En 2004, Argentina dio un paso audaz al sancionar la Ley de Promoción de la Industria del Software (Ley 25.922). En aquel entonces, el sector era pequeño y fragmentado, con unas 20.000 personas empleadas y exportaciones que no superaban los 100 millones de dólares. La apuesta era arriesgada, pero marcó un antes y un después.
Carlos Pallotti, uno de los arquitectos de la ley, lo describe como un "salto cuántico". "El sector pasó de ser casi artesanal a convertirse en un actor maduro en la economía nacional. La ley fue una señal clara al mercado global: Argentina estaba comprometida con el desarrollo de esta industria. Más allá del beneficio fiscal, lo más importante fue esa señal, que atrajo inversiones y generó confianza".
Este marco normativo sentó las bases para lo que hoy se conoce como economía del conocimiento, un concepto más amplio que incluye disciplinas como biotecnología, nanotecnología e ingeniería nuclear. Según Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, entidad que agrupa a las empresas exportadoras de servicios de la economía del conocimiento, este cambio fue fundamental: "La Ley de Economía del Conocimiento, sancionada en 2019, permitió enriquecer el sector e incluir actividades de alta tecnología, lo que diversificó aún más el impacto económico y social".
Desde su implementación, la ley ha triplicado el empleo directo en el sector, alcanzando las 155.000 personas en 2024, sin contar los más de 50.000 freelancers que no figuran en las estadísticas oficiales. Además, las exportaciones de servicios basados en conocimiento cerrarán 2024 con un récord de 8.000 millones de dólares, consolidándose como la tercera fuente de divisas del país.
Sin embargo, no todas las empresas han podido aprovechar estos beneficios. Según Pablo Fiuza, presidente de la CESSI (Cámara Argentina de la Industria del Software), "solo el 10% de las 6.000 compañías del sector acceden al régimen". El mercado sabe que el costo administrativo y los requisitos de certificación son barreras que muchas pymes no pueden superar. Esto limita su capacidad de competir, especialmente en el mercado global, donde se enfrentan a gigantes tecnológicos con recursos mucho mayores.
Otro punto de crítica es la falta de un enfoque más integral para fomentar el crecimiento sostenido. Pallotti señala que, si bien la ley promovió la competitividad, no siempre incentivó el crecimiento. "Muchas empresas nacionales transferían el beneficio fiscal a sus clientes en forma de precios más bajos, lo que les daba competitividad, pero no necesariamente les permitía expandirse o invertir en innovación".
Además, las condiciones macroeconómicas han jugado en contra. Galeazzi destaca que la brecha cambiaria y las retenciones a las exportaciones han empujado a muchas empresas a abrir operaciones fuera del país. "Esto representa una fuga de valor que Argentina no ha sabido capturar, pese a contar con un sector que es competitivo a nivel global".
Una ley para un futuro incierto
Un aspecto central de esta discusión es la capacidad del sector para generar empleo de calidad. Con salarios promedio superiores a los de otras industrias y una composición demográfica predominantemente joven, el impacto social es significativo. Además, según Galeazzi, la inclusión de mujeres en tecnología dura supera el 30%, mientras que en servicios profesionales alcanza el 50%, lo que evidencia su potencial inclusivo.
Sin embargo, la escasez de talento sigue siendo un cuello de botella. Fiuza advierte que, si bien el sistema educativo ha mejorado, no está generando suficientes profesionales para satisfacer la demanda global. "El mundo tiene una sed insaciable de talento tecnológico, y Argentina tiene la capacidad de satisfacerla, pero necesitamos fortalecer la educación técnica y las carreras STEM. Si logramos eso, podríamos mejorar las exportaciones en pocos años".
Otro desafío es la descentralización. Fiuza y Pallotti coinciden en que el desarrollo del sector está excesivamente concentrado en Buenos Aires y CABA. "Expandir la infraestructura tecnológica y las oportunidades de negocio a otras provincias es esencial. Esto no solo impulsaría la inclusión, sino que también fortalecería la economía de las regiones".
Hablar de la ley también incluye analizar su vigencia y posible reforma. Pallotti, con una mirada crítica, advierte contra la tentación de cambiar constantemente el marco normativo. "La estabilidad es crucial. Reformar la ley cada pocos años genera incertidumbre en los inversores y paraliza proyectos. Lo ideal es complementarla con otras herramientas, como políticas de financiamiento y promoción internacional".
El financiamiento es, sin duda, un punto pendiente. Actualmente, el capital de riesgo es la única opción viable para muchas startups, lo que implica una pérdida de equity que no siempre es sostenible. "Necesitamos un sistema financiero que entienda el valor de los activos intangibles y que apoye al sector con crédito accesible y adaptado a sus necesidades", subraya Pallotti.
Por su parte, Galeazzi insiste en la importancia de construir una marca país sólida que posicione a Argentina como líder en la exportación de servicios basados en conocimiento. "Competimos en un mercado global de 3,6 billones de dólares. Si queremos ganar más contratos, debemos mejorar nuestra competitividad global y nuestra presencia en el mundo".
A 20 años de su sanción, la Ley de Promoción del Software es un caso de cómo una política pública puede transformar un sector. Sin embargo, el contexto actual exige ir más allá. Como plantea Fiuza, "esta ley ha sido apoyada por las distintas administraciones, permitiendo la generación de miles de nuevos empleos y fomentado el crecimiento no solo de la industria, sino también del país considerando el crecimiento de las exportaciones y el empleo generado. En ese sentido, esperamos que se mantenga el marco legal que nos acompaña para poder tener previsibilidad en los futuros negocios e inversiones".