A pocos días del cierre de listas, el dato de inflación de mayo supone un respiro para el gobierno, que, tras cinco meses de aceleración del índice de precios -la última vez que se registraron seis subas consecutivas fue en 1989-, logró revertir la tendencia con un registro del 7,8%. 

Aunque de buenas a primeras el dato se supone positivo, sigue siendo alto y con una inflación núcleo corriendo al 7,8% y regulados que se ubican en 9% en un contexto en el que urge la corrección de precios relativos, la desaceleración parece responder más a una combinación de pequeños golpes de suerte que afectaron los precios de algunos productos específicos que a un cambio real y sostenible en la dinámica inflacionaria.  
 

El principal factor que influyó en este sentido fueros los alimentos, que registraron una suba del 5,8% y marcaron una fuerte desaceleración respecto al dato de abril (10,1%). Considerando los datos para GBA (los datos a nivel región se publican con mayor desagregación que a nivel nacional y por ser la de mayor población GBA resulta la más representativa), la inflación en alimentos fue del 5,7% contenida por la moderada suba en el precio de las carnes (1,5%) y la caída en el precio de las frutas (4,1%). Respecto a estas últimas destacó la caída en el precio de la naranja, que luego de varios meses al alza (hasta abril acumulaba en el año una suba del 238%) por la sequía y los altos costos de refrigeración, mejoró su oferta con la entrada de la nueva cosecha. En cuanto a las carnes, el pollo registró una caída luego del alza experimentada el mes pasado producto de la ola de calor de marzo que afectó la producción. Los precios de la carne vacuna experimentaron un aumento leve, todavía impactadas por la sobreoferta de ganado que mantiene deprimidos los precios producto de la sequía y el encarecimiento de la cría y reproducción de los animales. 
 

Si se excluyesen estas dos categorías, sin embargo, la inflación general en GBA alcanzaría el 8,8%, marcando una aceleración respecto al registro de abril. Este resultado no es una sorpresa: detrás del dato de inflación, los desbalances macroeconómicos que subyacen construyen un esquema que sólo cierra con la nominalidad al alza y entre más se dilata la corrección necesaria, mayor es el riesgo de una ruptura violenta que derive en una espiralización de los precios. 
 

Hoy el objetivo de llegar a las elecciones sin devaluar es bandera y mientras la sangría de reservas continúa, no queda piedra sin levantar con tal de conseguir dólares frescos que alivien la situación. Con el fin de la última edición del dólar soja, las reservas netas volvieron a ubicarse en valores negativos (el pasado miércoles 16 de junio, alcanzaban los -1571 millones de USD) y la capacidad de intervenir en la brecha frente a una potencial corrida de los dólares financieros que impacte en la inflación se ve cada vez más limitada. Mientras tanto el crawling crece a una tasa promedio del 7,1% mensual, y continúa atrasándose cada vez más respecto a la inflación. La única contención al deterioro de las reservas son las restricciones a las importaciones y de acceso al MULC, que cada vez se hacen mas extensivas a los distintos bienes y servicios y contribuyen al freno de la actividad que, aunque aún continúa creciendo, lo hace cada vez a un ritmo más lento. En paralelo, las restricciones impactan en precios vía cantidades pero también por la creciente necesidad de las empresas de financiarse con dólares propios (en el mercado paralelo), lo que suma volatilidad y amplía la búsqueda de cobertura vía precios más altos.   
 

Por otro lado, el efecto negativo de la sequía no se limita a las reservas, contribuyendo también a la reducción de la recaudación vía caída de los Derechos a las exportaciones. Así, a pesar de la baja en el gasto, el rojo de las cuentas públicas se mantiene y, hasta abril, el déficit acumulado era del 0.57% del PIB. En este sentido, la posibilidad de utilizar las tarifas como ancla resulta inviable, considerando el congelamiento que se sostuvo entre el 2019 y 2022 distorsionando los precios relativos y contribuyendo de forma creciente al gasto. En este contexto, y condicionado además por las imposiciones del FMI, el desarme del esquema de subsidios tarifarios se volvió una necesidad y, aunque sano para las cuentas fiscales, el impacto sobre la inflación es no menor -en particular si se considera el gradualismo de la corrección que fija un nuevo piso a la inflación todos los meses-. 
 

Con las cuentas en rojo y para peor, en pleno año electoral, la necesidad del Tesoro de financiarse se agudiza. Para mediados de mayo los adelantos transitorios ya acumulaban $670.000 millones -considerablemente por encima del objetivo de $372.800 millones para el junio-. A pesar de esto, la base monetaria se mantuvo relativamente constante, en tanto el excedente de pesos se volcó al mercado creciendo los pasivos remunerados. En cuanto a la deuda en pesos, las últimas licitaciones muestran, en términos generales, una reducción de la participación de los privados en detrimento de los organismos públicos, un acortamiento de los vencimientos y tasas que cada vez se requieren más altas para evitar una salida masiva que presione sobre el tipo de cambio (y por tanto sobre la inflación) y permita continuar roleando la deuda. Si bien no hay un crecimiento marcado de la base monetaria hoy, la emisión vía adelantos transitorios y para financiar al mercado de pesos implican la expectativa de su crecimiento a futuro, lo que impulsa la búsqueda de cobertura via suba de precios.  
 

En este proceso, los salarios vienen actuando como variable de ajuste y aunque la economía y el empleo crecen, lo hacen a costa de minar el poder adquisitivo de los trabajadores (desde diciembre de 2016 los salarios se redujeron un 20% en términos reales). Con poco margen para continuar reduciéndose, la pelea por empatar salarios e inflación se agudiza y amenaza con contribuir a la espiralización de los precios.  
 

Mientras tanto, la única política antiinflacionaria explícita que lleva adelante el gobierno es el Programa Precios Justos, que ya se expandió a una variedad de rubros y canales de venta. Aunque las políticas de congelamiento de precios pueden ser efectivas en algunos contextos particulares, las distorsiones que generan y la dificultad que suponen en términos de control y sostenimiento implican que no pueden ser utilizadas como única política relevante para reducir la inflación si no se ataca en paralelo las bases macroeconómicas que la generan. 
 

Es en este contexto pensar en una desaceleración de la inflación sostenida en los próximos meses resulta difícil, en particular en un escenario donde el panorama electoral se perfila de tercios y aún no se vislumbran ganadores -ni rumbos de política económica- claros. Coordinar una salida de este esquema que no sea explosiva y se sostenga a largo plazo va a requerir de un plan de estabilización de precisión casi quirúrgica, con consenso político y social, que reordene la economía desde las bases y redireccione las expectativas. Un desafío para nada fácil.

*Economista y analista de Eco Go.