A los tropiezos, cada año, Argentina llega a finales de diciembre con las tareas hechas para, en el mejor de los casos, aprobar con lo justo. Lejos se está de llegar a los objetivos que la harían ganarse un 7 y promocionar. Para ello, los especialistas coinciden en apuntar a la necesidad de comenzar a diseñar las tan mentadas reformas estructurales que podrían elevar a la Argentina a ese estatus de país desarrollado. La ausencia de estas la deja siempre en la condición de en desarrollo y hasta de frontera, como indicó el MSCI en su calificación de mercado.
Las reformas son siempre las mismas y nunca encaradas, con la excepción de alguna acción dispuesta en los años de la presidencia de Carlos Saúl Menem. No lo hizo Mauricio Macri, no las hará Alberto Fernández y difícilmente pueda encararlas quien gane las elecciones del 2024. Las variables se hacen cada vez más difíciles de ordenar.
Como señaló Marina Dal Poggetto, economista y directora de EcoGo, la agenda es: estamos todos de acuerdo con que el ajuste lo haga el otro. La agenda de reformas estructurales la tenés que hacer. Y agregó: Las verdaderas reformas estructurales son: Argentina reventó el sistema de precios, reventó el sistema previsional, reventó el sistema laboral (6 de cada 10 personas trabajan en la informalidad), reventó el sistema educativo, reventó el sistema de salud.
Es que estos cambios tocan la fibra más sensible de la estructura de poder. Empresarios, sindicatos y Estado no solo deberán sentarse a una mesa de diálogo -en el que se convertiría por millonésima vez en un nuevo intento de reciclar el Tratado de la Moncloa a lo argentino-, sino que también deberán ceder para encontrar el rumbo correcto.
Reformas impositiva, previsional y laboral, sumadas a un ordenado gasto público, son los bastiones sobre los que siempre cae la mirada a la hora de señalar las acciones necesarias que debería encarar la Argentina. Pero, además, la puesta en práctica de las reformas no puede dejar de lado las metas dispuestas en el acuerdo con el FMI, firmado el 25 de marzo del año pasado. El FMI redujo las pretensiones sobre la Argentina y el reclamo constante de reformas de fondo quedó parcialmente postergado ante un fondo culposo de haber entregado la cifra récord de US$ 44.000 millones al gobierno de Macri.
De hecho, en la última revisión que sobre el final de año aprobó el board del organismo y que disparó casi US$ 6.000 millones para asistir directamente a las reservas del BCRA, se concentra puramente en las acciones que conducen a cumplir las metas del Servicio Ampliado del FMI. Las continuas acciones de políticas decididas están comenzando a dar frutos, señaló el organismo.
En un contexto externo e interno más desafiante, la implementación decidida de políticas, incluido el endurecimiento de las políticas fiscal y monetaria, está conduciendo a una reducción de la inflación, así como a mejoras en la balanza comercial y la cobertura de reservas, agregó. Pero advirtió que persisten los desequilibrios macroeconómicos y las condiciones siguen siendo frágiles.
Además, encendió las alarmas sobre las restricciones cambiarias y las prácticas de tipo de cambio múltiples, que deberían evitarse y removerse tan pronto como las condiciones lo permitan, y asimismo se aborden los desequilibrios macroeconómicos, en una clara alusión al dólar soja, instrumento que le ha dado sus frutos inmediatos a la gestión Massa pero con un costoso saldo.
Los gastos que generaron las políticas para enfrentar el Covid y los efectos de la guerra de Rusia a Ucrania complicaron aún más las cuentas fiscales no solo de la Argentina, sino también del resto de las economías que sufrieron los efectos de la inflación.
UNA LISTA EXTENSA
Las reformas deben tender principalmente a buscar el ingreso de inversiones para motorizar la economía. Para ello, es clave una estructura de impuestos que estimule la inversión en lugar de ahuyentarla. En el último coloquio de IDEA se presentaron distintas propuestas para poner en marcha a la Argentina. Una de ellas trató una idea integral sobre la inserción de Argentina en el mundo.
El documento, elaborado por Roberto Bouzas, economista y profesor emérito de UdeSA, y Andrés López, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires de la UBA-CONICET, sirvió de base para la discusión. En esta línea, se presentaron iniciativas concretas para poner en marcha una estrategia más agresiva de internacionalización de la economía argentina en cuatro dimensiones: la política comercial, la promoción de las exportaciones, el apoyo a las inversiones y el desarrollo productivo y la innovación.
Uno de los aspectos principales tiene que ver con el sistema impositivo, donde llama a revisar los aspectos directamente ligados con el comercio exterior, en particular los tributos que gravan las exportaciones. El punto de llegada debería ser el reemplazo de las retenciones a la exportación como fuente regular de ingresos por otros gravámenes con menor sesgo anticomercio, dado que eso no es viable si no es en el marco de una reforma integral del régimen impositivo.
Por otro lado, reconoce que existen otros impuestos (ingresos brutos, débitos y créditos bancarios) con fuerte sesgo anticomercio. El complejo entramado de impuestos que se aplican en los distintos niveles solo tiene por objeto alimentar un Estado ineficiente y asistencialista alejado de las realidades del sector privado.
Hay muchos impuestos que apenas arañan la inflación. Por ejemplo, la recaudación nacional creció en diciembre pasado un 95,6% interanual, es decir que apenas le empata. El crecimiento de la recaudación fue impulsado principalmente por el desempeño de recursos asociados al comercio exterior, que subió un 126,4% interanual, explicado por la liquidación de exportaciones del complejo sojero realizadas durante el mes de diciembre en el marco del Programa de Incremento Exportador.
Por otra parte, la pobre realidad de los jubilados da cuenta de la necesidad de atender un sistema previsional que crece sin sustento. Quedó para tratar en extraordinarias el Plan de Pago de Deuda Previsional que permitía que aquellas mujeres que llegan a la edad jubilatoria puedan jubilarse pese a no contar con los 30 años de aportes obligatorios. Sin este esquema queda solo la opción de alcanzar los 65 años de edad para acceder a una PUAM o pasar a formar parte del ejército de argentinos asistidos por el Estado.
Este punto esconde otro problema básico: una reforma laboral que facilite la posibilidad de emplear. Aquí las luchas intestinas con los sindicatos que advierten la vulneración de los derechos de los trabajadores se impone sobre la posibilidad de generar las condiciones óptimas para crear nuevos puestos de trabajo.
Pero los sectores sobre los que Economía ha puesto la mira como nichos generadores de divisas presentan esquemas que rompen estos problemas de fondo. Por ejemplo, en el tecnológico, el Gobierno propuso condiciones impositivas y de empleabilidad especiales para estimular a la economía del conocimiento, lo que sustenta la idea de que una mejora en las condiciones puede generar más recursos para privados (y por ende para el Estado) y más fuentes de trabajo.
Según estimaciones oficiales, las exportaciones de Servicios Basados en el Conocimiento superarán los US$ 7.000 millones en 2022, en un sector que emplea a más de 454.000 trabajadores capacitados, es decir, el 7,27% de los empleos registrados. Las proyecciones demuestran que las reformas de fondo podrían generar las condiciones necesarias para, de forma sostenida, revertir los principales problemas de la Argentina. Es solo cuestión de compromisos y acuerdos, nada más y nada menos.