El colapso generalizado del planeta que se vincula al llamado “cambio climático” es uno de los grandes flagelos que vive la sociedad mundial.
Si bien el compromiso entre los gobiernos, sus organizaciones, las empresas y las clases dirigentes para asumir con mayor responsabilidad los desafíos del nuevo paradigma ambiental se intensificó año a año, los resultados hoy no son del todo alentadores.
El año 2015 puede considerarse el de sucesos vitales para el derecho ambiental y climático de nuestros días. Se firmó el Acuerdo de París, en el que las naciones se comprometieron no sólo a reducir sensiblemente las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento medio de la temperatura, sino que también a redirigir los flujos de capital hacia proyectos verdes y la superación paulatina de las energías fósiles en el camino de la transición energética. También se firmó la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, se dio el nuevo Código Civil y Comercial en la Argentina, que dio un impulso notable al derecho ambiental en nuestro país.
A pesar de todo esto, los efectos de continuar sin hacer nada son muy peligrosos ya que está en juego la vida, la economía y las fuentes de trabajo de la población. Por citar un ejemplo, el impacto en la agricultura podría afectar el suministro de alimentos. Crece el número de desplazados ambientales. Los científicos estiman que, sin las correcciones adecuadas, ciertas localidades incluso de la Argentina (caso de La Poma, en Salta), podrían recibir temperaturas extremas, superiores a 50°C durante unos 250 días al año, mientras que tanto la Argentina como Brasil podrían sufrir, hacia 2050, olas de calor 60 veces más potentes que las actuales.
Un derecho constitucional
Nuestro país tiene una legislación avanzada en materia de cuidado ambiental que la convierte en una líder regional en la materia.
La reforma constitucional de 1994, muy cercana a la cumbre de Río, consagra en su artículo 41 el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Esto fue el disparador para que en 2002 se sancionaran algunas leyes clave como la 25.675 (Política Ambiental Nacional), con un fuerte tono de preservación y restauración, la 27.520 (Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global), que apuesta a convertir el tema en una política federal de Estado; la ley 27.592 (conocida como “Ley Yolanda”), que busca capacitar a funcionarios públicos de los tres poderes del Estado en este tema, y la Ley 27.621 (Educación Ambiental Integral), muy importante también para las universidades, que deben adoptar conductas y estrategias de educación tendientes a generar comportamientos humanos solidarios y responsables.
Por otra parte, la 27.566 de septiembre de 2020 aprueba el Convenio de Escazú, firmado por los países latinoamericanos en esa ciudad de Costa Rica, que apunta a asegurar la información ambiental para que todos puedan esgrimir y defender sus derechos; a la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y a la justicia ambiental.
El camino recorrido es significativo, aunque lejos de las metas esperadas. Es necesario considerar futuros alineamientos con países de la región, políticas de Estado de concreta integración, en especial con el gigante brasileño; también esfuerzos solidarios con nuestros vecinos y desarrollar regulaciones y políticas conjuntas que permitan negociar de qué manera las medidas que se tomen impactarán en las economías de la región, sobre el futuro disponible de nuestros recursos naturales y las estrategias propias y comunes de su aprovechamiento.
Debemos comenzar a pensar en términos de equidad intergeneracional, siendo justos y respetuosos con aquellos que aún no nacieron y por ello están “olvidados”. Ellos no tienen abogados, legisladores ni políticos que los defiendan y desaprensivamente les dejamos la carga de salvar el planeta y sus vidas, víctimas de nuestros errores y falta de solidaridad.
Los países deben adoptar políticas y acciones eficaces para la protección del ambiente y la defensa de la naturaleza. La educación, el derecho y el trabajo solidario juegan un rol central en este desafío que nos interpela a todos. La Argentina tiene, en tal sentido, mucho que aportar en el contexto regional y aún global. Por historia, por potencial de país, por sus valores humanos y de sensibilidad global.
Tenemos, entonces, un enorme desafío por delante: poner el mundo en una senda que lo conduzca hacia un futuro mejor, más justo, equitativo y estable; ¿qué estamos esperando?
*La columna fue escrita por Dino Luis Bellorio Clabot, Decano Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano.