Mucho se ha escrito sobre la paradoja o la maldición de los recursos naturales. Varios países, especialmente en el sur global, son el ejemplo de la relación inversamente proporcional entre riqueza natural y desarrollo. El saldo de incentivar actividades extractivas desligadas de la creación de valor real en el país de origen ha sido siempre negativo. Argentina tiene que trabajar para evitarlo.

Seis de los once proyectos que hasta el momento pidieron adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) están relacionados a la extracción de oro, litio y cobre. La minería se lleva el podio y seguramente vendrán más interesados una vez que las primeras inversiones comiencen a concretarse. Con ese pronóstico, pareciera que el RIGI consiguió poner a la Argentina en el escenario internacional y alinear la creciente demanda global de minerales para la transición energética, con la oferta de los recursos naturales que están en nuestro suelo. 

Ese no es, sin embargo, el único desafío. Hay muchos otros, y de distintos órdenes: fortalecer la institucionalidad, proteger el medioambiente en lugares tan delicados como la Puna y la Cordillera de los Andes, construir transparencia, y procurar que los costos y beneficios de la minería se distribuyan equitativamente. Integrar la minería internacional con la industria local es también clave para convertir la mera extracción de recursos naturales en verdadero desarrollo productivo. 

Para esto último, el RIGI es deficiente y el gobierno nacional por sí solo no tiene las competencias, ni las herramientas para lograrlo. Los recursos naturales son de las Provincias por imperativo constitucional y son ellas las principales responsables por su correcta gobernanza. El liderazgo tiene que ser ahora provincial. 

Salta, Jujuy, Catamarca, Chubut, Mendoza, y otras provincias con potencial minero ya adhirieron al RIGI y se comprometieron a respetar los beneficios que este régimen otorga. El mayor desafío y la gran oportunidad es generar un complemento provincial que impulse un desarrollo sustentable de la minería, y que incentive la incorporación de industria nacional en la cadena de valor de los recursos naturales. 

Para este objetivo las Provincias no pueden actuar como compartimentos estancos, ni como competidoras, sino como aliadas. La conformación de pactos interprovinciales o regionales será esencial. Pensemos sino en el plano del cuidado del medioambiente. Aquellas Provincias que comparten recursos naturales en una misma región podrían unificar sus requerimientos socio ambientales para aprobar proyectos mineros y fomentar el intercambio interjurisdiccional de información ambiental. En lo burocrático, también las mejoras en cuanto a tiempo y eficiencia podrían ser sustanciales si se avanza hacia un sistema regional de permisos y procedimientos para aprobar un proyecto minero. El fomento de la industria local sería mucho mayor si se contara con un plan entre jurisdicciones, en vez de distintas regulaciones provinciales que solo fijan porcentajes mínimos de mano de obra local y requerimientos disímiles. Los ejemplos pueden seguir. La potencia del federalismo de concertación encuentra aquí pocos límites.

El avance sustentable de la minería y su vínculo con el crecimiento de la industria nacional será posible únicamente con una estrategia provincial coordinada y conjunta. Solo así podremos exportar minería, además de minerales, así como convertir la maldición de los recursos naturales en un conjuro para el desarrollo.

*El autor es Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y Becario Chevening 2024-2025.