Detrás de las exportaciones de commodities y autos, las ventas al exterior de servicios basados en el conocimiento es la tercera fuente de divisas para el país. Pero las idas y vueltas de las leyes y regulaciones, la recesión argentina y los vaivenes del tipo de cambio afectaron su performance: en el segundo trimestre de este año, las exportaciones del sector cayeron 11,4% frente al mismo período de 2019, según un informe de Argencon. 

Si se suman los últimos cuatro trimestres (los dos últimos de 2019 y los dos primeros de este año), las exportaciones de servicios basados en conocimiento ascienden a US$ 5.821 millones, una caída del 6,4% frente a los cuatro trimestres anteriores, aunque se mantiene la participación sobre el total de exportaciones argentinas (7,8% del total nacional).

Los puntos clave de la nueva ley

• El régimen de promoción estará vigente desde el 1° de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2029.
• Las actividades comprendidas son: la industria del software; la producción audiovisual en formato digital; la biotecnología, bioinformática e ingeniería genética; la nanotecnología y nanociencia; la industria aeroespacial y satelital; e ingeniería para la industria nuclear.
• Se podrán adherir las empresas constituidas en la Argentina o habilitadas a trabajar en el país. Las empresas deberán acreditar que el 70% de su facturación del último año esté vinculada a las actividades promovidas.
• Los emprendimientos nuevos deberán acreditar fehacientemente el desarrollo de las actividades promovidas.
• Los beneficiarios deberán acreditar la realización de mejoras continuas en la calidad de sus servicios e invertir en la capacitación de sus empleados: un 1% para las microempresas, un 2% para las pymes y un 5% para las grandes.
• Las firmas que inviertan en capacitar a desocupados menores de 25 y mayores de 45 años o mujeres que accedan por primera vez a un empleo formal podrán computar por el doble de su valor.
• Deberán realizar exportaciones de bienes de las actividades promovidas en un porcentaje respecto de su facturación total del último año de al menos 4% para las microempresas, 10% para las pymes y 13% para las grandes.
• Los beneficiarios de la ley podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70% de las contribuciones patronales, que podrán ser utilizados por el término de 24 meses para la cancelación de tributos nacionales.
• El beneficio ascenderá al 80% de las contribuciones patronales cuando se trate de nuevas incorporaciones laborales que contemplen diversidad e inclusión.
• Se creará el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento.

Las voces del sector privado

“Aun cuando esta nueva ley reduce los beneficios que se habían aprobado inicialmente, era indispensable salir del limbo normativo en que se encontraba el sector”, explica Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, la entidad que nuclea a las empresas prestadoras de servicios de esta industria. 

Uno de los puntos que destaca es que los cambios introducidos disminuyen los incentivos para los sectores que mayor potencial de desarrollo tienen, que son los vinculados a los mercados externos. “El diseño de los beneficios establecido en la reforma hace que a mayor exportación menor sea el estímulo del régimen'', explica, y agrega: “La relación de los beneficios entre empresas locales y exportadoras llega a ser de hasta 3 a 1. 

Es probable que empresas con gran capacidad de generación de empleo y divisas no vean atractiva la relación entre los beneficios que ofrece la ley y el grado de discrecionalidad que se ha establecido sobre las normas que lo regularán”.

Desde la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) coinciden en que tener una versión de la ley vigente es mejor que no tener ninguna legislación, pero también alertan sobre diferentes puntos, como la forma de liquidar el impuesto a las Ganancias para las empresas comprendidas dentro de la Ley del Software respecto del ejercicio iniciado en el año 2019. 

“Dado que la mayoría de los ejercicios fiscales ya cerraron, sería bueno mantenerlo, teniendo en cuenta que la nueva ley propone una escala variable según el tamaño de la empresa”, expresa la Cámara en un comunicado. “Es necesario que la ley de Economía del Conocimiento sea el comienzo de un nuevo marco regulatorio que impulse diversas políticas públicas para el desarrollo de la innovación local”, explicitó Sergio Candelo, presidente de CESSI.

El derrotero de una ley con idas y vueltas

En 2019, previo al cambio de gobierno, el Congreso sancionó casi por unanimidad la ley de Economía del Conocimiento, que buscaba reemplazar y superar a la Ley del Software, en la que se habían apoyado muchos de los jugadores del sector.

En enero de 2020, Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo, decidió suspender la ley que había sido sancionada durante el gobierno anterior. El argumento fue que se abocarían a estudiar la implementación del registro de empresas alcanzadas por el régimen, los rubros y el tamaño de las compañías beneficiadas.

En junio de este año, la Cámara baja le dio media sanción de forma prácticamente unánime a una nueva ley, trabajada entre Diputados y Kulfas.

Con el visto bueno, esta ley fue girada al Senado, que a principios de octubre le dio luz verde con modificaciones tales como que los alcanzados por el régimen tendrían una reducción del 60% en el monto total del impuesto a las Ganancias. El texto final, en cambio, escalona esos beneficios.