El campo transita uno de los peores momentos en décadas. La Niña, las heladas y el calor extremo de finales de febrero y comienzos de marzo empeoraron hasta los resultados más agoreros.
La crítica situación atravesó la última muestra a cielo abierto más grande de la región, Expoagro, donde, más allá de tratarse de un encuentro agroindustrial al que el productor va a cerrar negocios o a comprar la nueva maquinaria que necesita con créditos blandos, la seca se hizo presente. Días agobiantes a pleno rayo de sol atravesaron la exposición, como para recordarles a los hombres y mujeres de campo el momento climático que está atravesando
Las proyecciones no encuentran piso. El último pronóstico de la Bolsa de Comercio de Rosario indica que el costo de la sequía ya ascendió a US$ 14.140 millones si solo se consideran los tres cultivos claves: soja, trigo y maíz, responsables del 87% de la producción de granos en Argentina y del 43% de las exportaciones totales del país. Si a eso se le suma el impacto de menor demanda de fletes, labores y servicios financieros, entre otros, las pérdidas totales para la actividad económica nacional pueden llegar a los US$ 19.000 millones.
En otras palabras, la sequía ya se ha cobrado 3 puntos del PBI argentino estimado para el año 2023. “Ya tenemos que analizar las perspectivas de 2024 porque, teniendo en cuenta la sequía, este 2023 está perdido, y me parece que eso va a complicar no solo al actual gobierno, sino también al próximo”, aseguró tajante Emmanuel Álvarez Agis en su exposición durante Expoagro.
El economista, exfuncionario del Ministerio de Economía durante el segundo mandato de Cristina Fernández, se convirtió con su consultora PXQ en una de las voces que escucha el círculo rojo: “Estamos atravesando la peor sequía del siglo y eso tendrá un impacto negativo muy fuerte en un año en el que estamos muy cortos de dólares. El Gobierno hoy tiene un desafío, porque en las tres o cuatro sequías que tuvimos en este siglo la economía cayó, entonces sería muy difícil, con los pocos recursos que tenemos ahora, y con lo débil que viene la economía, que evitáramos esta crítica situación. No solo no va a mejorar, va a empeorar”.
Los datos de la Fundación Mediterránea del impacto de la seca en el PBI coinciden con los de la Bolsa de Comercio. En el segundo trimestre del año se tendrá que computar el impacto de la sequía sobre el PBI: “En términos anuales, cada 10 puntos porcentuales de merma de la producción agroindustrial resta aproximadamente un punto porcentual a la variación PBI. Las estimaciones más recientes acercan el recorte de granos cosechados al 30% respecto de la campaña anterior”. De esta forma llega al mismo 3% que indicó la Bolsa de Comercio de Rosario. El golpe de la producción agropecuaria se traslada a los guarismos que pueden arrojar las exportaciones.
Según el informe de la entidad rosarina, las exportaciones netas de los complejos trigo, soja y maíz, incluyendo los despachos de aceites, harinas, biodiesel y demás productos obtenidos por el procesamiento de los granos, suponen un nivel de ingreso de divisas para la campaña 2022/23 que cae a US$ 21.740 millones, US$ 13.950 millones por debajo de la anterior campaña 2021/22 y US$ 14.240 millones por detrás de lo que se proyectaba al momento de las siembras, en septiembre de 2022.
Como consecuencia de esta baja en las exportaciones, la recaudación por derechos de exportación podría superar los US$ 2.314 millones respecto de lo proyectado al momento de la siembra. Además, se perderían US$ 3.742 millones por otros impuestos entre los que figuran Ganancias, que suma- dos darían un golpe para las arcas por poco más de US$ 6.000 millones.
El guarismo puede ser incluso peor. Las estimaciones de la consultora privada Ledesma ya advierten que el golpe en la recaudación será superior y llegará a los US$ 8.000 millones. El trabajo privado estima que la cosecha de cereales se reducirá a 77,9 millones de toneladas contra las 128 millones toneladas calculadas meses atrás.
La recolección de soja descendería de 50 millones a 27 millones de toneladas; la de maíz, de 55,2 millones a 35 millones de toneladas; la de girasol trigo, de 19,3 millones a 12,4 millones de toneladas, mientras que la de girasol se mantendría estable. Con los precios actuales, la soja generaría ingresos por US$ 16.686 millones con una pérdida de US$ 14.214 millones. El maíz recaudaría US$ 10.570 millones de los US$ 16.670 millones proyectados. Y el trigo sumaría US$ 4.662 millones contra los US$ 7.256 millones proyectados.
De esta forma, los ingresos totales serían de US$ 33.843 millones, frente a los US$ 56.752,2 millones que se habían calculado al momento de comenzar la siembra. Esto representa una caída de 25,9% contra los valores exportados en 2022. El trabajo fue realizado en base a datos de CREA, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Secretaría de Agricultura.
El golpe de esta seca no impacta solo en el corazón y el bolsillo del productor y del Estado, sino en las metas acordadas por el Gobierno con el FMI. La definición de un ajuste en las metas que realizaron desde la India el pro- pio jefe del Palacio de Hacienda y la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, dan cuenta de la gravedad del problema y el acrecentamiento de las dificultades de la Argentina para cumplir con sus compromisos, y fueron la razón que esgrimieron a la hora de recalcular las metas.
Las dificultades climáticas y la demora en la ayuda prometida por el Gobierno está además calentando el humor de las bases. Tras el encuentro de productores en el cruce de las rutas 9 y la 90, la Mesa de Enlace se llevó el mandato de presionar al Gobierno para que los anuncios se concreten. En el medio, el BCRA extendió el plazo de una medida que castiga con crédito más caro a los productores del agro que acopien y no liquiden su cosecha. Se trata de una decisión que había sido tomada en septiembre del año pasado, en el marco de la primera edición del programa dólar soja.
“El Gobierno nacional sigue sin escuchar el reclamo de los productores agropecuarios volviendo a encarecer los créditos financieros en el marco de una sequía histórica y un contexto económico general muy complicado. Pareciera que nos quieren fundir, en vez de estar preocupados por que la producción pueda recuperar su capital de trabajo y la macro genere divisas genuinas y arraigo en el interior del país”, señaló el dirigente Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina.
La norma original, la A7600, establecía una tasa mínima de interés del 120% sobre la tasa de LELIQ para los productores de soja que no liquiden más del 95% de su cosecha. La medida aplicaba en ese momento “a todas las líneas de financiamiento en pesos, cualquiera sea la forma de instrumentación, y es complementaria al programa que puso en marcha el Gobierno para que los productores liquiden divisas por exportación de soja a $ 200 por dólar”.
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La norma, que vencía a comienzos de marzo, fue renovada y el directorio del BCRA decidió prorrogarla hasta el 31 de diciembre de este año. Esta medida podría ser entendida como un intento de obligar a los productores a liquidar o de ser una nueva señal para retomar la idea de otro dólar diferenciado para los exportadores, algo que solo toca de cerca a un puñado de empresas pero no al productor que se levanta con la salida del sol.
Por ahora, el principal reclamo del campo –la eliminación de las retenciones– figura cada vez más lejos en la agenda del Gobierno. Los referentes de la oposición lo incluyen en su propuesta de campaña pero conocen la dificultad de cumplir con el pedido. Mientras, el campo pide auxilio a viva voz.
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