La historia se repite como un loop. El campo produce, exporta, genera recursos, reinvierte, y el ciclo vuelve a empezar. Este circuito genera una atracción particular para un Estado deficitario que, a la hora de obtener recursos, encuentra en el campo a su dilecto socio económico local y maneja las retenciones y aperturas y cierres de mercados de acuerdo con sus necesidades.
Esta relación con el campo ya sucedió con los gobiernos anteriores, y el de Alberto Fernández está lejos de ser la excepción. Menos ahora, con un nuevo acuerdo con el FMI que les imprime a las cuentas públicas una presión mayor. A ello hay que sumarle el contexto internacional, donde los precios de las commodities subieron alcanzando valores más que atractivos. Recaudar más es el nuevo mantra, y las opciones son escasas.
A pesar de la sequía que trajo la Niña, que provocó importantes incendios en varias provincias argentinas impactando en áreas productivas, como consecuencia de los precios internacionales las exportaciones agrícolas superarían este año los US$ 40.000 millones, de acuerdo con una estimación que fue presentada en Expoagro 2022. Según un informe de la Bolsa de Cereales, el aporte del sector a la recaudación fiscal alcanzaría los US$ 16.000 millones, y el Producto Bruto Agrícola los US$ 48.000 millones.
El impacto de las sequías de comienzo de año en cosechas provocó una merma en las estimaciones. En este escenario, la producción de maíz reportó un recorte de 6 millones de toneladas (MTn), lo que representa un 10,5% menos de la estimación inicial de 57 MTn. La producción de soja registró una caída de 2 MTn (una merma del 4,5% con respecto a la estimación de producción inicial de 44 MTn), y la producción de girasol sufrió una reducción de 200 mTn.
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“La disminución de las cantidades producidas tendrá consecuencias negativas sobre los volúmenes de molienda y exportaciones de granos y subproductos de Argentina. No obstante, los niveles récord de precios internacionales que estamos registrando permitirían compensar la disminución de la producción y resultar en una nueva contribución récord del sector a los principales agregados económicos”, subraya el economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Agustín Tejeda.
Desde la consultora económica Invecq calculan que, gracias a la suba internacional de los precios de los productos agroindustriales, Argentina recibirá este año unos US$ 4.000 millones más de los planificados inicialmente.
Pero aquí es donde la lectura debe ser más global. La falta de apoyo de la oposición al plan de Gobierno para alcanzar las metas acordadas con el FMI y lograr así el Plan de Facilidades Extendidas le terminaron agregando una tensión extra a la relación con el campo. El Gobierno debe reducir el déficit a un 2,5% del PBI, y para ello deberá aumentar los ingresos, dado que las reformas de fondo para reducir gastos no están incluidas en la propuesta acordada. Para cumplir con este proceso se fija un esquema de actualización de tarifas que fue calculado previo al escenario de guerra entre Rusia y Ucrania.
“En el memorándum acordado con el FMI hay metas y hay indicaciones: lo que te dispara un incumplimiento es una meta. El Fondo dice que hay que bajar medio punto el déficit fiscal, esa es la meta, y sugiere que se haga bajando subsidios. Si no es por esa vía, pero se baja el déficit, para el FMI está cumplido”, explicó Emmanuel Álvarez Agis en una charla en Expoagro, en la que destacó que “el papel fue escrito antes de la invasión de Rusia a Ucrania”. Así, el economista y exfuncionario del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner advirtió que las proyecciones de suba del 40% de las tarifas que provocarían una baja en los subsidios cerraban al momento pre-guerra. “En la realidad, para esa reducción de subsidios se necesita entre 60% y 70% de aumento de tarifas. Viene la guerra y con estos precios hay que triplicar el número para bajar los subsidios”, añadió.
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Álvarez Agis aseguró que la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania hará que el FMI tenga que rediscutir subsidios ya que pone en riesgo el cumplimiento de la pauta fiscal: “Argentina importa el 20% del combustible que consume. El año pasado ese porcentaje se importó a un mix de precios en los que dos tercios se lo hizo a US$ 8 en los barcos que trae Cammesa y un tercio a US$ 6 de Bolivia. Bolivia ya avisó que nos va a mandar 30% menos y el GNL que estaba a US$ 8 pasó a US$ 55. Nuestra cuenta es que a US$ 30 el GNL, y con los precios de los granos de la primera semana de marzo, Argentina tenía que pagar un sobrecosto de US$ 3.800 millones que se compensaba por lo que viene de más por el trigo y por la soja y el maíz. Esa cuenta daba un saldo positivo por US$ 3.000 millones, pero si subía US$ 10 más la ecuación era negativa. Subió US$ 15”, graficó.
MIRAR EL CORTO PLAZO
Esta realidad es la que explica la necesidad de incrementar las fuentes de recursos y, para esa misión, el campo tiene comprados todos los números de la rifa. De allí la decisión que se conoció a mediados de marzo de, en principio, cerrar por un tiempo limitado las exportaciones de aceite y harina de soja, pocos días después de que el Gobierno se paseara por los stands de la muestra agrícola a cielo abierto más grande de la región.
La noticia generó enojo y confusión. Se entendió que el cierre es la antesala a la suba de dos puntos de las retenciones de esos subproductos. O sea, la maniobra para subir los derechos de exportación y así poder recaudar más aprovechando la suba de los precios internacionales.
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), lo hizo público: “La justificación del ministro de Economía, Martín Guzmán, es que la agroindustria tiene que pagar la cuenta del gas importado”.
La Bolsa de Cereales analizó el impacto de la medida y determinó que para 2021/22, considerando las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior ya emitidas, se podría incrementar la recaudación en US$ 425 millones (US$ 265 millones para harina de soja y US$ 160 millones en aceite) y consignó que en el último mes la recaudación esperada por derechos de exportación se incrementó en US$ 1.200 millones, producto de los precios impulsados por la sequía y el conflicto en el Mar Negro.
El trabajo precisa: “Desde el punto de vista fiscal, la medida tendría un impacto relativamente menor sobre la recaudación por derechos de exportación. Para la campaña 2021/22, donde el nuevo esquema de DEX afectará a los subproductos de soja, se proyectan exportaciones de harina de soja por 27,5 Mtn y de aceite por 5,8 Mtn. No obstante, dado que 3,9 Mtn de harina y 1,1 Mtn de aceite ya se encuentran con DJVE y han tributado los respectivos derechos, el Estado solamente podría recaudar US$ 265 millones adicionales provenientes de la harina de soja y US$ 160 millones del aceite. Es decir, la medida incrementaría la recaudación fiscal por DEX en US$ 425 millones, un 5% adicional a la recaudación total por este tributo por las cadenas de cultivos estimada en US$ 9.000 millones para 2022”, sostiene.
Pero advierte que, para que se materialice este incremento en la recaudación fiscal, el ritmo de la comercialización de soja no debería verse afectado. Alerta que, como los porotos de soja que se industrializarán en esta campaña aún se encuentran en los campos sin cosechar, cualquier cambio en las reglas de juego afecta al comportamiento de la comercialización. “Actualmente, se comercializó el 21% de la producción estimada para el ciclo 2021/22, cuando a mismo momento del año pasado la comercialización alcanzaba el 26%”, explica el trabajo.
Además, el informe apunta a un tema que ya fue planteado en la Justicia por la Sociedad Rural Argentina: la ilegalidad de las retenciones. Con media biblioteca de un lado y la otra mitad de otro, las posiciones sobre si las retenciones son legales con un presupuesto que no fue aprobado en el Congreso vuelven a plantearse cada vez que la relación se tensa.
Y la tirantez está a punto de cumplir un año. El 19 de mayo, el Gobierno anunció el cierre de las exportaciones de carnes, solo permitiendo los envíos a contingentes arancelarios de Argentina. El objetivo era frenar la suba de la carne al mostrador. No se logró, pero lo que sí se consiguió fue, según analistas de mercado, que se perdieran divisas por US$ 400 millones.
Cuando a comienzos de año se esperaba que la medida se relajara por completo y se abrieran completamente las exportaciones, el Ministerio de Agricultura debutó el Boletín Oficial 2022 con una resolución en la que mantiene hasta finales del 2023 la suspensión para exportar siete cortes. La prolongación en el tiempo de esta prohibición alteró los ánimos de los productores, que desde el año pasado reclaman a los dirigentes acciones más decisivas. El 2022 recién comienza, restan casi dos años de gestión de Alberto Fernández y el vínculo entre el Gobierno y el campo aparece cada vez más distante