El nuevo SIRA: entre la torpeza, la discrecionalidad del Gobierno, y la injusticia
Marcos Falcone Politólogo. Fundación Libertad
En el marco de las medidas anunciadas por el ministro de Economía Sergio Massa con el fin de aumentar el nivel de reservas del Banco Central se puso en marcha hace algunas semanas el nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), un régimen por el cual todo el que quiera hacer compras en el exterior tiene que pasar para que sus operaciones de cambio de divisas sean aprobadas. Ninguna medida es inocente: la razón de este cambio tiene que ver esencialmente con la existencia de importaciones bajo el antiguo sistema SIMI que estaban siendo autorizadas por vía judicial ante la demora del gobierno en emitir autorizaciones. Con el nuevo SIRA, el gobierno ha bloqueado los CUITs de muchos que previamente tenían medidas cautelares a su favor: dicho en otras palabras, el gobierno ha cerrado el grifo de dólares oficiales por algo de tiempo. Los juicios, naturalmente, están al caer.
Mientras tanto, el nuevo SIRA implica en la práctica un aumento del control del gobierno sobre los importadores. Como era previsible, ya el propio inicio del sistema se demoró por semanas y provocó un cuello de botella crítico para sectores en teoría “estratégicos” como Vaca Muerta, que depende de importaciones para poder fracturar. Pero también después de la entrada en vigor del sistema, se han registrado múltiples quejas desde distintos sectores acerca de la dificultad que entraña en términos burocráticos y también en las relaciones directas de los productores con sus proveedores. En efecto, como ya no se puede acceder a pagos anticipados y a operaciones de cambio inmediatas, los plazos de fechas de pago se han extendido hasta 200 días, una situación insostenible para los que dependen de pagarles a quienes les suministran mercadería para que lo sigan haciendo.
Este escenario caótico para los importadores tiene origen, como el propio gobierno reconoce, en la falta de dólares; pero a su vez esa situación deriva del absurdo valor del dólar oficial, algo que el gobierno no reconoce. La insistencia con mantener artificialmente bajo el precio del dólar hizo que los importadores se apuraran a hacer todas las operaciones de importación que pudieran para conseguir un subsidio equivalente del orden del 50%. De más está decir que si existiera un solo tipo de cambio en la Argentina, como en casi todos los países normales, este problema no existiría y nadie siquiera sabría qué es el SIRA.
La devaluación, sin embargo, es inevitable, y si no ocurre de una manera entonces ocurre de otra. Ya ocurrió con el “dólar soja”, que le permitió al gobierno acumular reservas a través de un tipo de cambio diferencial para el campo y al costo de una emisión monetaria monstruosa que acelerará la inflación. En el otro lado del mostrador, ahora la estrategia del gobierno pasa por ahogar a los importadores con plazos que saben que no pueden sostener pero al mismo tiempo habilitar la importación libre a dólar MEP con dólares provistos por los propios privados. En el enrevesado sistema de creencias de los equipos del gobierno, esto tiene sentido: no podía ser nunca sostenible en el tiempo la idea de pagarles 200 pesos por dólar a los exportadores y luego vendérselos a 150 a los importadores. Pero al mismo tiempo, uno bien puede preguntarse desde la óptica del gobierno si reconocer valores más altos no tendrá un impacto equivalente en los precios, que es precisamente la razón por la cual el cepo cambiario existe en primer lugar.
El problema más general, como ya es una costumbre en la administración kirchnerista, es que su sistema de creencias es equivocado. Intervenir un precio puede hacer parecer que la intervención de otro precio sea la respuesta correcta al desequilibrio original, pero en realidad la respuesta a ese problema que la teoría y la ciencia económica han dado a lo largo de la historia es que la primera distorsión debe desaparecer. De otra manera, el “corset” que se va imponiendo sobre la economía termina por paralizarla.
Y es que, en líneas generales, los faltantes y la imprevisibilidad que derivan de la dependencia del gobierno para operar un negocio dañan a todos: los productores se quedan sin vender y los consumidores se quedan sin comprar. El tiempo que las madereras pierden en ver cómo consiguen sales para impregnar la madera, el tiempo que las heladerías pierden en ver cómo consiguen chocolate para hacer helado, el tiempo que los talleres mecánicos pierden en ver cómo consiguen repuestos para los autos: todo tiene un costo y al final siempre son los consumidores finales los que lo pagan. Algunos casos pueden parecer inocuos (aunque este ciertamente no es el caso para los que dependen, por ejemplo, de insumos médicos extranjeros): pero el efecto dominó que tiene la pérdida de ingresos en cualquier lugar se extiende al resto de la economía.
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Además de estas consecuencias, sin embargo, no es menor un hecho que tampoco puede pasarse por alto a la hora de analizar el nuevo SIRA y otras medidas cambiarias, que es que el grado de intervención gubernamental que habilitan abre la puerta a todo tipo de injusticias. Los importadores que se “porten bien” y no judicialicen el sistema serán presumiblemente premiados con plazos más cortos, pero también los que simplemente sean amigos del poder o los que encuentren en la corrupción una forma de sobrepasar la burocracia. Si el gobierno puede decidir quién recibe dólares y quién no, los ciudadanos pasan a depender de su buena voluntad y la arbitrariedad se vuelve prácticamente inevitable.
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El gobierno, en síntesis, continúa el peligroso e inmoral juego de devaluar sin devaluar: desordena la economía, perjudica a productores y consumidores, pero al mismo tiempo mantiene los privilegios para sus amigos. Como buen producto de la desesperación ante un hecho que tarde o temprano será inevitable, el sistema es insostenible y sabemos que termina mal: la única pregunta es cuándo.
