Ya no hay equívocos. El cambio climático, producido por actividades antrópicas, no es un problema del futuro, sino del ahora. Conduce también a otra realidad irrefutable: una economía que persigue una producción y un consumo en constante aumento no tiene posibilidad de lograr una prosperidad a largo plazo. Así, la descarbonización de la economía, entendida como la reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción y consumo de bienes y servicios, ofrece la posibilidad de reducir los riesgos climáticos, y, al mismo tiempo, moderar los efectos socioeconómicos adversos del Covid-19 y favorecer una reactivación económica sostenible.
En este sentido, estudios de la Comisión Global de Economía y Clima indican que una acción climática audaz podría generar al menos US$ 26 billones en beneficios económicos acumulados hasta 2030, en comparación con un escenario business as usual. Aún más, otros escenarios de descarbonización plantean que la mayoría de los países puede alcanzar un crecimiento económico sólido, al mismo tiempo que reduce sus emisiones por unidad de PBI en un 80%. Hoy son numerosos los países que aprovechan la oportunidad producida por la conjunción de la innovación tecnológica, las nuevas tendencias económicas y los nuevos compromisos políticos para establecer planes de recuperación verde. De hecho, de los US$ 1,9 trillones invertidos en medidas de recuperación a largo plazo por las 50 economías más grandes del mundo, el 18% se destinó a iniciativas verdes.
Para América Latina y el Caribe, estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización Internacional de Trabajo indican que, para 2030, la descarbonización de la economía puede generar 15 millones de empleos netos e impulsar un crecimiento económico de más del 1% anual. Pero para alcanzar este potencial será necesario el desarrollo de políticas que adapten las competencias ocupacionales y los procesos productivos frente a los impactos del cambio climático y que favorezcan nuevos modelos de negocios sostenibles. También será esencial el diálogo social para diseñar estrategias a largo plazo.
La buena noticia es que ya se están desarrollando iniciativas en todos los rincones del mundo. Tal es el caso de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, una asociación civil que reúne más de 230 municipios argentinos con el objetivo de fomentar modelos de desarrollo resilientes y bajos en carbono. Actualmente, lidera el proyecto Empleos Verdes Locales, financiado por la Unión Europea, con el objetivo de potenciar la creación de este tipo de empleos a través de alianzas público-privadas entre los gobiernos locales y las pequeñas y medianas empresas.
Las asociaciones público-privadas resultan cruciales en este marco cuando se toma conciencia de que la crisis climática requiere de niveles de cooperación sin precedentes y de que el desarrollo sostenible solo puede ser alcanzado con alianzas sólidas. A través de estas, es posible apalancar la capacidad de los gobiernos locales de formular políticas, crear incentivos y establecer marcos regulatorios que generen un entorno propicio para la descarbonización de la economía.
En este sentido, el proyecto de Empleos Verdes Locales involucra a 50 gobiernos locales argentinos, los cuales ya han establecido alianzas con más de 300 pymes verdes para detectar oportunidades y desafíos. Tal es el caso del municipio de Villarino, quienes, “convencidos de que la reactivación económica debe venir de la mano de proyectos sustentables, de emprendedores y de empresas con impacto social, ambiental y económico”, han sido sede de la Segunda Feria Nacional de Emprendedores Verdes.
El municipio de Godoy Cruz, por su parte, considera que “los empleos verdes son el punto de partida hacia una economía circular” y considera a este tipo de economía “como regla y no como excepción, desplegando políticas activas, sistemáticas y sostenibles”, por lo que se encuentra desarrollando el proyecto de Ordenanza de Empleos Verdes y la Ordenanza de Responsabilidad Social Empresarial.
Al mismo tiempo, las alianzas público-privadas involucran a empresas e industrias, grandes fuentes de empleo, inclusión, innovación, financiamiento y capacidades técnicas. Por una parte, las pymes incluyen, en la Argentina, al 99% de los empleadores, representando el 65% del total de empleos privados formales. También son una importante fuente de empleo femenino y de propiedad de empresas en la región.
Pero, al mismo tiempo, representan uno de los sectores más susceptibles a los efectos del cambio climático y de la crisis post-Covid. Esto se materializa en obstáculos considerables a la hora de transitar el proceso de reconversión de procesos productivos y de cadenas de valor para la generación de empleos verdes, los cuales incluyen costos adicionales de nuevas tecnologías, acceso limitado a información y capital, prácticas voluntarias que podrían no generar réditos económicos directos, entre otros.
Por otra parte, el potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de las grandes empresas las torna actores imperativos en la construcción de una nueva economía. A su vez, tienen buenas razones para comprometerse: las empresas que han establecido objetivos climáticos ya han reportado beneficios, que incluyen mayor innovación, reducción de riesgo, mayor confianza de los inversores y una mejora de la rentabilidad y la competitividad.
En este sentido, hoy 14 empresas argentinas ya se han convencido de que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es ventajoso para el negocio. Así, han medido su huella de carbono y obtenido el sello RAMCC, liderando así esta transición. Además, dado que el 50% del monto facturado a cada entidad es reinvertido en proyectos de triple impacto en las ciudades, el compromiso de dichas corporaciones ha permitido la implementación de dos proyectos de energías renovables y un proyecto de forestación.
En definitiva, la cooperación público-privada posibilita una utilización más eficiente de los recursos de ambos sectores para acelerar la transición justa hacia la descarbonización de la economía. El capital para las inversiones necesarias está disponible y el potencial de innovación es enorme, por lo que la rapidez y solidez con la que los sectores público y privado tomen decisiones en favor de la cooperación será crucial no solo para contener los impactos socioeconómicos y ambientales de la pandemia y lograr una reactivación económica, sino también para hacerlo de manera más sostenible, inclusiva y resiliente.