El margen para estabilizar la macroeconomía argentina empezó a resquebrajarse con la costosísima dilación en el manejo de la deuda y terminó por romperse de lleno con el impacto del Coranovirus.
Un cálculo ad hoc realizado en EcoGo estima que cada día de cuarentena implica que la economía funciona un 40% por debajo de los niveles sin restricciones. Por lo que a priori, aun si el lunes 13 finalizara, la economía caería 2 puntos porcentuales más que en los escenarios sin default y con default (con caídas del 1% y 4%, respectivamente) que manejábamos antes del Coranovirus, con un derrumbe en el segundo trimestre mayor a los dos dígitos.
Frente a costos económicos similares, la política en el mundo desarrollado intenta evitar que lo que arrancó como una “crisis de oferta” se transforme en una “crisis sistémica”. E intenta mantener a flote los engranajes de las economías y asegurar los ingresos de la población afectada con paquetes fiscales y monetarios inéditos en magnitud, a fin de mantener el contrato social y apuntar a una recuperación de la economía cuando las restricciones desaparezcan.
En Argentina, sin margen fiscal, sin acceso al crédito y sin moneda que funcione como reserva de valor, el Gobierno avanza con medidas que incluyen, entre otras, el reparto de alimentos a los hogares carenciados, transferencias monetarias a los sectores informales y monotributistas, extensión del repro, y baja de cargas sociales a los sectores no esenciales con un costo por mes no menor a los $160.000 millones. En simultáneo anunció la prohibición de corte por 180 días de servicios básicos, el congelamiento de alquileres y de hipotecas indexadas y la postergación de los pagos de las tarjetas de crédito. En tanto, intenta a través del BCRA expandir vía baja de encajes el crédito a las empresas para que paguen la nómina salarial mientras prohíbe despidos y no habilita suspensiones. El desarme de Leliqs impulsado por el BCRA está desmoronando la tasa de plazos fijos y fundamentalmente la tasa de caución, situación que en algún momento debería empezar a presionar más sobre la brecha cambiaria mientras el Central mantiene un deslizamiento diario del tipo de cambio que acompaña la inflación.
Evidentemente el deterioro fiscal va a depender de cuánto tiempo se extiendan las medidas de aislamiento social, del desplome en la recaudación que empieza a operar, de las transferencias a provincias para financiar los baches fiscales crecientes que convalide el Tesoro, y fundamentalmente de la capacidad de recuperación de la economía. Intentando rearmar los números fiscales en base a la información disponible, marzo apuntaría a un déficit antes de intereses de entre $ 70.000 y 80.000 millones, en tanto en abril podría ubicarse en torno a $ 280.000 millones, y el de mayo y junio en torno a $ 260.000 millones mensuales promedio (suponiendo que las medidas compensatorias en mayo y junio operan al 80% y 50% respectivamente). En este escenario, a partir de julio y hasta noviembre el déficit podría volver a la zona de $ 50.000 millones mensuales para saltar en diciembre a $ 200.000 millones consistentes con la propia estacionalidad. Con estos números, el déficit primario del año, que en 2019 finalizó en 0,5% del PIB, podría volver a la zona del 4,2% del PIB (US$ 1.340 miles de millones, de los cuales US$ 1.250 se acumularían entre abril y diciembre). La dinámica inflacionaria va a estar determinada en gran medida por el manejo del dólar oficial por parte del BCRA con cepo y con reservas limitadas. También dependerá de la reacción de la brecha cambiaria a una duplicación de la base monetaria, consistente con un programa financiero donde, además de la brecha fiscal, monetiza la mitad de los vencimientos de pesos que no se rollean.
Frente al contexto actual, los mecanismos de propagación de la inflación se amortiguan y el traslado a precios de una devaluación en el dólar oficial y/o en la brecha cambiaria es menor mientras se sostenga el “aislamiento social”. Por un lado, el rezago tarifario claramente se modera con un barril de petróleo a estos niveles. Por otro lado, no es esperable una disparada de la puja distributiva en esta coyuntura donde la prioridad de los sindicatos es sostener los puestos de trabajo en los sectores “no esenciales” y reducir los riesgos de contagio en los “sectores esenciales”. Pero, también, los controles gubernamentales con la ley de abastecimiento bajo el brazo hoy empiezan a ser avalados frente a una “economía de guerra”.
Pero ciertamente no parece que esta anomalía se sostenga en el mediano plazo, una vez que la emergencia desaparezca, quede la inyección monetaria y las pujas distributivas vuelvan a aparecer. En ese momento, la capacidad para intentar estabilizar la demanda de pesos y evitar una nueva disparada muy peligrosa en la inflación estará asociada al éxito o fracaso en evitar el default de la deuda con legislación extranjera; y en la evaluación que ex post haga la sociedad con relación a la opción por la salud frente a la dinámica ex post de la curva relativa de contagios y muertes provocadas por el Coronavirus.