Las últimas semanas nos dejaron bastante tela para cortar. Temas sobre la mesa, decisiones tomadas y otras por tomar. Argentina sigue sin dar respiro. En ese contexto, a mediados de mes, se reglamentó la aplicación del adelanto de Bienes Personales, que permite que los pagadores de impuestos puedan adelantar cinco años el pago del tributo, en base a los bienes declarados en la actualidad. 

Concretamente, la medida propone la posibilidad de adelantar el pago de Bienes Personales de 2023 a 2027 con una alícuota de 0,45% por año, lo que beneficia al pagador de impuestos, al quedar exento de presentar la declaración jurada hasta 2028 y al lograr estabilidad fiscal.

En el caso de quienes no ingresen al proceso de regularización de activos, van a pagar 5 años por los bienes incluidos en la declaración jurada de 2023. Quien por el contrario ingrese al blanqueo, va a pagar la alícuota correspondiente al mismo para el año 2023 y luego pagará 4 años por los bienes blanqueados.

¿Suena bien? Sí. Pero en Argentina nada es lo que parece. Supongo que no sorprendo a nadie con esta afirmación. Así que, como tantas otras cosas, esta medida requiere un análisis un poco más profundo, que no tiene que ver únicamente con la posibilidad que tienen a partir de ahora los pagadores de impuestos, sino con el contexto en el que sucede esto. 

Por eso, quiero hacer dos puntualizaciones:

1. La medida en sí misma parece lógica y razonable. De hecho, constituye una buena noticia. En un país que funciona adecuadamente, que ofrece seguridad jurídica y estabilidad política, decirles a los pagadores de impuestos que “si pagan el aporte correspondiente a Bienes Personales en una única vez, resulta substancialmente más barato”, está buenísimo. 
   
   Claramente, el escenario de estabilidad política y seguridad jurídica no es el de Argentina, ¿verdad? Y así, doy lugar a mi segunda puntualización, que completa mi postura sobre la medida anunciada por el gobierno de Milei.
    
2. Las promesas, al igual que las amenazas, carecen de sentido en Argentina. ¿Por qué? En un país con la inseguridad jurídica de Argentina y con su track record, cualquier promesa no es más que palabras vacías. 

¿Quién puede garantizar en Argentina que, si el día de mañana gana la presidencia Máximo Kirchner o Axel Kicillof (por ejemplo), no aparezca un aporte extraordinario a quienes se beneficiaron de esta forma de pago de impuestos? No sería la primera vez. Por lo tanto, es razonable pensar que nadie en su sano juicio puede asegurar que esto no sucederá.

El tiempo dirá si esto en efecto va a ser así. Por el momento, me permito dudarlo. Argentina es uno de los países con mayor inseguridad jurídica del mundo y su carga impositiva solo crece, desde hace años. 

Lamentablemente, todavía no se puede creer en Argentina como país. Ojalá esto cambie en algunos años, es lo que más deseo, pero para eso hay que poner foco en generar seguridad jurídica. En seis meses, la situación no cambia, y en cuatro años, tampoco. 

Como están las cosas, si me preguntan, tengo que decir que prefiero ser cauteloso. Aunque quiero hacerlo, sigo sin confiar en Argentina. Y es lo que le recomendaría a quienes me consultan por este tema. 

Sentado ello, y como siempre digo, un asesor no puede generalizar ni dar la misma respuesta a todos. Y, aún considerando la inseguridad jurídica tradicional argentina, puede haber situaciones en las cuales sea interesante explorar esta alternativa. La más clara es sin dudas la de aquel pagador de impuestos que anticipa un fuerte incremento de su patrimonio en el futuro cercano (venta de una empresa, ingreso de bienes al patrimonio por donación o herencia, etc.).

Una vez más, estructurar el patrimonio y asesorarse profesionalmente, es la mejor forma de afrontar las vicisitudes de un país que no da tregua, al menos por ahora.