Ante la inminencia del cierre de listas, el oficialismo se moviliza y numerosos posibles candidatos se anotan en la competencia. En el medio de un escenario económico difícil y con el ministro Massa de capa caída, el último “hit” kirchnerista es otro ministro: Wado de Pedro. Y como en términos de gestión es poco lo que este gobierno tiene para ofrecer (recordemos que hace pocos días se hizo un acto con tres ministros para inaugurar doce kilómetros de vía férrea), de Pedro ensaya ideas para la campaña. Como la nacionalización del litio.

“¡Qué vocación de colonia”, dijo Cristina Fernández de Kirchner en el acto del 25 de mayo cuando en su monólogo tocó la cuestión del litio. “Debemos tener una mirada estratégica para que vengan a explotarlo”, reclamó, al tiempo que su delfín de Pedro difundió un video vía Instagram en que afirmaba estar a favor de su nacionalización. De a poco parece ir naciendo, entonces, una nueva idea en el kirchnerismo. La idea subyacente es que el Estado necesita dinero que puede conseguirse a través de la exportación de este valioso metal, cada vez más utilizado en baterías eléctricas.

Pero la estatización del litio es una mala idea: ya existen hoy inversiones privadas que crean empleo, continúan expandiendo su capacidad productiva y contribuyen notablemente a las exportaciones de las provincias andinas que desaparecerían si se instituyera un ente que tomara el control de la actividad. En este sentido, estatizar una actividad implica dar marcha atrás con contratos ya firmados, lo cual dañaría la seguridad jurídica y hundiría aún más a un país que necesita inversiones desesperadamente pero que no las recibe, entre otras razones, justamente por su escasa credibilidad en el escenario internacional.

Esta posible intervención estatal, por cierto, se configura como la típica “ayuda” que daría alguien a otra persona luego de quebrarle las piernas. Hoy existen dos proyectos que producen litio: pero hay otros 36 en estado de exploración o construcción que avanzan con dificultad en un país donde las empresas deben lidiar no solamente con burocracias ineficaces sino también con condiciones financieras represivas que hacen, por ejemplo, que sea imposible calcular el retorno de una inversión al no poder estimarse el precio real del dólar.

Que otros países hayan nacionalizado el litio, como es el caso de México, Bolivia y recientemente Chile, no significa que sea una buena idea. De hecho, la medida en la cual otras naciones dificultan la inversión hace a la Argentina más atractiva para capitales que existen y tienen un interés demostrado en explotar el recurso, como ya ejemplifican los proyectos en marcha hoy. No tiene sentido clamar que el país se convierte en “colonia” de inversiones sobre las que puede decidir, que traen un dinero que el país no tiene y que dejan beneficios concretos a su paso.

Como si fuera poco, la nacionalización del litio es una idea inconstitucional: el artículo 124 de la Constitución dice que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, y no al Estado nacional. El Código de Minería, a su vez, incluye al litio dentro de los recursos que son propiedad de las provincias incluso aunque se concesionen. En el mejor de los casos, el Estado nacional podría tener una empresa que compita con cualquier otra en cada provincia, pero no adueñarse del recurso.

Sin embargo, que sea una mala idea estatizar el litio a nivel nacional tampoco significa que la actual provincialización sea buena. No hay ningún motivo para pensar que el control de un recurso por parte de una oficina subnacional es más eficiente que el de una oficina nacional: que La Rioja haya suspendido los permisos de exploración y las concesiones es tan grave como si lo hubiera hecho el Estado nacional. Además, así como es una oportunidad económica, el boom del litio también puede ser una amenaza política si se produce “la maldición de los recursos naturales”: en las provincias atrasadas, el litio podría profudizar dicho atraso, como ha ocurrido en diversas naciones y regiones “rentísticas” cuyos gobiernos de un momento a otro obtienen recursos inesperados que utilizan para perpetuarse en el poder.

Nacionalizar el litio no solamente no soluciona ningún problema actual, sino que empeorará el futuro de uno de los sectores con más potencial del país. Argentina necesita urgentemente previsibilidad para hacer negocios: más allá de los niveles de impuestos, que en el caso del litio quizás ni siquiera sean tan relevantes, tiene que ser posible invertir y obtener un retorno que no sea confiscado o eliminado de un día para otro porque sí. Si el kirchnerismo insiste en apropiarse de recursos que no le pertenecen, como ya ha pasado con otras tantas empresas y los ahorros jubilitarios de millones de personas, le hará más daño al país. Aún con el “beneficio” a corto plazo de utilizar capacidad instalada por el sector privado que ya no se repondrá, estatizar es comerse a la gallina de los huevos de oro. Para que el país tenga una chance, la nacionalización debe ser evitada.