Durante el año pasado -el primero de la gestión de Javier Milei- el Gobierno no sacó los ojos del objetivo que incluso había marcado durante la campaña presidencial. Siempre sostuvo que achicar el gasto público sería un camino del que no se apartaría, y así ocurrió.
Prendió la motosierra y llevó adelante un fuerte recorte, que finalmente le permitieron alcanzar la meta que se había impuesto. Según los últimos datos oficiales, los gastos primarios corrientes cayeron un 27,6% interanual en términos reales en el acumulado de los primeros 11 meses de 2024.
En tanto, los gastos corrientes disminuyeron 22,8% y representaron el 75,3% del ajuste total, mientras los gastos de capital retrocedieron 77,4%, el 24,7% recorte restante. Con estas cifras, Milei alcanzó un resultado fiscal positivo entre enero y noviembre de 2024, con la excepción de julio, cuando se registró déficit financiero.
Dentro de este esquema de recortes y achique del Estado, la búsqueda de una menor dotación en las empresas que hoy dependen total o parcialmente de la estructura estatal fue fundamental. Y el Indec marca que cayó fuerte la dotación de personal de empresas y sociedades hoy estatales: pasó de 110.168 en diciembre de 2023 a 96.368 en el mismo mes del año pasado.
A nivel general, en el Estado se eliminaron 37.595 puestos durante el primer año de gestión.
Más allá de la búsqueda de los números en sí, lo que el Gobierno busca también es que las empresas queden en condiciones de ser privatizadas, de modo de que ya no representen un gasto para las arcas oficiales.
En total, se estima que son algo más de 120 las empresas que el Gobierno tiene en la mira, aunque sin dudas hay un pequeño lote sobre el que quiere avanzar más rápido, sobre todo por el tamaño que tienen -y la inversión que requieren-.
Está claro, algunas empresas pueden resultar más tentadoras que otras, y el oficialismo lo sabe. En caso de que no se pueda avanzar con el pase a manos privadas, hoy el Gobierno también analiza la posibilidad de que alguna provincia -tal vez por cierta razón con mayor cercanía a determinada empresa estatal- pretenda quedarse con su manejo.
El gobernador de Buenos Airea, Axel Kicillof, por ejemplo, había dicho que la provincia tenía intenciones de hacerse cargo de la operación de Aerolíneas Argentinas en caso de que finalmente se venda, ya que entiende que sería desguazada en caso de que deje de pertenecer al Estado. "Es un instrumento central para la conectividad de la Argentina", dijo Kicillof, aunque no profundizó sobre lo que podría ser su propuesta.
Las dudas sobre IMPSA
La que tenía prácticamente todo cerrado y ahora pareciera entrar en un cono de dudas es la metalúrgica IMPSA, que sería la primera en privatizarse si te toman en cuenta las empresas de más peso en manos del Estado. La estadounidense ARC Energy tenía hasta el 31 de enero para renegociar la deuda de US$ 570 millones con los acreedores, pero el viernes pasado pidió una prórroga hasta el 10 de febrero.
Si no logra llegar a buen puerto con esta etapa clave del proceso, la operación se podría caer.
El de YPF, en tanto, es un caso especial. En la previa de la gestión libertaria aparecía entre las principales a ser vendida -el Estado tiene el 51% del paquete-, aunque luego la idea quedó en el freezer. Pero en otros casos ocurrió todo lo contrario y se pretende acelerar la marcha.
El más emblemático es el de Aerolíneas Argentinas, hoy una de las banderas del proceso de privatizaciones que el Gobierno pretende encarar más fuerte este año, aunque todo está atado a la aprobación del Congreso para que se avance en este sentido. La aérea de bandera contaba a fines del año pasado con 11.926 empleados, y cerró 2024 con 10.392.
Pero sobre la que hay mayores expectativas es por Aysa, sobre todo porque se entiende que, de las empresas más importantes, es una de las que se podría avanzar con más celeridad, aunque restan definir algunos aspectos específicos de la privatización. La idea original del Gobierno era que este proceso arrancara ya en los primeros meses de 2025.
Mientras tanto, aquí también se dio un achique importante de personal. Cuando cerró 2023 contaba con 7790 empleados, y un año después tenía 6361.
Otra de las apuntadas es Correo Argentino. La idea de que pasara a manos privadas debió ser sacrificada cuando el oficialismo negoció por la aprobación de la Ley Bases, por lo que salió en ese momento de la lista de empresas a privatizar. A cambio de eso, sin embargo, decidió desregular de forma total el negocio de correo postal, lo que claramente de alguna forma también le pega de lleno a la empresa estatal.
El Gobierno no se baja de la iniciativa de que pase a manos privadas. Según su análisis, hoy el peso de la empresa dentro de su segmento es pobre, por lo que resulta un gasto innecesario para el Gobierno, y claramente reemplazable por un privado.
Como parte de este proceso de "depuración" para que sea más tentador a ojos de interesados, en el último año pasó de tener 12.276 en diciembre de 2023, a 16.856 en el cierre de 2024.
Siempre tomando todo el primer año de la gestión Milei como referencia, dentro del mundo de empresas con participación estatal no hay ninguna que no haya registrado el paso de la motosierra, en mayor o menor medida.
Radio y Televisión Argentina, por ejemplo, pasó de 2427 empleados en diciembre de 2023 a 2292 en el mismo mes del año pasado; ARSAT de 772 a 689; Fabricaciones Militares de 1478 a 1142; Banco Nación de 17.688 a 17.041; el Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE) de 465 a 350; Belgrano Cargas de 4644 a 4377; Corredores Viales de 4136 a 3622 e Intercargo de 1665 a 1555.