“La no aprobación de la ley no afecta en lo más mínimo a nuestro programa económico”, sentenció el ministro Caputo para intentar llevar calma a los mercados sobre el cumplimiento de la meta fiscal. Sin embargo, diversos analistas consultados por Forbes aseguran que los objetivos se verían comprometidos si no se logra un acuerdo con el Congreso.
Es que, en definitiva, la incertidumbre fiscal no llega solamente por el reciente rechazo del Poder Legislativo, sino por las negociaciones que obligaron a retirar el paquete de medidas que afectaba a la recaudación impositiva y al gasto.
“En términos fiscales, lo que cambia es el retiro del paquete fiscal del Congreso. No hay aumento de retenciones, no se revierte Ganancias y no hay una reforma jubilatoria que iba a generar un ahorro de 0,4 puntos del PBI. Estos tres conceptos implican un no achicamiento del déficit fiscal de 1,3 puntos del PBI”, indicó a este medio el consultor económico, Iván Carrino.
A esa cuenta se sumarían otros 1,7 puntos por la caída del capítulo privatizaciones que hubiese generado un ahorro de esa magnitud por la eliminación de transferencias del Tesoro Nacional hacia las empresas públicas, sin contar los ingresos de carácter extraordinario que hubieran ocasionado esas ventas, según los cálculos del economista de Invecq, Santiago Bulat.
Ya desde una postura de apoyo explícito al Gobierno que no pretende ocultar, el director general de Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, le quita importancia fiscal a la ley y, asegura, como Caputo, que en enero ya se demostró que se puede llegar a un superávit fiscal sin aprobar ninguna normativa nueva.
“Lo cierto es que enero ya dio déficit cero incluyendo el pago de intereses. De modo tal, que el ajuste que está haciendo el Gobierno ya es muy grande. La no suba de impuestos no me preocupa porque yo creo que son negativos para la economía. Sí me preocupa el demorar la apertura de la economía, desregular y eliminar kioscos, entre otras cosas positivas que tenía la ley. Si se demora uno o dos meses no es grave, pero si se demuestra que el Gobierno no puede sacar ninguna ley, eso le da una debilidad enorme”, comentó a este medio.
No obstante, muchos ponen en duda la importancia del dato de enero por ser un mes con un fuerte componente estacional que dificulta la extrapolación al resto del año. De hecho, en 6 de los últimos 10 años se registró un superávit primario durante ese mes que luego se transformaría en déficit, graficó el economista de Suramericana Visión, Fernando Morra.
“Enero es un mes que siempre pasa eso, con todos los gobiernos. Auditan gastos previos, empiezan procesos administrativos, cambian cosas, entonces se ejecutan menos gastos y el resto de los meses se ponen al día. Es un problema estacional histórico”, coincidió Martín Kalos, director de Epyca Consultores.
De todos modos, es notable el recorte en los segmentos de obra pública y transferencias discrecionales a las provincias, dos ítems muy importantes en la composición del gasto público (0,5% y 1,5% del PBI, respectivamente), que tienen como limitante la negociación con los gobernadores para lograr apoyo legislativo.
Este jueves, el portavoz presidencial, Manuel Adorni afirmó que las transferencias discrecionales a las provincias se redujeron un 98% durante enero. En tanto, la consultora Analytica estimó una caída del 70% en los egresos por obra pública, una baja del 40,8% en programas sociales y un 43% en jubilaciones, pensiones y erogaciones del PAMI.
“Yo creo que la inflación le está permitiendo licuar mucho gasto al Gobierno. Los números monetarios te muestran que ha dejado de emitir para financiar al Tesoro. El otro punto, es que le metió un cerrojo a las transferencias a las provincias. Me parece que están armando un plan nuevo y todavía no tenemos toda la información para poder analizarlo”, opinó el director de la consultora DNI, Marcelo Elizondo, ante la consulta de Forbes.
Tarifas, la batalla decisiva
La menor recaudación por la caída del paquete fiscal en el Congreso, obligará a reforzar el ajuste en otras áreas. En ese sentido, todas las miradas apuntan a la política tarifaria por su alta representación en el componente del gasto. Para tener referencia, en 2023 los subsidios energéticos totalizaron cerca de 10.000 millones de dólares.
El programa acordado con el FMI, recientemente publicado en el staff report, indica una reducción equivalente al 0,7% del PBI en estas partidas. Según el documento, eso se logrará a partir de un alza mayor al 200% en los precios de la electricidad, del 150% en el gas natural y una corrección importante en el transporte público.
“La ley y el tema fiscal seguramente se van a volver a negociar. De no ser así, vamos a mayor gradualismo y aumento de tarifas. Se vienen dos meses duros, va a ser clave la resistencia social de la gente”, advierte el presidente de Conetxia, Miguel Sinigaglia.
La incertidumbre respecto al impacto social es un tema clave que está bajo profundo análisis en el Ministerio de Economía. Como adelantó Forbes, el plan inicial de shock presentado en las audiencias públicas por el secretario Eduardo Chirillo quedó momentáneamente en stand by por una decisión estricta de Caputo.
Fuentes oficiales confirmaron a este medio que el ministro está preocupado por el efecto inflacionario y el golpe al bolsillo en los sectores populares. En consecuencia, suspendió la suba del gas y en electricidad ajustó solamente a los usuarios de mayores ingresos y al sector comercial e industrial.
Eso implicó un aumento de subsidios mayor al 150% para las categorías N2 y N3 (bajos y medios ingresos), que representan el 41% del consumo eléctrico total y el 70% del sector residencial.
De este modo, mientras que en 2023 la cobertura de este segmento fue del 19% y 16%, respectivamente, ahora bajará al 8,5% y 6,7% en cada caso. Dicho de otra manera, el Estado deberá subsidiar más del 90% de la tarifa de los N2 y N3.
“Si concentran el aumento solamente en un universo del 30%, obviamente que estamos poniendo en duda la meta fiscal. No sé porque lo harán. Tendrá que ver con el impacto en el índice inflacionario que están intentando que apunte a la baja. Me parece que se comen el primer cuatrimestre con este congelamiento y el objetivo de reducir los subsidios entra a tener problemas. Seguimos razonando con la narrativa populista. Como si los subsidios fueran un paga Dios. Entiendo que tampoco es lo acordado con el FMI”, cuestionó el ex secretario de Energía, Daniel Montamat.
Algo similar está sucediendo con el aumento del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, cuya recomposición inmediata hubiera permitido un ingreso extra de 0,5 puntos del PBI. Por el contrario, Caputo decidió fraccionar la recomposición en cuatro meses consecutivos, lo que diluye su efecto.
“Si sumas esto, más el capítulo fiscal con el Congreso, uno empieza a pensar que tal vez logran el equilibrio primario y no el equilibrio fiscal, o que tengan que esforzarse mucho más. En enero y en diciembre hubo más gasto de subsidios porque devaluaste y no actualizaste. A a partir de febrero actualizas, pero solo para una parte. Probablemente eso haga que el gasto en subsidios en el primer cuatrimestre no caiga significativamente o que caiga menos de lo que debería según la meta fiscal”, subrayó Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma.
La última novedad en materia de reducción de subsidios se vio en el sector del transporte público, donde el Ejecutivo autorizó un fuerte aumento en el precio de los pasajes de colectivos y trenes y eliminó el Fondo Compensador del Interior.
“Están modificando la táctica para llegar al equilibrio presupuestario. La primera, apenas ganó Milei, no era subir impuestos, pero se dio cuenta que no podía bajar el gasto en todo lo que quería. Ahí fue al plan 2: subir retenciones, ganancias e impuesto país y tampoco pudo por el rechazo del Congreso. Yo creo que ahora va hacia una tercera opción que todavía no conocemos. Veremos qué tiene en mente”, agregó Elizondo.