En materia política son múltiples las experiencias en los llamados países industrializados, y de alto desarrollo, cuya larga trayectoria democrática permite conjugar alternancia política con estabilidad económica y social. Esto no es producto de concebir dichas “transiciones” como un mero acto de traspaso formal del poder, sino como “fórmulas de cohabitación” que constituyen claramente, en nuestro caso, “lecciones para ser aprendidas”.
No hay nada más normal en la república democrática contemporánea que la posibilidad de alternancia, lo que requiere contemplar mecanismos de diálogo constructivo que la hagan operativa, y consensos básicos entre sus actores para el manejo de la “res-pública”.
De más está decir que esto también se articula con la inexcusable transparencia en la gestión y la capacidad de rendir cuentas.
La Argentina que definitivamente recuperó la democracia en 1983 está hoy en proceso de concretar (y así lo esperamos) una etapa de sucesión entre dos gobiernos. Esta etapa se ha iniciado con pasos recíprocos hacia un diálogo maduro y republicano, que no implica una valoración de la gestión, sino el cumplimiento de un mandato institucional.
Ese paso político no debe ser solamente en el Poder Ejecutivo, sino que también debe concretarse en el Poder Legislativo y, por lo tanto, puede constituirse en un testimonio valioso de los actores políticos de nuestro país.
Sobre tal base, la promesa expresada por el Presidente electo Alberto Fernández referida a la promoción de un Acuerdo Económico y Social y la creación de un Consejo Económico y Social cobra una jerarquía que, con el presupuesto de los aludidos “consensos básicos”, conjugaría la intencionalidad y credibilidad con relación al diálogo político iniciado y la concertación social a concretar, pues hay un marco de “políticas de Estado” para garantizar previsibilidad y confianza en el orden institucional.
Estamos convencidos de que las diferencias profundas que se han generado en nuestra sociedad requieren ser superadas, si es que queremos verdaderamente encarar un camino sustentable hacia el desarrollo con crecimiento económico e inclusión social.
Pero la piedra angular del sistema es ética y política, y su validación estará en el desafío de encontrar también los acuerdos económicos y sociales que perduren, exhibiendo coincidencias básicas sobre el futuro deseable y posible, superando las circunstancias críticas económico-sociales que afectan a nuestro país.
Juan Bautista Alberdi, el prohombre que iluminó el proceso de gestación de nuestra Constitución, y la Generación del 80 hicieron de la Argentina un país no solo con prosperidad económica, sino también con educación y conciencia cívica. Él decía que había que “abnegar de las pasiones que se han disputado el poder” (refiriéndose a unitarios y federales) y llegar a la conjunción y no al predominio de uno u otro. Dicho mensaje esencialmente nos muestra el camino de la unidad, pero de un modo respetuoso de la pluralidad y la diversidad, donde tengamos un Estado eficiente, una iniciativa privada que pueda desplegarse para invertir y crecer, y una sociedad que cuente con la educación y la infraestructura física y social para tener tanto un trabajo digno como un desarrollo humano de calidad.
Solo recuperando tales ideales será posible acordar un “proyecto sugestivo de vida común” para “nosotros (todos los argentinos) y nuestra posteridad”. Hagámoslo, comprometiéndonos para que así sea.
Por Daniel Funes De Rioja Presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), y del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP). Vicepresidente de Asuntos Laborales e Internacionales de la UIA. Miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa