En medio de la campaña electoral y con miras a llegar al balotaje de noviembre, el candidato a presidente Sergio Massa anunció una medica económica para que los empleados en relación de dependencia con sueldos inferiores a $1,7 millones, no paguen más el impuesto a las ganancias.
Una de las lecturas de esta medida es la jugada política de llegar al balotaje a cualquier precio, pero otra podría ser una espiralización de la inflación infinita, como así también una rebelión de cumplimiento contra el FMI, lo cual complicaría la relación a futuro. La medida es buena siempre y cuando el gobierno tenga la correcta aplicación de fondos del otro lado, porque si deja "libre” esa aplicación, el destino de los pesos va a ser mayor consumo, más inflación y más presión para el tipo de cambio.
Causas de la medida
El avance del impuesto inflacionario obligó al gobierno a tomar una medida de “shock” para ayudar a los trabajadores asalariados. El controversial impuesto a las ganancias de la cuarta categoría siempre fue un eje de discusión política. En apenas 3 meses, pasamos de $0,5 millones a $1,7 millones de pesos (+3,4 veces). Hay algunos que llegan a fin de mes igual, y con ese excedente compran dólares, o se stockean en bienes de consumo o cualquier activo que le gane a la inflación.
Pero sí es una buena medida para los que no pueden llegar a pagar sus gastos fijos mensuales, porque antes de salir a comprar dólares tenés que pagar tus servicios, tus impuestos y, por sobre todo, un alquiler, que hoy es imposible de pagar.
Redireccionando los pesos
Para evitar una escalada inflacionaria sin control tras la medida, hay que darle una aplicación de fondos “predeterminada” a esos pesos. Voy a analizar 3 formas de aplicarlos, y considerar a un trabajador en relación de dependencia que gana un sueldo bruto de $1.000.000 por mes. Sin la aplicación de ganancias, le quedaría aproximadamente $820.000 netos. Y vamos a suponer que pagaba $150.000 por mes de ganancias.
La clave acá pasa por la “obligatoriedad” en la aplicación de esos pesos disponibles, porque si son de libre disponibilidad, la presión sobre el dólar y la inflación es inevitable:
- Costo de los servicios públicos => Aplicar una política de bonificación inmediata apenas una persona abona sus facturas de luz, gas, internet, etcétera. En paralelo a esto, un control cruzado con AFIP sobre los ingresos declarados por el empleado, y la aplicación por ejemplo de un 30% como tope. Es decir, si el ahorro de ganancias es de $175.000 por mes, el 30% es la bonificación máxima que debería recibir por pagar la totalidad de sus servicios declarados a su nombre ($52.500).
- Alquileres => El gran tema de discusión, los contratos de alquiler indexados a la inflación con un brutal ajuste anual (en lugar del gradualismo) y la duración de 3 años (demasiado para un país como Argentina). Acá podríamos aplicar el 50% de tope y que obligatoriamente el alquiler se pague por transferencia bancaria, para que de esa manera si, por ejemplo, ese mismo trabajador paga $300.000, esta persona obtenga una bonificación de $87.500.
- Compras en supermercados => Aplicando una bonificación de hasta un 20%, daría un ahorro de $35.000 por mes, y de esta manera tenés aplicados los $175.000 de ahorro de ganancias.
Una forma de implementar esto, sería la apertura automática de una cuenta paralela en el banco para los trabajadores asalariados donde el ahorro de ganancias vaya a esa cuenta exclusivamente y no pueda retirar el dinero por ventanilla.
Ese dinero (en el ejemplo $175.000) sólo podría moverse dentro del sistema financiero y no sería de libre disponibilidad. Los 3 casos de ahorros planteados (alquileres, supermercados y servicios públicos) tendrían una correcta aplicación de fondos, dado que todo el ahorro que viene de vuelta se usaría para pagar el mes que viene solamente esos conceptos.
Medidas para empresas
Para sacar este país adelante, hace falta más apoyo a las pymes por parte del gobierno, dándole sustanciales bonificaciones en la tasa de interés de los créditos para que esas empresas puedan producir más y alargarle los plazos de devolución de esos créditos, facilitando así el valor de una cuota más económica, dado que se les da más plazo para pagar.
Las SGR's (sociedades de garantías recíprocas) y las entidades financieras deberían relajar un poco sus políticas de calificación crediticia. La contrapartida debería ser el subsidio por parte del gobierno nacional a este tipo de entidades que prestan.
Por ejemplo, si una empresa sale a descontar un cheque de pago diferido a una TNA del 120% anual, que lo pueda hacer al 60% y que el reintegro del gobierno vaya directamente al banco. Con mayor producción, se genera más oferta y menos demanda de dinero. Eso tiende a equilibrar la macroeconomía y a empezar a controlar la inflación.
Conclusiones
Cuantas más medidas de restricción del uso del efectivo se impongan y mayor bancarización de la economía (con menos presión tributaria), más personas van a poder mover el dinero siempre dentro del sistema financiero. Y esto va a hacer que menos personas extraigan ese dinero del banco y vayan a comprar dólares en el mercado paralelo.
El objetivo central de la medida no debería ser un plan “dinero” sino más bien un plan “pagar mis cuentas”. Para eso se requiere un sistema financiero argentino en línea con el gobierno nacional para trabajar conjuntamente esa aplicación correcta de fondos y evitar presión sobre el dólar y la inflación.