“¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra”. 

Juan Bautista Alberdi, Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina.

De manera silenciosa pero persistente, se normaliza cada vez más en muchos hogares argentinos un fenómeno preocupante: la emigración. La existencia masiva de emigrados implica el fracaso de un país; en términos del grado de desintegración que evidencia, acaso la única situación comparable sea una guerra civil. Pese a todo, sin embargo, la emigración solo lentamente empieza a hacerse notar, además de que es casi completamente ignorada por el gobierno.

Nadie sabe, a ciencia cierta, cuántas personas están huyendo de la Argentina. Sabemos que, entre septiembre de 2020 y octubre de 2021, 50.000 personas declararon oficialmente que migraban, pero no sabemos cuántos no lo hicieron de entre aquellos que de todas maneras lo hacían. Sabemos también, por ejemplo, que Uruguay nunca recibió tantas solicitudes de cambio de residencia por parte de argentinos como en 2021. Sabemos incluso que el número de argentinos que han pedido un “certificado de no naturalización”, necesario en algunos casos para conseguir la ciudadanía de otros países y, presumiblemente, emigrar, alcanzó un récord histórico el año pasado. 

Puede que el fenómeno emigratorio se haya circunscrito a círculos sociales particulares en un principio, como ocurrió en su momento en el caso de Venezuela, pero tanto la evidencia general como la anecdótica apuntan hacia el mismo resultado: demasiada gente se va o se quiere ir de la Argentina. Cada vez más de nosotros conocemos a alguien que piensa en irse si no está ya haciendo algo para lograrlo; cualquiera que visite un aeropuerto verá, en cantidades no vistas antes, a familias enteras que se van hasta con sus perros; en el lenguaje cotidiano, la palabra “Ezeiza” se ha convertido en una respuesta automática frente a las dificultades que presenta el país y ha adquirido un significado equivalente al de salir de una cárcel.

El motivo por el cual tanta gente busca huir del país es claro: los argentinos perciben que no podrán llevar a cabo el proyecto de vida que desean en Argentina. Y quizás con la excepción de la delincuencia, los testimonios que escuchamos a diario sobre las causas de esta percepción invariablemente refieren a la economía y a las reglas del juego para su funcionamiento: nos lamentamos por los bajos salarios, los altos impuestos, la imposibilidad de acceder al crédito, las trabas que existen para abrir, mantener y hasta cerrar negocios, y otros problemas.

Al mismo tiempo, cualquiera que analice lo que efectivamente está ocurriendo con los que emigran verá una postal que, aunque triste por su origen, es alentadora: muchos migrantes, y sobre todo muchas empresas argentinas, triunfan en el exterior. Prolifera el número de gerentes que exitosamente se trasladan fuera del país y en general el de profesionales que, aún con las dificultades propias de la migración, encuentran previsibilidad en el exterior. Las empresas mismas, incluso aquellas que mantienen una presencia en Argentina, también tienen éxito: no por nada el país tenía el año pasado más de una decena de “unicornios”, o empresas valuadas en más de mil millones de dólares.

En efecto, las empresas argentinas se han mostrado capaces de exportar sus modelos de negocio pese a las trabas que el país impone para su propio desarrollo: el éxito de Mercado Libre, Despegar, Globant o Ualá, por nombrar solo a algunas, es insoslayable. ¿Pero cuánto más podrían estas empresas contribuir al crecimiento local si el ambiente de negocios fuera más propicio para llevarlos a cabo en el país? ¿Cuántas personas que llevan a cabo emprendimientos en el exterior desearían hacerlo en Argentina? ¿Cuántas empresas que no se han creado en el país por su hostilidad no estamos viendo?

Las personas y las empresas necesitan cambios urgentes en las reglas del juego que sean estables en el tiempo, y el objetivo de esos cambios es uno solo: dejar a los argentinos en paz. Debido a los cambios que impulsó el kirchnerismo, hoy se necesitan más tiempo y más recursos para establecer una empresa que los que se necesitaban tres o cuatro años atrás. Con la excusa de la pandemia y la aprobación de aportes manifiestamente confiscatorios como “el impuesto a la riqueza” o a la “renta inesperada”, las empresas pagan aún más impuestos que antes. Pero también las personas que logran acumular algo de capital sufren: los tres aumentos efectivos del impuesto a los bienes personales que lleva el gobierno de Alberto Fernández así lo atestiguan, pero también los casos de personas que reciben un aumento de sueldo y al final del día cobran menos por culpa del mal diseño del impuesto a las ganancias. Se podrían enumerar miles de injusticias de los actuales regímenes impositivos y laborales que llevan, en última instancia, a que las personas y las empresas busquen generar riqueza en otro lado. Todo esto debe cambiar.

Los incentivos tienen que ser modificados para que sea atractivo hacer negocios en Argentina. El inicio de una compañía no debería requerir tediosos, inútiles y desactualizados trámites ante decenas de organismos. Nadie debería sufrir las dobles o hasta triple imposiciones de impuestos propias del caos fiscal imperante. Quien acceda a un trabajo no debería ser empujado a la informalidad para evitar que la mitad de su sueldo desaparezca en impuestos y cargas sociales.

Tarde o temprano, el deseo nacionalista de que a la Argentina le vaya bien requerirá, paradójicamente, el abandono de la que ha sido hasta ahora la doctrina nacionalista de permanente intervención estatal en la economía. Así como, según la leyenda, Diógenes le pedía a Alejandro Magno que se hiciera a un costado para que no le tapara el sol, los contribuyentes le están pidiendo desesperadamente al Estado que se corra del medio. Si no lo hace, la sangría continuará.