Tarifas, desconexión con los intendentes y el temor de la expropiación: la realidad de Edesur
La declaración de guerra llegó al ritmo de Oh L'amour, el hit ochentero de Erasure. El sábado 25 de julio, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, publicó un video-meme en sus redes sociales donde le reclamaba a Edesur: “Subiste la tarifa y me cortaste la luz”. Los cortocircuitos entre la distribuidora eléctrica cuya compañía madre es la italiana ENEL y los intendentes de la zona sur del Conurbano habían comenzado unas semanas antes. El 7 de julio, la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, le envió una carta documento a la compañía “para exigir que cumplan con sus obligaciones y brinden el servicio de manera eficiente” frente a reiterados cortes en el servicio. Pronto se sumaron Fernando Gray, de Esteban Echeverría; Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Juan José Mussi, de Berazategui; y Mariano Cascallares, de Almirante Brown, quienes no dudaron en pedir la revocación de la licencia de la compañía.
Con el caso Vicentin fresco, se agregó además el rumor de la estatización, lo cual motivó el repudio de muchos de los empresarios que conversan en el grupo de Whatsapp “Nuestras voces”, como Cristiano Rattazzi, de FCA, o Martín Migoya, de Globant. A eso se le sumó el comunicado de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que reclamó el “respeto a la propiedad privada”. Tras varios días de versiones y mensajes cifrados, Alberto Fernández se reunió con el presidente de ENEL, Nicola Melchiotti, donde le aseguró que no estaba en su vocación estatizar la compañía, pero que debía reforzar las inversiones que aseguren el normal funcionamiento del servicio.
Según el abogado especialista en derecho y regulación energética Juan Cruz Azzari, lo que está sucediendo en este conflicto es una reedición de lo ocurrido en Argentina a partir de la crisis de 2001, donde los contratos y su actualización tarifaria quedaron suspendidos al menos hasta la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que llevó a cabo el exministro Juan José Aranguren. El cronograma de recomposición de la tarifa volvió a congelarse en abril de 2019, cuando Mauricio Macri iniciaba su campaña para la reelección. En agosto, el propio Nicola Melchiotti se refirió al asunto en un evento de Forbes: “El hecho de que la tarifa refleje costos e inversiones es algo que no está en discusión en prácticamente ningún país del mundo”, afirmó. Desde entonces, las tarifas eléctricas permanecen sin cambios, una desactualización que, según afirman en el sector, ya hizo perder a las compañías el 50% de la facturación prevista.
Según fuentes de ENEL, la inversión hecha entre 2016 y 2019 superó los US$ 720 millones, “sobrecumpliendo” las metas de la nueva RTI. En ese sentido resaltan que los estándares de servicio están en un 40% mejor que en 2015. El peligro, advierten fuentes del sector, es que si no se recomponen los ingresos de la tarifa el servicio necesariamente empeorará. Sobre el conflicto puntual con los intendentes, a donde apuntan es a los barrios populares, donde la cuarentena elevó el uso de electricidad en una red precaria. “Anárquica” es la palabra que usa Azzari, quien explica que el servicio de las proveedoras llega hasta las bocas de expendio: a partir de allí,
la eficacia de la red depende de otras variables.
Para Azzari, “sin el reconocimiento de una tarifa justa y razonable, el Estado no puede exigir el cumplimiento estricto de los estándares de eficiencia”. Habrá que revisar esa conexión.
