios. Y en todos lados fracasaron. 

La información que nos brindan Robert Schuettinger y Eamonn Butler en 4000 años de controles de precios y salarios nos da una buena pista acerca del derrotero que llevarán los “Precios Justos” hoy impuestos por Sergio Massa y hasta hace poco tiempo también por Nicolás Maduro. Es verdad que el pasado no determina necesariamente el presente, pero también es cierto que si uno hace las mismas cosas consistentemente a lo largo del tiempo obtendrá los mismos resultados. 

Y los controles de precios tienen, en efecto, la misma característica una y otra vez: en el afán por limitar el alza de precios, se produce escasez. Como todos los que vamos al supermercado sabemos, los productos prometidos en los acuerdos no existen. Las empresas, que saben que pierden cuando producen productos por debajo de su precio de mercado, intentan salvar su situación con otros nuevos que cambian una mínima característica: de repente se ofrecen paquetes de galletitas de 151 gramos mientras el “oficial” de 150 no se puede encontrar. Alternativamente se ahorra en costos y lo que sea que se venda ya no tiene la calidad de antes. Cuando termina el congelamiento, los aumentos reprimidos suelen llegar con gran virulencia y anular cualquier beneficio que hubieran obtenido los consumidores previamente.

La clave para entender por qué los controles de precios nunca pueden funcionar en el mediano o largo plazo es que la causa más importante de la inflación no tiene nada que ver con la supuesta “codicia” empresarial que los gobiernos buscan reprimir con los congelamientos. Por el contrario, es sabido que la persistencia del déficit fiscal es la responsable de que todos los precios suban al mismo tiempo.

En la Argentina de 2022, como en cualquier lado, la financiación del déficit se da dos maneras: presente o futura. En cualquiera de los dos casos, la emisión monetaria aparece tarde o temprano; si el Tesoro no imprime dinero para conseguir el que le falta, entonces promete intereses atractivos para más adelante a los que quieran prestarle. Eso es lo que intenta hacer el ministro Massa hoy: “patear” hacia el futuro los vencimientos de deuda y llegar sin mayores sobresaltos a las elecciones de 2023. El congelamiento de precios, en este contexto, sirve para mostrar una “reducción” inflacionaria desde el pico de 7,4% en julio hasta el 4,9% de esta semana que en realidad no ataca sus causas.

En la medida en que el déficit fiscal siga existiendo y el gobierno siga sin ser demasiado creíble para pagar la deuda en el futuro, el problema de la inflación seguirá presente para los argentinos. En este sentido, Massa insiste en que cumplirá la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional y en que la variación interanual de los gastos primarios es negativa desde que él se hizo cargo de la cartera, lo cual es consistente con las quejas de parte de sectores del gobierno de que el “ajuste” los afecta a ellos. Y es aquí donde surge la principal duda sobre Massa: si asumimos que es cierto que quiere cumplir las metas de déficit fiscal, ¿hasta dónde puede hacerlo? Con un gobierno que tiene niveles de popularidad por el piso, su única esperanza tiene que ser el hecho de ser considerado como una bala de plata. Pero el enojo de los socios de la coalición no debe ser subestimado.

El problema, claro, es que el supuesto mismo de que haya un instinto de responsabilidad fiscal en Massa es altamente dudoso. El actual ministro, debe recordarse, fue funcionario del kirchnerismo mientras se creaba el descalabro fiscal más impactante (por lo rápido y profundo) de la historia argentina. Para peor, Massa insistió luego en su campaña presidencial y como opositor en la toma de medidas que le pongan “plata en el bolsillo a la gente”, que no son sino un eufemismo para decir que en el fondo siempre quiere más gasto público. Entonces, si Massa consigue una limitada y lenta reducción de ese gasto, ¿para qué lo hace? ¿Cómo puede alguien pensar que, en el minuto en el que se le termine la restricción política que tiene hoy, no volverá al sendero de despilfarro del que ya ha sido parte? Quizás sea más inteligente y piense que el equilibrio fiscal le puede traer beneficios en su carrera política futura, pero la experiencia no nos da margen para pensar que ese es el caso.

Los congelamientos de precios, en definitiva, ayudan a que Massa obtenga un respiro momentáneo, pero los problemas estructurales de su forma de hacer política siguen allí. De hecho, sus acciones podrían perjudicarlo a él mismo: si reprime demasiado los precios, apuesta a ser el candidato presidencial del kirchnerismo en 2023 y gana, se encontrará con una bomba que en algún momento le estallará. A la vez, los beneficios que obtiene hoy no son demasiado espectaculares. La “ventajita” en el corto plazo que siempre ha tratado de sacar Massa a la hora de actuar, en síntesis, acaso encuentre un límite en el largo si las piezas de su rompecabezas no encajan exactamente como deberían encajar.

Precios Justos, así como las decenas de nuevos impuestos creados por el kirchnerismo en estos tres años y diversas regulaciones y trabas, rompen todavía un poco más a una economía ya rota y a la que le será difícil quitarse de encima tantos parches. A medida que los efectos de los stocks consumidos por el kirchnerismo durante estos años desaparecen (como las jubilaciones privadas o las empresas estatizadas), se necesitan cada vez más alambres para atar lo que está desatado, y cada vez más deuda inflacionaria para cubrir el déficit. Hasta que, en algún momento, la estructura termine de ceder.