La desregulación del mercado a comienzos de los 90 abrió el tramo final de los gasoductos a un universo de nueve distribuidoras, encargadas de llevar el gas natural a hogares, comercios e industrias. Esas empresas, entre las que se encuentran Metrogas, Naturgy y Camuzzi entre las más grandes, atienden a 8,9 millones de usuarios a través de 146.000 kilómetros de gasoductos, ramales y redes, 89.000 de ellos construidos desde 1992.
Pero una instantánea de la película hoy revela un sistema que se sustenta con tarifas congeladas desde hace casi 18 meses y que seguirán así, al menos, hasta inicios de 2021 en el marco de la emergencia económica y social.
La actual situación de pandemia no hizo más que agravar esa coyuntura económico-financiera preexistente: caída de la demanda por menor actividad industrial, caída de la cobrabilidad por cierre de lugares de pago, prohibición de cortes a distintos segmentos de clientes y obligaciones de financiación imposibles de asumir con la caja de las compañías, tal como describe para esta nota la presidenta de la Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas), María Tettamanti, también CEO de la distribuidora Camuzzi Gas.
Desde el último aumento de margen de distribución en abril de 2019, el congelamiento se prolongará hasta diciembre de 2020, tal como lo anunció el Gobierno. “El déficit de ingresos para las compañías solo por actualizaciones no aplicadas -explica Tettamanti- superará los $ 30.000 millones”. Es una restricción de recursos “imposible de disimular” que obligó a las empresas a sostener lo “esencial de las operaciones y garantizar las condiciones de seguridad y confiabilidad del servicio público”, explicó.
Para las distribuidoras, en la palabra de su presidenta, el camino de salida hacia una normalización de la situación “está previsto en la Ley de Solidaridad y es la realización de una revisión tarifaria en los términos de la Ley 24.076 (que regula la actividad desde 1992) para recomponer el equilibrio económico-financiero”. Mientras tanto, la extensión del congelamiento obligó a poner sobre la mesa de diálogo con el Enargas “la necesidad de evaluar mecanismos de inyección de recursos que permitan sostener la operación de las compañías y la cadena de pagos del sector”.
De alto alcance: Metrogas, Naturgy y Camuzzi se encuentran en las distribuidoras más grandes. Atienden a 8,9 millones de usuarios a través de 146.000 kilómetros de gasoductos, ramales y redes.
Según un relevamiento de la asociación, desde el congelamiento tarifario en 2019, el 55% de los usuarios de gas natural pagó menos de $ 1.000 por mes promedio en su factura. A pesar de ello, casi 1,1 millón de usuarios debieron ser incorporados a la tarifa social, una base que todos los actores y analistas del sector coinciden que se debería ampliar al momento de debatir una actualización de tarifas. Jorge Niemetz, hoy consultor energético tras 25 años de experiencia en regulación y tarifas de una de las mayores empresas distribuidoras, destacó el “virtuoso sistema” original que existió hasta “el quiebre del negocio en 2001” a partir de cuando “las distribuidoras comenzaron a desfinanciarse al no tener tarifa, se les cortó por completo el crédito bancario y con ello las inversiones, y se empezó a tomar parte de la factura a
los productores para tener liquidez”.
Esa brecha “comenzó a resolverse con subsidios indiscriminados e ineficientes, y hoy el congelamiento significa volver al mismo error cometido de 2002 a 2015. Una tarifa social universal no permite asistir a quienes lo necesitan y deja a las licenciatarias sin poder hacer nada”, afirmó Niemetz. Sobre lo ocurrido en los últimos cuatro años, planteó que “es engañoso decir que el gas aumentó 2.000% si no se explica que el millón de BTU estaba a 20 centavos de dólar y pasó a 2 dólares, aún muy por debajo de su costo, por lo que en todo caso el resultado no fue un problema de precios sino de la macroeconomía”. En ese desequilibrio que excedió cuando la Corte Suprema afirmó en un fallo de agosto de 2016 que toda determinación de tarifas debe asegurar “certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad”, las distribuidoras quedaron como la cara visible del ajuste a pesar de que, de cada factura que reciben los usuarios, solo el 24% corresponde al margen de distribución. Quiere decir que el 76% restante en realidad remunera el precio de la producción de gas, el precio del transporte y también los impuestos que gravan el servicio.
Desde el congelamiento en 2019, el 55% de los usuarios de gas natural pagó menos de $ 1.000 por mes promedio.
Sobre ellas está puesta la mirada del interventor del Enargas, Federico Bernal, que anticipó la búsqueda de “una solución para desandar el camino del caos tarifario” que quedó de la gestión Cambiemos, algo con lo que “no se trata de fundir a las empresas, sino que tengan una rentabilidad razonable y que la ciudadanía pueda pagar el servicio público”.
Todo anticipa que buena parte de la discusión se centrará en las inversiones comprometidas en las RTI de 2016 y la consecuente calidad del servicio y la capacidad de inclusión que hoy están fuera de las redes de gas natural.
En una mirada contrapuesta con las distribuidoras que plantean una necesidad de recursos hasta que pueda debatirse una nueva RTI, la directora del Observatorio de la Energía (OETEC), Belén Ennis, aseveró que “las tarifas tienen que seguir congeladas, para tener en esta crisis y emergencia sanitaria y económica una energía accesible para que la gente pueda vivir dignamente y el aparato productivo y la industria funcionen de manera competitiva”.
Esto, explicó Ennis, “necesita de tarifas subsidiadas, con criterios sociales que readecuen los criterios de exclusión, y revisar no solo la RTI para modificar o negociar sino propender a una reducción de la carga tarifaria”. Así, para la analista, el Gobierno debe “comprometer a las empresas con inversiones y controlarlas también en sus ganancias para recuperar con obras la accesibilidad a la energía del 40% de la población que se abastece con garrafa, y más aún de aquellos que queman leña o basura”.
"Tenemos que evaluar mecanismos de inyección de recursos que permitan sostener la operación de las compañías y la cadena de pagos del sector". María Tettamanti Presidenta de Adigas y CEO de Camuzzi Gas.
En el debe del sistema quedan cientos de kilómetros de gasoductos truncos. Tan solo el Gasoducto del Noreste (Gnea) tenía previsto en su traza original permitir el acceso al gas a 750.000 personas, pero el rediseño de 2018 la redujo a menos de la mitad para quedar paralizada a la espera de un puñado de obras que se espera se concreten hacia 2021.
Sobre este debate, Juan Bosch, presidente de Saesa, una de las mayores comercializadoras de gas del país, planteó que “hace falta asegurar la ayuda al que la necesita con un muy agresivo plan de tarifa social pero evitar al mismo tiempo que el Estado asuma un subsidio que se paga con los impuestos de los hogares del Chaco que no tienen el servicio de gas”. Sobre las distribuidoras, afirma que “necesitan resolver cuanto antes la situación tarifaria para culminar el camino de un plan de inversiones que con el congelamiento se frenan y lleva a deteriorar la calidad y la seguridad en el suministro”.
Para esto, asegura, ayuda que la energía sea cada vez “más barata y más competitiva” con una curva de precios que pasó de los US$ 5,5 el millón de BTU hasta poco más de US$ 2,5 en apenas tres años, lo que debe mejorar el precio al usuario final si se dan reglas lo más claras, transparentes y estables posibles.
