La crisis global producida como consecuencia de la pandemia del COVID-19 significó, desde el punto de vista de nuestro país y las industrias de la alimentación, la necesidad de organizarse para atender eficientemente esta situación, a partir de la declaración del Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio, que implica una restricción no solo de la actividad económica sino también de la circulación de personas y transporte de cualquier naturaleza.
Frente a ello, las industrias esenciales de la alimentación y de la salud debieron adecuarse a esta realidad para responder al desafío de esta crisis.
La Coordinadora de las Industrias de Alimentos y Bebidas (COPAL), que comprende 37 ramas de la actividad, confirmó la decisión de responder desde la iniciativa privada asegurando la producción y abastecimiento conjuntamente con toda la cadena de valor ?“aguas arriba y aguas abajo”? implicada en este proceso productivo.
Esta afirmación de responsabilidad empresarial tuvo como eje principal determinar conjuntamente ?con los medios logísticos y de comercializacióñ un programa que comenzó teniendo que responder, lo que constituyó durante las primeras jornadas de esta emergencia una fuerte presión: el “acopio” por parte de los consumidores a los efectos de intentar evitar las consecuencias del desabastecimiento. Pese a ello, tal conducta llevó a una psicosis mayor y con resultados exactamente contrarios a los pretendidos.
El primer gran eje de trabajo fue la articulación público-privada, es decir, arbitrar con el Gobierno y con los ministerios de Producción y Trabajo aquellas medidas necesarias para la continuidad del proceso productivo.
Esta instancia fue cubierta con éxito, y junto con ello se establecieron los esfuerzos comunes dentro de la cadena para asegurar los insumos necesarios para producir, incluyendo naturalmente los insumos importados, así como la armonización de normas y requisitos interjurisdiccionales de transporte, no solo por las provincias sino también por los municipios y pasos fronterizos de carácter internacional, pues la emergencia generó restricciones y trabas no preexistentes.
La segunda cuestión fundamental era la de contar con los trabajadores involucrados en los procesos productivos, y esto requirió acuerdos con los sindicatos a efectos de garantizar la prevención y cuidado de las dotaciones y la normal producción para evitar relativizar o mitigar los efectos de posibles contagios y abastecer al mercado.
Así, lanzamos un “protocolo de prevención” cuya matriz fue tomada de los modelos más avanzados del mundo. Su implementación fue dirigida a dar la mayor tranquilidad a quienes trabajan y, por ende, a sus familias.
El siguiente aspecto fue la coordinación logística, y ello se logró por acuerdos específicos entre los distintos eslabones de la cadena para que, desde la materia prima, la fábrica y a partir de allí hasta los casi 270.000 puntos de venta en todo el país, llegaran los productos a los respectivos locales. Para ello, debió tenerse en cuenta que no solo estamos hablando de grandes cadenas de supermercados, sino también de autoservicios, comercios de vecindad y hasta pequeños puntos de venta, incluso en las zonas o lugares más remotos.
En definitiva, es evidente que la tarea no podría realizarse sin que se diera la concurrencia de los siguientes factores:
La conciencia colectiva de la emergencia y la necesidad de acatamiento social a la norma emanada del Gobierno sobre el aislamiento, que contó con el respaldo indudable no solo del arco político sino también de empresarios, trabajadores y la comunidad en su conjunto (más allá de las infracciones individuales que afortunadamente merecieron condena).
La actuación conjunta del Estado con el sector privado para poder llevar a cabo este proceso de la manera más eficiente
El compromiso respecto de que el tema del abastecimiento no es solamente un acto de imperio del Estado o de voluntad de los empresarios, sean industriales o de la cadena de comercialización, sino también del propio involucramiento y participación responsable de todos “los actores”.
La necesidad de acudir a tiempo con las políticas de Estado complementarias a dicho fin para dar fluidez a cadenas de pago altamente comprometidas, tanto en la provisión de materia prima como en pago de salarios, logística,
La planificación adecuada de la emergencia a los efectos de que, durante las distintas fases de esta, la industria pueda responder en tiempo y
Es evidente que la incertidumbre en cuanto al tema excede nuestras propias fronteras, pero podemos afirmar que la industria de la alimentación y sus trabajadores respondieron a la puesta en marcha de esta emergencia con convicción y compromiso, adoptando los recaudos necesarios y con la esperanza de responder de la misma manera a cada uno de los desafíos futuros que la pandemia vaya presentando a nuestra sociedad y al mundo.
Por Daniel Funes de Rioja Presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP). Vicepresidente de Asuntos Laborales e Internacionales de la UIA.