Como en otros años electorales, en 2023 la atención no se limita a agosto, octubre y quizás noviembre, sino que todos los meses asistimos a comicios provinciales que constituyen un panorama previo de lo que ocurre en el interior del país. Si este año tiene alguna particularidad, es el hecho de que un alto número de provincias ha desdoblado las elecciones, y esta es una señal de qué tan complicadas está la situación para el gobierno nacional: los gobernadores, en su mayoría peronistas, deciden que se vote en una fecha diferente a la nacional porque temen que el “efecto arrastre” de un gobierno impopular los perjudique.

Hasta ahora, sin embargo, los resultados en las provincias parecen mayormente confirmar los alineamientos políticos de cada una: así lo atestiguan las reelecciones en La Rioja, La Pampa, Salta y Tierra del Fuego tanto como la continuidad del mismo signo en Río Negro, Jujuy, Misiones, Corrientes y Tucumán. De hecho, incluso allí donde parece haber habido cierto cambio deben introducirse matices: la hegemonía del Movimiento Popular Neuquino y de los Rodríguez Saá terminó, pero solo de manera oficial en tanto el nuevo gobernador de Neuquén fue antes vicegobernador por el propio MPN y en tanto quien fue electo en San Luis lo hizo con el apoyo de uno de los dos hermanos.

¿Por qué, en un país con un gobierno tan debilitado de cara a la elección nacional, los líderes provinciales se mantienen robustos? ¿Es el oficialismo más fuerte de lo previsto? En realidad, lo que parece ocurrir es que los votantes no adscriben culpas a los gobiernos provinciales acerca de su situación personal sino que incluso los premian, y eso tiene sentido: la Argentina es una república que se precia de ser federalista pero que se ha convertido en más y más centralista con el paso del tiempo, al menos en relación a los problemas económicos.

¿Por qué? Porque es el Estado nacional el que paga los platos rotos. En efecto, el marco institucional del federalismo argentino actual puede proveer una respuesta
a la pregunta de por qué las administraciones subnacionales florecen aunque la nacional no lo haga: específicamente, el mal estado de algunas democracias provinciales explica la subsistencia de distintos gobiernos incluso cuando sean mediocres o malos. De acuerdo con sucesivas investigaciones del politólogo Carlos Gervasoni , puede hablarse incluso de la existencia de provincias “híbridas” que no cumplen estándares básicos de la democracia liberal: son jurisdicciones donde, por ejemplo, los gobiernos cambian las reglas para aumentar sus mayorías legislativas, controlan a los medios de comunicación locales y no existe independencia del poder judicial, entre otros. 

Además, en estas provincias una alta proporción de la población trabaja en el Estado y está fuertemente influida por las decisiones oportunistas de los gobernadores.

El empleo público, a su vez, da una pista para entender qué es lo que ocurre con la democracia en estas pseudo-democracias del interior. En efecto, el hecho de que haya tantos empleados públicos en las provincias más atrasadas se explica por el origen de los fondos del gasto público provincial, es decir por la coparticipación: en 21 provincias, más del 50% de las erogaciones se financian con dinero nacional. Según Econométrica , en Formosa el 93% del gasto provincial viene en realidad de la Nación; en La Rioja el 90%, en Catamarca y Santiago del Estero el 89%, y así sucesivamente. No existen entonces grandes incentivos a mantener un Estado de tamaño pequeño porque nadie en estas provincias “rentísticas” sufre para pagarlo; al contrario, muchos se benefician de su expansión.

¿Cómo no va a estar en el poder Gildo Insfrán si casi no cobra impuestos pero puede frenar la iniciativa privada y gastar todo lo que quiera en mantener a los formoseños dependientes del empleo público? Este defectuoso marco institucional del federalismo argentino no solamente explica por qué vemos hoy tantas reelecciones que a simple vista podrían parecer extrañas; también nos provee una advertencia sobre lo improbable que es que las democracias provinciales mejoren por iniciativa propia. Si en las provincias se alzan con el poder siempre los mismos, nunca un Congreso nacional desproporcionadamente favorable a ellas cambiará las reglas que los eternizan.

En este sentido, las iniciativas más bien porteñas de limitar las reelecciones indefinidas en las provincias están destinadas a fracasar si su objetivo es de esa manera mejorar las democracias provinciales y fomentar en ellas la alternancia. Lo que tiene que cambiar, o más bien desaparecer, es el sistema de Coparticipación Federal de Impuestos que tanto poder le da al Estado central para financiar a provincias amigas. Si cualquier gobernador puede vivir “de rentas”, es decir de lo que viene de otras provincias, los nombres pueden cambiar pero el sistema no lo va a hacer.

Ningún cambio significativo se ha visto en el interior en las últimas décadas en términos de desarrollo político o económico: los gobernadores se eternizan en el poder y las personas siguen dependiendo de un Estado que no pagan, por lo que no sorprende que cada una de las elecciones que estamos viendo estos días confirme que los incentivos están alineados para seguir con el statu quo. La moraleja es clara: las reformas económicas e institucionales necesarias para romper este círculo vicioso deberán venir desde el centro.