Hay que eliminar Ingresos Brutos por los múltiples regímenes de pago anticipado (RPA) que tiene el impuesto, su acumulación en las sucesivas etapas de comercialización. Su excesiva burocracia y los permanentes saldos a favor del contribuyente conforman, en parte, sus características. El importe que el contribuyente tiene que pagar surge de la diferencia entre el monto del impuesto determinado menos la suma de todos los pagos anticipados aplicados durante el mes.

Las provincias regulan el tributo, estableciendo alícuotas por actividad, tratamientos especiales, exenciones y rangos de facturación. Asimismo, tienen potestad para regular sus RPA. Estos últimos se clasifican en regímenes de retención (el vendedor sufre una detracción), de percepción (el comprador sufre un recargo) y de recaudación (el contribuyente sufre una detracción). En pocas palabras, Ingresos Brutos se trata de 24 impuestos con 75 RPA distintos. Y esto configura la carga burocrática de los sistemas provinciales. Además, las provincias abusan de los pagos anticipados.

Para tener cierta perspectiva, podemos tomar los datos de la Comisión Arbitral para contribuyentes del Convenio Multilateral. 

Del mismo, se desprende que, en 10 provincias, los pagos anticipados acumulados equivalen a menos de 1 mes del impuesto. En 6 provincias, los pagos anticipados acumulados equivalen a entre 1 y 2 meses del impuesto. Y, en las 8 provincias restantes, los pagos anticipados equivalen a más de 2 meses del impuesto.

En resumidas cuentas, solo en 10 provincias, los pagos anticipados acumulados equivalen a menos del monto del impuesto que corresponde pagar en el mes. No se generan saldos a favor porque el impuesto que corresponde pagar es menor a los pagos anticipados. Aunque, en las otras 14 provincias, lo anticipado es mayor al impuesto que corresponde pagar. Catamarca posee un equivalente a 6 meses de pagos anticipados y Misiones, un año de recaudación anticipada. 

Prevalecen los consensos sobre el uso abusivo de los RPA. De allí que el desafío está en cuestionar los consensos equivocados (aceptados por todo el arco dirigencial) que sostienen malas políticas públicas. Los daños productivos y sociales son varios. Una práctica muy utilizada para evitar los pagos anticipados es inducir al uso del dinero en efectivo. Lo cual, a su vez, es contradictorio con el objetivo de luchar contra la evasión y la informalidad.

En el Consenso Fiscal (2017), se acordó una reducción de alícuotas de Ingresos Brutos. Su fracaso fue por un diagnóstico equivocado. La alícuota promedio de Ingresos Brutos es 3%, es decir, un séptimo de la alícuota general de IVA. Los principales daños lo causan un impuesto rudimentario que permite el uso abusivo de los RPA. En síntesis, la mejor alternativa es eliminarlo y que sea absorbido por el IVA.