Desde que se desató la corrida contra el peso a principios de 2018 venimos insistiendo que hacía falta un programa de estabilización. Con una tasa de inflación corriendo hoy al 100% anual que volvió a recrear la misma distorsión de precios que 2015 pero con una brecha cambiaria en 90%; con los mismos componentes de indexación del gasto; y con un esquema tributario que se ve ampliamente favorecido por la inflación, la necesidad un programa de estabilización integral se potencia. 

Hoy el problema es cuasifiscal. Si bien hay consenso en que no hay margen para el gradualismo, no hay necesariamente consenso en qué implica un shock.

 ¿Cuáles son los componentes que debería tener un programa de estabilización en el arranque de una nueva gestión? Aquí los puntos centrales:

Corrección de precios relativos: dólar y tarifas. La devaluación del peso impacta en los costos de los servicios públicos, aumentando la suba en las tarifas requerida para reducir la incidencia de los subsidios. La devaluación tiene tres impactos: reduce la absorción doméstica, licúa el overhang (excedente) de pesos de la economía y, si se hace compensada parcialmente con suba de retenciones transitoria a todas las exportaciones, contribuye a cerrar el déficit fiscal y a amortiguar el traslado a precios internos (las retenciones no se pueden cobrar si la brecha cambiaria persiste porque son confiscatorias; tampoco si la estabilización sale bien y el overshooting inicial del dólar se diluye). 
 

Cierre fiscal. Los programas de estabilización exitosos cortan el financiamiento monetario del déficit. Acá, la necesidad de que el esquema de estabilización vaya en simultáneo con una agenda de reformas estructurales que consolide las cuentas fiscales sin sostener las retenciones en el tiempo y donde la competitividad de la economía no esté basada únicamente en un esquema de dólar alto/salarios bajos. 

Cierre cuasifiscal. Se debería priorizar evitar romper contratos, pero la licuación solo funciona si la deuda en pesos no está mayormente indexada. Para diciembre 2023, la deuda en pesos podría representar entre 20,5% y 26% del PIB. Su composición va a depender además de la caída en la demanda de "pesos gratis" y de la búsqueda de cobertura de los tenedores de pesos en el año electoral. 

Overshooting de tasa de interés. La tasa de interés tiene que subir después de la devaluación del peso, no antes. Para que te vaya bien y se evite recrear el overhang (excedente) de pesos, tiene que bajar ex post. Difícilmente se puedan retirar todos los controles de capitales, pero se debe ir desarmando el impuesto país y el esquema de percepciones. Para esto es condición necesaria que baje el riesgo país, que el tipo de cambio de arranque sea alto y que la ventaja cambiaria no se licue rápido con la inflación. 
 

Algunos planes de estabilización tienen mecanismos de desagio (Plan Austral), y/o de indexación (Plan Real). Es difícil pensar en un mecanismo de desagio como el Plan Austral dado que la indexación no está generalizada ni se da con los mismos plazos. Normalización del mercado de deuda en dólares. 

Definición de un ancla: ¿programa monetario? El ancla cambiaria es la más rápida para monetizar la economía y la más complicada de sostener cuando el mundo juega en con- tra. Lo más razonable es empezar por un programa de agrega- dos monetarios consistentes con el equilibrio fiscal y con con- troles de capitales que tienen que ir desarmándose de a poco. 

Acuerdo de precios y salarios. Enmarcarlo en el acuerdo con el FMI , que hace todo lo que puede para alcanzar dos objetivos: que el país no entre en atrasos y no ser el culpable de la caída de la Argentina. 

Agenda de competitividad. No hay agenda micro que funcione si la macro no se ordena (Macri). Y no hay programa de estabilización que dure si no 
se avanza con una serie de reformas estructurales que apuntalen la competitividad de la economía y hagan sostenible el equilibrio fiscal en el tiempo. 

La reforma laboral, previsional y tributaria tienen que pensarse en conjunto. No se puede tener la estructura tributaria actual (con sus graves distorsiones e ineficiencias) con una eficacia tributaria estimada en un 60% y un esquema que se aprovecha de la inflación para cobrar alícuotas no reguladas por el Congreso. No se puede tener un sistema previsional contributivo y solidario en simultáneo, y menos con los regímenes de privilegio nacionales y provinciales; los esquemas de monotributo y de empleadas domésticas son fiscalmente más perversos a futuro que la moratoria previsional. No se pueden seguir financiando 3,4% del PIB de gastos tributarios en el presupuesto nacional incluyendo el régimen de Tierra del Fuego y trabajadores judiciales que no pagan ganancias. 

Regulación y apertura: no se puede mantener ad eternum una economía cerrada con los actuales precios de los bienes. Se necesitan desmontar trabas regulatorias y fomentar la competencia. Para esto se necesita un andamiaje legal y acuerdos políticos para poder avanzar, y acuerdos con la Corte y los gobernadores.