En este comienzo de año electoral, las discusiones de economía y negocios parecen estar un paso más adelante que las de política. Nada está dicho respecto de quién será el sucesor de Alberto Fernández en la presidencia; sin embargo, las encuestas indican que el gobierno no es el favorito para ganar en octubre, por lo que todos los ojos comienzan a apuntar a Juntos por el Cambio y a cómo será la gestión económica del Estado a partir del 11 de diciembre. Y uno de los temas más polémicos de los últimos días ha sido el destino del cepo cambiario.

Dentro de Juntos por el Cambio, el discurso económico imperante sostiene que no será posible levantar las múltiples restricciones cambiarias en los primeros días del próximo gobierno. El argumento que se esgrime en este sentido es que la herencia que recibirá el futuro presidente es bastante peor que la de 2015, algo que en términos de inflación es estrictamente cierto: mientras en aquel momento el índice rondaba los 25 puntos, hoy ese incremento supera el 100% interanual. Ocho años atrás, una de las preocupaciones por eliminar el cepo inmediatamente era su impacto en los precios, debido a que había varias actividades que accedían a dólares “baratos” pero que de buenas a primeras pasarían a pagar precios de mercado y trasladarían esos aumentos a los consumidores: desde este punto de vista, si ya había un riesgo de espiralización inflacionaria en 2015, la situación de 2023 es demasiado peligrosa.

Pero este argumento conservador respecto del cepo cambiario, en realidad, también aparece sustentado por problemas que anticipa la oposición respecto de su propio accionar. En efecto, los equipos económicos de JxC no defienden el mantenimiento del cepo solamente por el miedo al descontrol en la inflación, sino también porque su levantamiento no va a implicar necesariamente una entrada elevada de capitales como sí ocurrió en 2015. Esta vez, la desconfianza también los alcanza a ellos.

Los mercados financieros, aún si en el largo plazo tienen poca memoria, están en una situación expectante respecto del cambio de gobierno pero ya han comprendido que una potencial derrota del kirchnerismo no significa que no pueda volver al poder y que un triunfo de la oposición no implica un ajuste automático. Hacia fines de 2015, el triunfo de Macri alimentó expectativas de que la racionalidad económica se apoderara de ese y de futuros gobiernos, pero pronto se vio que no sería necesariamente así: no solamente el kirchnerismo continuó con su relato delirante acerca de los problemas económicos que sufre el país, sino que además la administración de Cambiemos no tuvo como prioridad eliminar el déficit fiscal y avanzar en reformas hasta que no sufrió una crisis de confianza. En diciembre de 2015, los agentes económicos no podían tener este conocimiento, y por eso la salida del cepo fue exitosa: si la política monetaria de Macri iba a ser consistente con la fiscal, entonces no había motivos para dudar y los dólares podían fluir. El contexto, entonces, es hoy distinto, pero no solamente por la inflación.

En realidad, lo que parece estar ocurriendo es que JxC anticipa que no levantará el cepo cambiario en lo inmediato porque no habrá shock fiscal ni reformas rápidas. Si hubiera indicadores de que los frentes fiscal, previsional o laboral, por ejemplo, se atacarán de forma decisiva y definitiva, entonces el mercado reaccionaría tan bien como lo hizo en 2015; pero como no los hay, levantar el cepo no le proporcionará ningún éxito contundente al nuevo gobierno en términos de financiamiento externo como sí ocurrió en el caso de Macri.

Por lo tanto, la discusión por el levantamiento del cepo y el consenso en los equipos económicos de JxC esconde un grave problema, que es el de la indecisión por terminar con los desequilibrios que sufre la Argentina. Algo similar ocurría en los últimos años del gobierno de Alfonsín, donde desde la propia administración se declamaba que había que llevar a cabo un alto número de reformas (eliminar el déficit, privatizar, liberar el mercado de cambios, flexibilizar el mercado laboral) al mismo tiempo que se decía que esas mismas reformas no se podían hacer. JxC todavía no ganó la elección pero si eso ocurre, así como hace 40 años era Alsogaray desde la Ucedé el que presionaba desde afuera para liberalizar a los partidos políticos, también esta vez los movimientos liberalizadores estarán en franca minoría.

Levantar el cepo cambiario el 10 de diciembre es posible y haberlo hecho inmediatamente en 2015 fue un acierto del gobierno de Mauricio Macri. Pero repetir ese éxito, esta vez, requiere de una decisión política de avanzar en reformas liberalizadoras sin dar marcha atrás ante las inevitables protestas que sobrevengan por el fin de los privilegios para pocos. Es allí donde el espíritu liberal del próximo gobierno se pondrá a prueba, si es que existe, porque no podrá haber cambio en la Argentina sin sufrimiento. Si el gobierno entrante entiende este problema y actúa en consecuencia, tendrá éxito; si no lo hace, fracasará.